Asociaciones presentaron a INMUJERES solicitud de Alerta de Violencia de Género

Asociaciones ciudadanas presentaron este martes ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) una solicitud de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado aplicable para el estado de Veracruz, debido al actual marco jurídico discriminatorio contra las mujeres.

En rueda de prensa, los activistas Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, del Observatorio Nacional del Feminicidio y Araceli González, del Colectivo Equifonía, dieron a conocer que dicha petición se envió este martes 5 de abril, con el fundamento de que la actual legislación atenta contra el derecho a decidir de las veracruzanas, y a la vez no incluye todas las causales legales para la interrupción del embarazo, tal y como lo abordan en las leyes de distintas entidades.

Dicha petición se someterá al análisis del Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de las Mujeres; así como dos académicas expertas en la materia de salud y en el derecho.



"Queremos explicar que existe una aplicación desigual de la ley en el Estado, lo que lesiona los derechos de las mujeres. Pues a pesar de que existe un marco legal que garantiza a las mujeres el acceso a servicios especializados de salud, según se ha documentado que las autoridades del Estado, en particular las de la Secretaría de Salud y de procuración de justicia, no conocen el marco normativo, no están capacitadas y por prejuicios no garantizan a las mujeres el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo", sustentó Rodolfo Manuel Domínguez Márquez.

Y reiteró la acusación de que el actual Código Penal no prevé la interrupción del embarazo, por causa del libre derecho a decidir de las mujeres.

A nombre de las asociaciones, Rodolfo Domínguez argumentó la solicitud de alerta de género a partir de tres agravios:



Primero, la falta de acceso de servicios de salud, es decir, los servicios de interrupción del embarazo son inaccesibles para las mujeres, lo cual implica un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades y su futuro.

El segundo punto de esta petición se sustenta en que la actual tipificación del aborto genera una situación de discriminación jurídica y criminaliza a las mujeres, pues limitan su derecho a la interrupción de un embarazo.

El tercer agravio es contra la reforma constitucional para adicionar el artículo 4 de la Constitución, que busca proteger la vida desde su concepción, presentada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa ante el Congreso el pasado 21 de enero.



"La protección absoluta no es un derecho posible si ello implica la negación del ejercicio del otro. La aprobación de esta reforma contribuiría a promover un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de los servicios de salud, procuración de justicia y entre las mujeres, sobre la legalidad el aborto en los supuestos establecidos en la ley", agregó.

El documento incluye la solicitud de declaración de alerta por violencia de género por agravio comparado, la implementación de la Ley General de Víctimas para atención a víctimas de violencia sexual, la NOM 046, a fin de garantizar el acceso a los servicios especializados de salud.

Asimismo, armonizar el marco jurídico relativo al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir el embarazo.



En este punto exigen que se tome como referente la legislación más avanzada y se incluyan al menos 8 de los supuestos de interrupción legal del embarazo que se contemplan a nivel nacional. Y que se incluyan a las ya existentes las causales por casos de salud física y emocional, situación económica y voluntad de las mujeres hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo como requisito para acceder a los servicios de aborto por violación.