Aunque violencia sigue, dejan a Veracruz sin dinero contra feminicidios

Autoridades del Gobierno del Estado optaron por callar ante los “ajustes” al presupuesto realizados por la Federación por los que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) canceló 7 millones 24 mil pesos que se invertirían en 5 proyectos contra la violencia de género en Veracruz.

Este 2020, el dinero sería destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para una acción que beneficiaría al Ayuntamiento de Martínez de la Torre por 920 mil pesos y a la Fiscalía General del Estado en otros 2 proyectos en los que se invertirían 2 millones 320 mil pesos y un millón 392 mil pesos.

Además, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) recibiría un millón 392 mil pesos para otra acción contra la violencia hacia las mujeres y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) un millón de pesos para un proyecto que involucraba al Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX).



Hasta el momento, ninguna de las instancias veracruzanas afectadas por el recorte ha emitido un posicionamiento o informado sobre estos ajustes, los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Estado se mantiene con 2 Alertas de Violencia de Género (AVGM) en el país, una por agravio comparado por no legislar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la segunda por violencia feminicida.

A la fecha, la entidad veracruzana es la segunda con más feminicidios registrados en lo que va de 2020, con 35 delitos.



En este rubro, Veracruz sólo está detrás del Estado de México con 47 delitos pero supera a Nuevo León, que suma 30; Ciudad de México, con 29; Puebla, con 28 y Jalisco, con 22. A todas estas entidades se les canceló el presupuesto federal para sus AVGM.

De acuerdo con medios como Animal Político, que citan un oficio de “ajuste presupuestal” total por 37 millones 583 mil 192 pesos en el país, los recortes también abarcan, aunque no en su totalidad, a Quintana Roo y a Tlaxcala.

El documento se dirigió a los Gobernadores y fue firmado por Candelaria Ochoa el 29 de junio, un día antes de que dejara el cargo como titular de la CONAVIM. La Comisión ya había sido notificada, desde el pasado 4 de junio, de que la Secretaría de Gobernación aprobó los ajustes.



A Veracruz le recortaron el monto más alto de los recursos que fueron anulados para las 10 entidades mencionadas, seguido de Puebla, entidad a la que le retiraron 6.75 millones de pesos que se destinarían en 2 acciones y Jalisco, con 5.8 millones de pesos a invertir en 3 acciones.

En el caso de la acción “M3” que se realizaría por la SSP y el Gobierno de Martínez de la Torre, estaba relacionada con la creación o fortalecimiento de cuerpos policiacos especializados para la atención de mujeres que sufren violencia, así como células especializadas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.

El objetivo era generar mayor respuesta y solución de los cuerpos policiacos en la atención a los casos de violencia; mayor confianza de la población hacia el cuerpo policiaco; informes de la actuación policial de género en la cobertura territorial señalada en el proyecto y menor número de denuncias de abuso de poder o actuación indebida por parte de cuerpos policiacos.



Por su parte, la Fiscalía, la CEEAIV y el IVM trabajarían en 3 proyectos “M5” para la conformación de equipos de profesionales del derecho, la psicología y otros auxiliares de la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, “que acompañen, representen y atiendan casos de mujeres que viven o han vivido violencia”.

Se esperaba como resultado de estas acciones un registro de casos de violencia contra las mujeres; un directorio de instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia; información que se sume al diagnóstico de violencia contra las mujeres en la zona geográfica definida.

Además, por parte de estos 3 entes se esperaban propuestas por parte del equipo de profesionistas para la mejora de la atención de violencia contra las mujeres por parte de las instituciones y recomendaciones para la generación de políticas públicas que la prevengan y erradiquen.



Finalmente, la Fiscalía de Veracruz también se haría cargo de un proyecto “M4” para el desarrollo e implementación de una metodología para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como femicidios u homicidios dolosos.

Se esperaba como resultado un diagnóstico derivado de la revisión de expedientes; lineamientos para la investigación y acusación de delitos relacionados con violencia de género y recomendaciones con el fin de reducir las deficiencias en el proceso de investigación.