Alto Comisionado de ONU urge perfil correcto en Comisión Estatal de Búsqueda

El coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, llamó a elegir un perfil idóneo para la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y advirtió que se trata de una de las decisiones más relevantes que tomará el gobierno de la gobernadora Rocío Nahle.

“Apelamos a que la próxima designación que se debe realizar en el estado de Veracruz (…) se garantice no solamente la participación de las familias, sino también un proceso que culmine con la designación de un perfil idóneo”, afirmó.

Sostuvo que el perfil debe cumplir no sólo con capacidades técnicas y administrativas, sino también con integridad y sensibilidad. “Que sean personas honestas, íntegras, sensibles, que sean capaces de liderar equipos y de trabajar de la mano de las familias”, dijo.



Cabe recordar que el proceso de renovación inició el 28 de marzo y el plazo para el registro de aspirantes concluyó el 11 de abril. Las comparecencias de aspirantes se llevarán a cabo hasta el 30 de mayo, y el informe final del Congreso local se entregará el 20 de junio. A partir de esa fecha, la Gobernadora podrá definir a la nueva persona titular.

García Campos indicó que la Oficina del Alto Comisionado dará seguimiento puntual al procedimiento. “Seguiremos dando continuidad a este proceso tan relevante, probablemente una de las designaciones más importantes que se tiene por parte de la gubernatura en los próximos días o semanas”, dijo.

Dan 10 recomendaciones



Durante su intervención en el foro “Retos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado de Veracruz”, García Campos señaló que el problema de desaparición en el país requiere un enfoque integral. “La desaparición de personas como toda obra humana es capaz también de ser revertida, de ser eliminada”, sostuvo en el evento que contó con la presencia de integrantes de colectivos de desaparecidos.

Afirmó que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en número de personas desaparecidas y el primero en identificación de fosas clandestinas. “Más de 7 mil personas están oficialmente reconocidas como desaparecidas en el Estado”, detalló.

García Campos presentó una agenda de diez puntos para atender la crisis. En primer lugar, pidió asegurar el derecho a la participación de las familias. “Sin la exigencia constante de las familias, lo poco que hoy existe en México en materia de búsqueda no sería posible”.



El segundo punto fue la protección de las personas buscadoras. “Buscar a una persona desaparecida es una responsabilidad del Estado. No deben enfrentar riesgos, amenazas ni ver comprometida su libertad o su vida”.

Como tercer eje, planteó el fortalecimiento institucional. “Existen 33 comisiones de búsqueda en el país, pero sus capacidades siguen siendo deficientes”, dijo. En ese marco, reiteró la necesidad de recursos suficientes y de personal capacitado y comprometido.

En cuarto lugar, insistió en la investigación y sanción a los responsables. “Es inconcebible que, frente a más de 130 mil personas desaparecidas en México, existan menos de 40 sentencias”. Añadió que también deben rendir cuentas “quienes han incumplido sus obligaciones de investigar”.



El quinto punto fue la coordinación entre instituciones. “En muchas ocasiones, al interior de las propias fiscalías no se habla entre áreas”, expuso. Propuso una coordinación sistémica, tanto interinstitucional como dentro de las mismas dependencias.

También planteó la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de prevención. “La desaparición de personas sigue ocurriendo. No hay partido político que pueda evadir su responsabilidad; se requiere un acuerdo de Estado”, indicó.

El séptimo eje fue el compromiso del Poder Judicial. Llamó a quienes aspiran a cargos judiciales en el actual proceso electoral a asumir una agenda pública sobre desapariciones. “No hay institución que sobre”, sentenció.



Respecto al octavo punto, sostuvo que el país aún no ha implementado plenamente herramientas previstas en la ley como el Banco Nacional de Datos Forenses o el Programa Nacional de Búsqueda. “Es inconcebible que México aún no cuente con un banco nacional de datos forenses”, dijo.

En noveno lugar, propuso retomar la agenda por la verdad y la memoria histórica sobre violaciones graves a derechos humanos entre 1965 y 1990. “El 98 por ciento de las desapariciones en México ocurrieron a partir de 2006, pero reconocer a las pioneras del movimiento es esencial para no repetir la historia”. El último punto fue la implementación de recomendaciones de organismos internacionales. “México es el país con más acciones urgentes dictadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada”, recordó.

Agregó que el primer caso llevado ante ese Comité provino de Veracruz y que la Suprema Corte ha establecido que esas acciones son obligatorias para todas las autoridades. “Refrendamos el compromiso de acompañar a las autoridades, universidades, centros de enseñanza y, sobre todo, a las madres buscadoras”, concluyó García Campos. “¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles”.