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Sección: Estado de Veracruz

Anuncian programa de pensiones para casi 9 mil extrabajadores de LyFC

- Plantean compensación mensual que va de los $3,200 a un máximo de $67,000

- Se trata de un acto de “elemental justicia”: Director del INDEP

El Universal Ciudad de México 10/02/2022

alcalorpolitico.com


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Al considerar que se trata de un acto de “elemental justicia”, Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anunció un programa de pensión para casi 9 mil extrabajadores de la Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa extinta en el sexenio de Felipe Calderón.

En conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, el funcionario federal indicó que los requisitos para adherirse a este programa son haber laborado por un mínimo de 19 años seis meses y un día en LyFC, desistirse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios en contra de la extinta empresa, del INDEP y de la Secretaría de Energía (SENER).

Indicó que la compensación mensual va de un mínimo de 3 mil 200 pesos a un máximo de 67 mil pesos y el promedio es de 12 mil 500 pesos.



“El Gobierno de la República considera de elemental justicia establecer este Programa Especial de Compensación por Justicia Social a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que responde a una legítima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos extrabajadores que, al 11 de octubre de 2009 tenían por lo menos 19 años, 6 meses y un día de tiempo de servicio.

Los trabajadores que cubran los requisitos deben entregar la solicitud correspondiente con la documentación requerida, la cual estará disponible en el portal de Internet del INDEP en www.gob.mx/indep/es.

En Palacio Nacional, Ernesto Prieto detalló que el presupuesto para este programa para el primer año es de mil 458.6 millones de pesos y detalló que los beneficios del programa es que 8 mil 892 familias se beneficiarán con un ingreso permanente, se liberarán 2 mil 118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5 mil 892 millones de pesos.



“Se resuelve una legítima demanda social originada por una decisión arbitraria del Estado en agravio de miles de trabajadores afectados”, concluyó.