Amnistía Internacional alerta sobre represión policial en Veracruz

Amnistía Internacional alertó sobre prácticas de represión policial y discursos oficiales para deslegitimar la protesta social en Veracruz, al incluir a la entidad entre al menos 14 estados del país donde documentó uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes durante movilizaciones recientes.

La organización sostuvo que en México persiste un patrón que vulnera la libertad de reunión pacífica y llamó al Estado a cumplir con estándares internacionales.

“El Estado mexicano debe aplicar directrices del derecho internacional para respetar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, expuso, al señalar que en los últimos años y particularmente en los meses recientes se han registrado prácticas represivas por parte de cuerpos policiales.



De acuerdo con el informe, junto con Veracruz se documentaron casos en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán. La organización indicó que la violencia estatal no es aleatoria y que se dirige de manera recurrente contra personas racializadas, comunidades indígenas y mujeres.

Amnistía Internacional advirtió que, además del uso de la fuerza, algunas autoridades mantienen un discurso para deslegitimar las causas de las movilizaciones. “Y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan”, señaló la organización.

En el contexto de las marchas del 8 de marzo de 2025, el reporte consignó al menos 16 detenciones arbitrarias y el uso de gas lacrimógeno en Yucatán, Ciudad de México y Chihuahua, mientras que en Hidalgo se documentaron golpes y la aplicación de la táctica de encapsulamiento contra manifestantes.



El informe también refirió episodios ocurridos en Puebla, donde en agosto cuatro mujeres que protestaban por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fueron golpeadas y retenidas por seis horas, y en septiembre 400 agentes detuvieron con fuerza desmedida a 105 estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán.

En Chiapas, señaló que el 7 de octubre la policía de Tuxtla Gutiérrez agredió a siete integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia cuando exigían justicia frente a la Fiscalía estatal. En el Estado de México y en la Ciudad de México, añadió, se reportaron agresiones durante la conmemoración del 2 de octubre y uso excesivo de la fuerza en protestas del 15 de noviembre en la capital del país.

La organización refirió además que Artículo 19 documentó agresiones contra periodistas en Michoacán tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a inicios de noviembre, en un contexto de cobertura de hechos violentos.



Amnistía Internacional advirtió que el Estado mexicano utiliza códigos penales como herramientas de castigo, mediante la aplicación ambigua de delitos como obstrucción a las vías públicas, oposición a la obra pública, motín e incluso secuestro, con lo que se criminaliza a personas activistas. “El ejercicio de la libertad de reunión no debe tratarse como un delito penal bajo ninguna circunstancia”, subrayó.

La organización señaló que desde tribunas públicas se mantiene un discurso que califica las manifestaciones como violentas, lo que genera un ambiente hostil, deslegitima el activismo y facilita nuevas agresiones por parte de autoridades o particulares.

Para cumplir con estándares internacionales, planteó la necesidad de eliminar leyes ambiguas utilizadas para criminalizar la protesta, capacitar a los cuerpos policiales en derechos humanos y mediación para erradicar tácticas como el encapsulamiento, y garantizar que el uso de la fuerza sea excepcional y se rija por los principios de legalidad y proporcionalidad.



Finalmente, Amnistía Internacional instó al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, incluido el de Veracruz, a revisar la Ley de Uso de la Fuerza y a crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil, para que el derecho a disentir no sea motivo de persecución en el país.