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Universidad Anahuac

Seccin: Estado de Veracruz

Busca IVM fortalecer enfoque de perspectiva de género en la administración estatal

- Diagnóstico señala que no se incorpora este enfoque como un principio de planeación de desarrollo
- Cuenta Pública no detalla avances hacia igualdad entre mujeres y hombres en el Estado

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 06/12/2019

alcalorpolitico.com

Los instrumentos de planeación de la administración pública estatal no incorporan la Perspectiva de Género como un principio de la planeación de desarrollo de la entidad federativa.
 
Mientras que la Ley de Planeación del Estado no incorpora la Perspectiva de Género como un eje rector; además de que sólo publica información básica sobre la asignación de los recursos que no permite comprender cómo ha avanzado la transversalización del enfoque de género en la asignación y ejercicio del gasto público.
 
Lo anterior es parte del diagnóstico del Instituto Veracruzano de la Mujer para elaborar su Programa Institucional 2019/2024, en donde se establece que el Presupuesto de Egresos del Estado ubica de qué forma los recursos públicos se están asignando a acciones que permitan transversalizar el enfoque de género, desagrega la información en diferentes clasificaciones que permiten saber de forma general quién gasta, para qué y en qué; y ofrece indicadores que dan cuenta sobre la eficiencia y el impacto que tiene cada uno de los programas a los que se destinan los recursos.
 
Sin embargo, no se acompaña de un anexo transversal de género y tampoco ofrece una narrativa que describa cómo se ha avanzado hacia la igualdad entre mujeres y hombres o que este esfuerzo sea una prioridad en el gasto público, además de que no cuenta con indicadores que muestren el impacto del gasto etiquetado para mujeres.
 
Por ello, el IVM, que preside María del Rocío Villafuerte Martínez, como encargada del despacho, propone que las líneas de trabajo que se deben de seguir para fortalecer la institucionalización de la Perspectiva de Género en el Estado, dentro de la normatividad, así como en los procedimientos, diseño, planeación y ejecución de política públicas son:
 
Incorporar la Perspectiva de Género en la Ley de Planeación como un principio rector de la planeación del desarrollo; y modificar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para destinar recursos que permitan asegurar la operación de refugios especializados, así como establecer claramente las atribuciones de los poderes Legislativo y Judicial en la materia.
 
Actualizar el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para incluir información sobre su vinculación con los objetivos de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; incluir en el Decreto de Presupuesto y en la Cuenta Pública un anexo transversal que detalle los programas específicos que cuentan con asignaciones para la igualdad de género; e incluir en la Cuenta Pública información que combine diferentes clasificaciones de gasto para conocer con mayor detalle quién gasta los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, a través de cuáles programas y específicamente en qué se gastan.
 
Respecto a la Cuenta Pública de Veracruz, ofrece información muy general sobre los criterios con que se ejercieron los recursos públicos, incluyen indicadores que dan cuenta sobre el avance de las metas y objetivos de los programas presupuestarios, pero no se presenta el ejercicio del gasto público en todas las clasificaciones ni combinaciones de éstas.
 
Tampoco se acompaña de un anexo transversal de género. Sí es posible identificar información básica sobre el gasto etiquetado para mujeres, pero no existe una narrativa que explique cómo se avanzó en este tema ni qué resultados se obtuvieron.
 
Se reconoce que Veracruz, al igual que otras entidades en el país, enfrenta grandes retos y desafíos para reducir los indicadores de la desigualdad, la inseguridad y la violencia contra las mujeres, que son evidencias netas de la violencia estructural, pero cuenta con el firme compromiso del titular del Poder Ejecutivo y toda la estructura administrativa para materializar.
 
Por lo que el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas, en particular de las mujeres y las niñas veracruzanas, es una deuda histórica y social del estado mexicano.
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