Catedráticos e investigadores exigen disolver la Junta de Gobierno de la UV

Al grito de "¡Fuera Martin!, "¡Queremos rector no dictador!", docentes, investigadores y alumnos de la Universidad Veracruzana, marcharon desde las instalaciones de la Junta de Gobierno y a la Plaza Lerdo, para exigir un rector interino, en lo que se define la legalidad o ilegalidad de la prórroga a Martin Aguilar como rector hasta 2029, designado por la junta de gobierno de la máxima casa de estudios en el Estado.

Al acusar intimidaciones y amenazas a quienes están en contra de la prórroga, señalaron que se ha generado una crisis institucional generada por la Junta de Gobierno, por lo que insistieron en la ilegalidad del proceso.

A la manifestación se unió un contingente de estudiantes, quienes, con el rostro cubierto y megáfono, acudieron a la Plaza Lerdo a mostrar su apoyo en contra de la prórroga.



Con el llamado enérgico a recuperar la vida universitaria y rechazar la imposición de una prórroga, la investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana (UV), Claudia Gigi, mencionó que la exigencia es la disolución de la actual Junta de Gobierno y la conformación de un órgano imparcial que designe a un rector o rectora interina, para convocar posteriormente a un proceso de elección conforme a la ley.

“¡No más miedo! ¡No más amenazas! ¡No más silenciamiento! ¡No más atropellos a la legalidad!”, expresó al cierre de su intervención, en la que advirtió que lo que ocurre actualmente es la mayor crisis en la historia de la UV, derivada de una aspiración ilegítima de Martín Aguilar por mantenerse en el cargo.

La académica sostuvo que la prórroga otorgada al rector es “producto de un proceso profundamente opaco, carente de ética y sin sustento jurídico”, impulsado por una Junta de Gobierno que, tras la renuncia de dos de sus integrantes, quedó disminuida y decidió violentar los procedimientos legales de designación rectoral. “Sin tener atribuciones para modificar la normatividad vigente, inventaron un procedimiento que no existe en la legislación universitaria”, subrayó.



Los inconformes acusaron que con “acarreados”, las autoridades universitarias pretendieron despojar a la comunidad de su derecho a analizar y contrastar lo realizado con otras propuestas para el futuro de la institución. “¿Por qué razón, si no es el miedo al escrutinio, una Administración decide evitar que los propios universitarios ejerzan libremente su criterio?”, cuestionaron.

En el mensaje, cuestionaron directamente: “¿Qué ha hecho Martín Aguilar para merecer otro periodo rectoral de cuatro años?”. Y se enumeró lo que consideran los principales retrocesos: “Ha entorpecido la vida académica burocratizando la Universidad como nunca antes, ha tomado decisiones caprichosas sin sustento y sin consulta a los órganos colegiados, desapareció un centro de investigación para crear otro sin fundamento académico, como pago de favores políticos, y ha desatendido reclamos históricos de las regiones universitarias”.

Al hacer uso de la voz, el académico de la Facultad de Derecho, Eduardo de la Torre Jaramillo, acusó omisiones, favoritismos y retrocesos en distintas regiones de la institución, durante la administración de Martín Aguilar.



De la Torre señaló que, en el caso del sistema abierto, quienes son contratados en el segundo o tercer bloque ya no reciben pago completo, situación que antes sí se cumplía y que, bajo la administración actual, se ha eliminado. “Cuando leo que el rector presume logros, yo veo otra realidad”, advirtió.

En este sentido, enumeró tres hechos que, a su juicio, evidencian el deterioro de la vida académica en la zona sur:

1.

En la región de Agua Dulce, “ya nació el porrismo del Bienestar”, donde alumnos ligados a MORENA son aprobados a pesar de reprobar materias.



2. Señaló que el actual alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, se encuentra como docente de la Facultad de Derecho y desde que MORENA llegó al poder, hace seis años, no da clases y envía a un adjunto en su lugar.

3. Criticó que en este año no se abrió la carrera de derecho en Agua Dulce porque no hubo alumnos, lo que consideró un signo del fracaso de la administración universitaria.

“El rectorado actual ha traído estos resultados. Hemos leído, hemos esperado y seguiremos esperando la parte jurídica, pero la pregunta es: ¿cuál es la estrategia a seguir? Podemos seguir marchando, pero la lucha debe continuar en el plano jurídico, en la Fiscalía”, sostuvo.



De igual modo, los catedráticos advirtieron que la actual administración ha permitido la “chatarrización” de equipos, instrumentos de trabajo y laboratorios, además de instaurar un clima de miedo: “Tenemos una Universidad dividida, en crisis de legalidad, con trabajadores amedrentados, estudiantes amenazados y profesores de asignatura sentenciados a perder sus cursos si se manifiestan en contra de la prórroga”.

Acusaron a Aguilar de recurrir a “viejas tácticas sucias” y prácticas clientelares para mantenerse en el poder. “Nuestra querida Universidad se merece mucho más. La Universidad no es de ellos, es nuestra, de los estudiantes, de los académicos, de los trabajadores y de la sociedad que la sostiene”.

Finalmente, aseguraron que quienes hoy alzan la voz no buscan beneficios personales ni responden a intereses partidistas: “No somos un grupo de derecha que quiere desestabilizar. Somos académicos de todas las orientaciones políticas, alarmados por el grave estado que atraviesa en estos momentos nuestra Universidad”, finalizaron.