Aprueban diputados endurecer acciones contra extorsión en Veracruz

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la armonización del delito de extorsión con la Ley General federal, lo que obliga al Ejecutivo Estatal a implementar una estrategia para combatir este ilícito y adoptar acciones específicas de prevención, además de crear una Unidad Especializada en la Fiscalía para investigarlo.

Con 39 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, quedó avalado el dictamen que reforma el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para armonizar el delito de extorsión con la reciente Ley General en la materia expedida por el Congreso de la Unión.

El dictamen deriva de la iniciativa presentada el 8 de diciembre de 2025 por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Naomi Edith Gómez Santos, en cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a las legislaturas locales a adecuar su marco jurídico en un plazo de 180 días y a las fiscalías a crear unidades especializadas. El dictamen deroga el capítulo de extorsión del Código Penal local y sus artículos 176 Bis, 176 Ter y 176 Quáter, y remitir el tratamiento del delito al artículo 42 del propio código, que se modifica para reconocer la extorsión como ilícito previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal.



Las comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Procuración de Justicia expusieron que la extorsión dejó de ser una conducta patrimonial aislada para consolidarse como un fenómeno vinculado a la delincuencia organizada, con modalidades como el llamado cobro de piso, la extorsión telefónica y los esquemas de endeudamiento conocidos como montadeudas.

En materia administrativa, el dictamen modifica el artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para incorporar entre las facultades del área de Seguridad Interior la obligación de adoptar acciones específicas para priorizar la prevención de la extorsión, capacitar al personal en ese delito y diseñar una estrategia estatal alineada con la Estrategia Nacional, tomando en cuenta el contexto social y territorial de Veracruz.

En el ámbito de procuración de justicia, se adiciona a la Ley Orgánica de la FGE la creación de la Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión, que dependerá directamente de la persona titular de la FGE y tendrá a su cargo la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos que constituyan este delito, conforme a la Ley General, la legislación local y demás disposiciones aplicables. El dictamen precisa que esta Unidad estará integrada por ministerios públicos, policías, analistas y personal pericial capacitado, evaluado y certificado en materia de extorsión, de acuerdo con los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que trabajará con apoyo de las áreas de análisis, inteligencia y servicios periciales de la FGE, así como en coordinación con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.



Las comisiones subrayaron que el impacto de la reforma no se limita a la derogación del tipo penal local, sino que requiere una reingeniería institucional para aplicar las técnicas especiales de investigación previstas en la Ley General, como la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, lo que exige personal especializado y certeza sobre las competencias entre autoridades locales y federales. En los artículos transitorios, se prevé que las disposiciones anteriores sobre extorsión seguirán aplicándose a los hechos cometidos durante su vigencia y que los procedimientos penales iniciados con base en ese régimen se tramitarán hasta su conclusión con la normativa previa, salvo los casos en que resulte aplicable la revisión de penas en beneficio de las personas procesadas o sentenciadas.

En materia presupuestal, las comisiones ajustaron el régimen transitorio para establecer que las erogaciones derivadas de la implementación del decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado de los sujetos obligados, sin incrementar su gasto regularizable ni autorizar recursos adicionales para el ejercicio fiscal en curso, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Mientras se formaliza la creación de la nueva Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión, el dictamen ordena que la FGE atienda este delito a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a fin de no interrumpir la persecución de estos casos durante el periodo de transición institucional. Finalmente, se fija un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto, para que tanto el Ejecutivo del Estado como la FGE realicen las adecuaciones reglamentarias necesarias, y se derogan todas las disposiciones que se opongan al nuevo esquema de armonización del delito de extorsión en Veracruz.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, afirmó que el dictamen demuestra que “cuando se quieran hacer las cosas bien, cuando realmente se piensa en el pueblo y no en intereses ajenos, los resultados se pueden consolidar”. Sostuvo que la extorsión “roba paz” y planteó que la armonización permitirá “cerrar el paso a quienes viven del crimen”. Indicó que su bancada respaldará el proyecto y advirtió que vigilarán su ejecución: “Movimiento Ciudadano estará vigilante de que así sea”.



La diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, señaló que la extorsión pasó de ser “un simple ilícito patrimonial para convertirse en una industria delictiva”. Señaló que el decreto federal del 9 de octubre facultó al Congreso de la Unión para legislar de manera exclusiva en la materia, lo que obligó a los estados a armonizar sus normas.

La diputada Monserrat Ortega Ruiz, del grupo legislativo Veracruz, sostuvo que Veracruz es “el tercer estado con más casos en todo México”. Afirmó que la reforma es necesaria, pero advirtió que el presupuesto estatal para prevención “apenas va a recibir el 0.47 por ciento” en 2026, y que la falta de recursos compromete la estrategia. Indicó que la extorsión se incrementó “40.1 por ciento entre el 2020 y el 2025” y que el Estado pierde “12 mil millones de pesos anuales por este tipo de delitos”. Su bancada anunció un voto a favor, aunque consideró que “armonizar no basta”.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, afirmó que el dictamen es “histórico por la profundidad de la transformación”. Explicó que la reforma federal permitió “acabar con la impunidad derivada de la fragmentación legal” y que la nueva ley general contempla “penas más severas y modalidades modernas” que la norma estatal no cubría.



La diputada de MORENA, Dorheny García Cayetano, indicó que la armonización “representa un paso decisivo” y que responde al mandato federal para unificar criterios. Explicó que se deroga el delito estatal, pero que “el artículo derogado seguirá vigente para los delitos cometidos bajo su ámbito temporal”, lo que garantiza que los casos en curso continúen. Destacó que la nueva unidad especializada operará inicialmente con apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Señaló que la reforma “fortalece nuestras instituciones para erradicar la impunidad” y anunció que su bancada votará a favor.

Durante el registro para la discusión general también participaron los diputados Héctor Yunes Landa, Ana Rosa Valdés y Luis Vicente Aguilar, quienes se inscribieron para hablar a favor del dictamen. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó la premura e incumplimiento del reglamento para su aprobación.