Candil de la calle...

La necesidad de justificar el título de este escrito se explica porque se refiere al “qué” de nuestro comentario. Dicho título se origina en la aseveración de un académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el año 2007: “La división de poderes en Puebla es una ficción”. Con este aserto su autor sentía los tiempos de una transición democrática y creía que el estado de cosas podría cambiar, especialmente para el poder judicial.

Aquello que sucedía en la casa del vecino suscitó que quisiéramos escribir sobre el tema. Del dicho popular “Candil de la calle y oscuridad de su casa”, rescatamos uno de los significados de la voz candil: “Utensilio para alumbrar que consiste en un recipiente lleno de aceite, una mecha sumergida en él, que asoma por un pico, y un gancho para colgarlo”.

Esperamos que los sentimientos y creencias del académico poblano se hayan cumplido, pero ante el clamor y la indignación de abogados “prácticos” de Veracruz queremos decirles que no se equivocan, pues la práctica del derecho es más importante que su justificación teórica, pero también es necesario actuar como el ser humano descubridor de la realidad, esto es, aquel que conscientemente ilumina, alumbra, con la luz de su entendimiento las cosas, no sea que terminemos convertidos en oscuridad de nuestra casa.



Nuestra invitación a pensar. Esto es a pesar juntos, el pro y el contra del tema que agobia a las abogadas y a los abogados, pero sobre todo a los “justiciables”, impone abordar dos puntos, por lo menos:

1.- La titularidad del poder judicial; y,

2.- El sistema hibrido que debe prevalecer en su funcionamiento.



Iniciemos con las palabras de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez: “Esto significa que la titularidad del Poder Judicial recae en cada uno de los órganos jurisdiccionales que lo componen, a diferencia del Poder Ejecutivo cuya titularidad recae en un solo individuo (en los sistemas presidenciales) o del Legislativo, que subyace en una o varias cámaras integradas por un número determinado de sujetos.”

Posiblemente en Puebla consideraron que el titular del Poder Judicial es el presidente de su tribunal supremo, no lo sabemos. Pero, no nos cabe la menor duda de que en el imaginario colectivo de Veracruz sí está presente esa idea.

Sabido es que los órganos ejecutivos de la región latinoamericana tienen la tendencia a cercar a los integrantes del poder judicial. Para lo cual no requieren de un gran esfuerzo, pues la percepción que la gente del pueblo tiene de los jueces es que son poco calificados, con hábitos de obediencia al poder político, con tendencia a la corrupción o formar redes perversas con poca capacidad de asumir la justicia como un servicio público eficiente.



Nadie debe sorprenderse con esa percepción, ya que la ocupación de juez no contaba tradicionalmente con prestigio profesional. Era buscada por abogados que no veían una perspectiva clara de carrera como abogado privado o como abogado de un cuerpo especializado del Estado. Naturalmente mucho dependía del cargo judicial: los cargos de jueces municipales en pequeños poblados de provincia eran los menos deseados, mientras que ser juez en la corte suprema, o en un tribunal de apelación, comportaba considerable prestigio (Rogelio Pérez Perdomo).

Si se atiende a la peregrina idea de que el derecho es a la sociedad lo que las patas a las culebras, entonces se comulga con la hipótesis de que el poder judicial, sus órganos y su función, tampoco es algo necesario. Las escasas tareas que realiza, las pueden asumir ciudadanos comunes. De esta hipótesis a la pretensión de cerrar todos los tribunales no hay más que un paso.

La idea puede parecer descabellada y escandalosa, pero es materia para pensar. Es decir, resulta necesario compartirla con otros abogados y, sobre todo con los jueces. A estos últimos es menester recordarles que ellos son los titulares del Poder judicial, así sea el más pequeño de los tribunales o el de menor jerarquía. Los jueces son quienes deben actuar con independencia y hacer valer la autonomía del Poder Judicial (no ignoramos lo que significa la obligatoriedad de la jurisprudencia).



También necesitan rememorar que, en los últimos años, las cosas han cambiado. Los cambios políticos y económicos han producido una verdadera juridificación y judicialización de las sociedades latinoamericanas. La tendencia actual es que los conflictos económicos y políticos desemboquen en acciones judiciales y en una discusión sobre la legalidad. Esto no necesariamente implica que las decisiones judiciales resuelvan los conflictos, sino que constituyen ingredientes importantes que deben ser considerados (Héctor Fix Fierro).

Aquellos enterados del tema, aseveran que los profesionales del derecho tienen ahora la importancia social y política que los juristas de décadas anteriores temían estar perdiendo. Hay cambios muy significativos y los problemas se plantean de manera diferente. Lo que ahora se desea –afirma Pérez Perdomo- no es que el derecho sea instrumento de desarrollo sino fundamentalmente un proveedor de seguridad jurídica y garantía del respeto a los derechos humanos.

Respecto al sistema hibrido que debe prevalecer en el funcionamiento del órgano judicial no vamos a introducirnos en la filigrana de dicho sistema, pues no estamos autorizados para ello. Nuestras observaciones rayan en lo obvio, pero también van en el sentido de que son los jueces, titulares del Poder judicial, quienes deben tomar conciencia de la relevancia de su encargo.



No se puede olvidar la intervención de Julio Patiño Rodríguez, quien fuera Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en una reunión sobre la implementación del sistema de Justicia penal acusatorio y oral. El entonces Magistrado, sin que se le pueda citar literalmente, expresó que para introducir la tecnología nueva en la administración de justicia se necesitan tres cosas: “dinero, dinero y más dinero”. La crudeza lastimó a los asistentes, quizá el Magistrado debió destacar que vivimos en un país marginado del poder central, pero no lo hizo.

Lo cierto es que, las circunstancias actuales, exigen la introducción de la tecnología nueva en la medida de lo posible. “Es tan innegable y maravilloso este crecimiento de la tecnología, tan avasalladoramente ineludible en su uso diario, que, si llegara a faltarnos, la subsistencia material del hombre sobre la Tierra resultaría literalmente imposible. Lo cual quiere decir que si de una manera u otra, la técnica forma parte del destino del hombre, hoy se puede decir que el destino del hombre depende en gran parte de la técnica. (Guillermo Nicolás).

Las mismas circunstancias actuales, sin embargo, exigen aun la convergencia de la tecnología nueva con la forma tradicional de administrar justicia. No se puede suprimir de un plumazo dicha administración, que es vis a vis, cara a cara. Digamos las cosas sin rodeos, los juzgados municipales y de primera instancia, hoy en día adquieren una gran importancia, porque es allí en donde se puede administrar la Justicia como un servicio público presencial y, al mismo tiempo, cumplir con las medidas sanitarias que impone la pandemia.



Durante la pandemia covid-19, no se cerraron los mercados ni los supermercados, porque todos necesitamos comer. Que los titulares del Poder judicial ya no permitan que se cierren los tribunales, porque todos necesitamos comer en paz.

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