CNDH ordena a Fiscalía de Veracruz aceptar otra recomendación de Comisión Estatal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 156/2025 en la que instruyó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz aceptar “en sus términos” la Recomendación 061/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, relacionada con la desaparición forzada de dos personas en Coatzacoalcos en 2015 y con omisiones en la investigación.

El organismo nacional resolvió un recurso de impugnación promovido por dos personas recurrentes contra la negativa de la Fiscalía estatal de aceptar el pronunciamiento local y concluyó que esa decisión afectó los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, al derecho a la verdad y al derecho de toda persona a ser buscada, en agravio de las víctimas directas e indirectas.

En el apartado de puntos recomendatorios, la CNDH estableció que la persona titular de la Fiscalía, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, debe instruir que, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la aceptación de la Recomendación 156/2025, se realicen las acciones necesarias para que la institución acepte la Recomendación 061/2023 y remita a la Comisión nacional las constancias de cumplimiento.



El documento advierte que, de persistir la negativa, se enviará copia a la Comisión estatal para que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite la comparecencia de la persona titular de la Fiscalía ante la Legislatura local. Además, ordenó que en un plazo de dos meses la Fiscalía emita una circular dirigida a su personal para instruir el cumplimiento “en tiempo y forma” de la recomendación local y la colaboración con la Comisión estatal en el cumplimiento de resoluciones por violaciones a derechos humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la reparación integral. También solicitó designar a una persona servidora pública de alto nivel como enlace para el seguimiento.

Desaparición forzada

Los hechos que dieron origen al caso se remontan al 25 de septiembre de 2015, cuando dos personas fueron privadas de la libertad en Coatzacoalcos. La investigación ministerial se inició el 28 de septiembre de ese año. El 23 de julio de 2018 se presentó una queja ante la Comisión estatal por irregularidades, omisiones e inactividad en la indagatoria. En 2020, otra persona solicitó adherirse por hechos relacionados.



El 31 de agosto de 2023, la Comisión estatal emitió la Recomendación 061/2023. En ese documento dio por acreditado que “el 25 de septiembre de 2015, elementos de la SSP ejecutaron la desaparición forzada” de las víctimas y sostuvo que la Fiscalía “no observó el estándar de la debida diligencia” en la integración de la investigación ministerial.

La recomendación planteó, entre otros puntos, agotar líneas de investigación para identificar a los responsables y coordinarse con la Comisión Estatal de Búsqueda; cubrir una compensación a familiares por gastos de búsqueda; iniciar procedimientos internos para determinar responsabilidades administrativas; capacitar al personal involucrado en la carpeta y evitar acciones que revictimicen.

En la relatoría, una familiar denunció que el 25 de septiembre de 2015, alrededor de las 16:00 horas, “arribaron a mi domicilio” agentes armados y “sin ningún motivo sacaron a mi hijo V2 y se lo llevaron”. Añadió que, tras acudir a diversas instituciones, no obtuvo información sobre su paradero. También señaló que al solicitar avances “el Titular de la citada Agencia no me atendía” y que una secretaria le habría dicho “que ya no se iba a continuar investigando” y que “mejor desistiera”.



Otra familiar refirió que denunció la desaparición de su hijo por hechos ocurridos el mismo día en Coatzacoalcos y sostuvo que “en un video se observa” la intervención de “elementos de la fuerza civil, policía estatal, ministerial y navales”. Indicó que no recibía información sobre las actuaciones para localizarlo.

La Comisión estatal asentó que, como parte de los elementos de convicción, los familiares narraron que, tras salir una de las víctimas a la calle, llegó un vehículo rojo del que descendió una persona armada y, con apoyo de otros sujetos, se llevaron a las víctimas en una camioneta negra “con rumbo hasta ahora desconocido”. Añadió que esos dichos fueron “corroborados” con videos aportados por la familia y anexados como prueba en un juicio de amparo promovido días después.

El organismo local documentó que los familiares “reconocieron en seis ocasiones a servidores públicos de la SSP” como perpetradores, según quedó asentado en actuaciones ministeriales. También señaló que la Secretaría de Seguridad Pública negó de manera reiterada haber detenido a las víctimas y afirmó no contar con registros de una puesta a disposición. La Comisión concluyó que esa negativa institucional y la falta de información sobre el paradero actualizan los elementos de la desaparición forzada.