El asunto es tan viejo que pocos se acuerdan de él. Supongamos a que a usted – ojalá que nunca pase – lo detienen por angas o por mangas. No hay pruebas, o todavía no hay pruebas, de que usted haya cometido el delito que le atribuyen. No hay, no ha habido, confesión ni flagrancia. No hay muchas cosas. Sobre todo, no hay un juicio. Pero le aplican la prisión preventiva oficiosa y no hay para donde correr ni protección que valga, aunque sea de la propia ley. Usted va a la cárcel.

Quien lo sentencia – porque la prisión preventiva oficiosa es una orden que dicta un juez – viola principios y derechos establecidos en las leyes mexicanas: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de igualdad procesal, el derecho a la libertad personal, y denigra el debido proceso legal, como señala el constitucionalista Miguel Carbonell. No es poca cosa.

Tan serio es el asunto que la Suprema Corte analiza la legalidad de esta medida, que se aplica con singular afán en Veracruz: el instrumento legal que permite detenerlo a usted sin apelación se creó hace siete u ocho años, y ha permitido que desde entonces cada día haya dos personas sometidas como usted. Siete mil personas como usted fueron detenidas y pasaron tiempo tras las rejas, en algunos casos más tiempo del que habrían cumplido si los hallaban culpables.


Y entonces vienen los veintidós gobernadores de Morena y anuncian que van a pedir juicio político a los ministros de la Suprema Corte si eliminan la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque estarían violando la Constitución "al determinar esta medida que abriría las puertas de la prisión a narcotraficantes, homicidas, secuestradores, violadores y demás delincuentes", como anunció el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz.

En ese momento cualquiera entiende que la prisión preventiva oficiosa es el recurso de una autoridad sin ganas, débil y deficiente, que no se preocupa por presentar casos sólidos – o no puede hacerlo – ante los jueces. Si hubiera pruebas contra los narcotraficantes, los homicidas, los secuestradores, los violadores y los demás delincuentes, los detenidos, ya estarían sometidos a proceso y tal vez hasta sentenciados en el mundo ideal de las autoridades estatales. Hay muchos delincuentes, pocas pruebas.

Es elemental. La Suprema Corte no hace leyes, pero determina si las leyes contradicen la letra o el espíritu de la Constitución. A eso se dedica la Suprema Corte, aunque el ingeniero gobernador de Veracruz no esté de acuerdo: "El presunto (cursivas mías) delincuente debe permanecer en prisión mientras se le investiga y sentencia", acusó el señor, que preguntó si el poder Judicial quiere incendiar a México liberando delincuentes.


Así que usted seguirá en la cárcel mientras alguien investiga si es verdad el delito del que se le acusa. Si usted es culpable, está pagando aunque no como establecen las leyes. Si no es culpable, está pagando algo que no hizo. La ley es la ley, aunque no siempre, ni para todos. Y usted se queda preso hasta quién sabe cuándo. Lo que natura non da, Pacho Viejo non presta.

Desde el balcón

Hace fresco, aunque no tanto. Allá se oyen sirenas de ambulancias, y cuando el sonido se aleja se oyen voces de pájaros que celebran algo. Unos tórtolos se revisan las plumas en una rama de por ahí. El sendero del parque está desierto.


Y uno piensa en los trescientos millones de pesos que aparecieron de pronto en el discurso oficial del gobierno de Veracruz y desaparecieron tan pronto como habían aparecido. No hubo pruebas. No ha habido foto del dinero apilado junto a un muro blanco, no ha habido fotos de las cajas donde el efectivo estuvo guardado sin que nadie se diera cuenta durante cinco años, no ha habido nada. Ahí va febrero. La malta – que sufrió un sobresalto el domingo – vuelve a ser lo que fue.