Anomalías con facturas causaron diferentes resultados en nueva Cuenta Pública 2018

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFS, Delia González Cobos, reconoció que las discrepancias entre los resultados del primer informe de la Cuenta Pública 2018 y la nueva valoración, se debió a que proveedores cancelaron con posterioridad algunas facturas, en otros casos no hubo documentación de validación ni permisos para obra pública e influyeron los criterios para determinar si había daño patrimonial y hubo entrega de documentación que ya no se pudo revisar.

Aunado a ello, en el Congreso del Estado, los diputados de la Comisión de Vigilancia recibieron documentación que acreditó observaciones que en su momento había señalado el ORFIS.

Además, alguna de la documentación que solventaban observaciones a entes fiscalizables no llegó a tiempo.

“Hubo entes fiscalizables que pretendieron entregar información una semana antes de iniciar los trabajos de revisión, es imposible que recibiéramos un solo documento mientras inició el periodo en que estuvimos revisando, no podíamos recibir nada; eso es algo que tenemos que modificar, no podemos estar postergando y postergando el cumplimiento de la ley”.

Incluso, dijo que hubo quienes entregaron información “al cuarto para el ratito”, cuando ya se estaba a punto de imprimir los informes de resultados, por lo que era obvio que habría incidencias.

Por ello, con la nueva valoración ordenada por el pleno de la actual Legislatura, hay entes fiscalizables a los que se les incrementó el presunto daño patrimonial; otros que no tenían observaciones, resultaron con probable quebranto financiero; en otros más se confirmó el daño y algunos que tenían observaciones pudieron solventar.

Expuso que por la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018, los entes fiscalizables tuvieron un mayor tiempo, en comparación con la revisión de ejercicios fiscales anteriores, para conseguir la documentación que en su momento no presentaron y para concluir obras.

Respecto a la cancelación de facturas, descartó que sea documentación apócrifa, pues eran facturas que en su momento fueron validadas y cumplían con los requisitos, pero al siguiente mes se cancelaron.

“No estoy diciendo que sean facturas falsas. Un proveedor podría haber cancelado una factura por alguna razón, y al no haber comprobación de gastos, pues es daño patrimonial”.

Expuso que lo entes fiscalizables que se consideren afectados por los resultados están en su derecho de recurrir a los Tribunales, sin embargo, afirmó que la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 se hizo con apego a la legalidad y por mandato del Congreso del Estado.

Añadió que no es una doble fiscalización y no se trata de una inconstitucionalidad porque la referida cuenta hasta este momento no ha sido aprobada por la Legislatura.

Por ello, insistió que no es una nueva auditoría, sino una nueva revisión a una Cuenta Pública cuyo proceso de fiscalización sigue en píe.

“Actuamos siempre con apego a la Ley y el Congreso nos dio una instrucción que acatamos estrictamente”.

Asimismo, dijo que no se detectó dolo en la elaboración del primer informa para afectar o dañar a ex servidores públicos.

“Eso no lo observamos, no lo hemos detectado en ningún momento. Más bien, yo creo que lo que ocurrió en esas discrepancias entre la primera revisión y la segunda, es que la documentación que solventaban no llegó a tiempo”.