CNDH exhibe, otra vez, a Fiscalía de Veracruz; ministeriales torturaron a mujer

Aunque la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, declaró ante medios de comunicación que el caso del asesinato de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar, estaba “apegado a Derecho”, este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación exhibiendo que la detenida por el crimen, July Raquel “N” fue víctima de tortura por parte de elementos ministeriales.

El crimen, perpetrado el 29 de junio de 2020, ha derivado en la detención de 3 personas, incluyendo a Alberto “N”, hermano de July, quien también acusa haber sido golpeado y quemado en sus genitales por ministeriales tras su detención.

La CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, determinó que July fue golpeada, sufrió amenazas y padeció agresiones sexuales en su traslado a Veracruz.

Los familiares de July y Alberto siempre han acusado una serie de irregularidades en el caso y afirman que al momento del crimen sus hijos se encontraban en la Ciudad de México, sin embargo, señalan que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han desestimado sistemáticamente pruebas contundentes de su probable inocencia.

Las recomendaciones de la CNDH van dirigidas al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, al comprobarse que elementos ministeriales torturaron a la mujer al ser detenida.

El órgano informó que la familia de los detenidos presentó la queja inicialmente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues entre otras cosas afirmaron que los videos que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como pruebas en contra de la acusada, no corresponden a la misma persona.

Por la gravedad del caso, la Comisión Nacional ejerció su facultad de atracción y emitió este jueves la recomendación 51VG/2022, donde acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidas contra July.

De acuerdo con documentos en poder de la Comisión, July “N “manifestó que el 6 de noviembre de 2020, mientras acudía a comprar pan en compañía de sus hijos, fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico “quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo”, relata la CNDH en un comunicado.

La investigación acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara que ella participó en la muerte de la Exrectora.

Se indica que la mujer aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.

“Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, señala la Comisión.

Igualmente se acreditó que tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo también vulneraron sus derechos fundamentales, “toda vez que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.

Ante tales confirmaciones, la CNDH ordenó a García Jiménez inscribir a July “N” en el Registro Estatal de Víctimas, así como evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño.

Se pidió igualmente al mandatario colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos.

Igualmente deberá gestionar, en coordinación con la CEDH y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la impartición de cursos de capacitación y sensibilización al personal médico, de enfermería y en psicología adscritos al Centro Penitenciario Estatal de Pacho Viejo, en materia de derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instruir a los titulares de los centros penitenciarios de Veracruz, donde se encuentren mujeres privadas de la libertad, para que sea personal femenino el que las valore.

Para el caso de Verónica Hernández, deberá reparar integralmente el daño causado a la mujer, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; además deberá colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades.

También deberá actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.

Del caso, la propia Hernández Giadáns afirmó que el proceso de investigación se estaba llevado en todo momento con debido apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de las víctimas y detenidos.

Respecto a Alberto “N”, hermano de July, recientemente autorizó a su defensa hacer públicas las imágenes del dictamen victimológico al que fue sometido después de su detención el pasado 11 de noviembre, en un intento de exhibir las lesiones que sufrió en su detención hecha el 11 de noviembre de 2021.

En entrevista, el abogado Rodolfo René Paratte señaló que existen constancias de los abusos de autoridad, pues los hermanos sufrieron quemaduras y descargas eléctricas en los genitales. Por su parte, July Raquel señaló haber sido agredida sexualmente, de ahí que a ella se le aplicó el Protocolo de Estambul tras una larga batalla legal.

Esta es la segunda queja en menos de tres meses que la CNDH emite al gobernador veracruzano y a la titular de la Fiscalía. En ambos casos se ha comprobado que los elementos policiacos, tanto ministeriales como de prevención, han incurrido en actos fuera de la ley para mantener presas a las víctimas.