EL CARTEL INMOBILIARIO, UNA CRUEL REALIDAD
No, no es un invento o ganas de estar fastidiando a un gobierno que se muestra con demasiada ineptitud para cumplir con sus funciones básicas, el llamado Cartel Inmobiliario existe, a mi me consta porque uno de los cientos de casos de personas a las que les han robado fuertes sumas de dinero o sus viviendas, es mi conocido.
Me buscó hace varios meses, me comentó su caso, el cual tenía tres años de haber ocurrido pero la autoridad ministerial no hacía nada por resolverlo, detrás de dos jóvenes mujeres actúan como protectores unos colombianos que son los que protegen las “operaciones” económicas del cartel y junto con ellos jueces y ministeriales coludidos, le bajaron cerca de 600 mil pesos a mi amigo, un esforzado trabajador que sueña con contar con una casa propia y los sorprendieron.

Cuando entraron las nuevas autoridades de la Fiscalía y el abogado tuxpeño Ezequiel Castañeda Nevares, hombre eficiente y honesto por los cuatro costados, como Visitador de la FGE, me fui a buscarlo para plantear el caso. Ezequiel como siempre, funcionario que sabe de sobra cuál es su trabajo me llevó ante una joven abogada, al parecer coordinadora de juzgados de Xalapa, mi cuate víctima del cartel explicó con todos los detalles que le fueron solicitados mostrando documentos, y al final el Visitador pidió con amabilidad a la joven abogada se encargara de dar celeridad al asunto, para luego despedirnos con una grata sensación de que el caso se resolvería muy pronto. Pero no. De momento las cosas caminaron muy bien para Erasmo (así se llama mi amigo), pero no duró mucho el encanto, un juez detuvo el expediente, les dio todas las facilidades a las personas que cometieron el fraude, o más bien los fraudes porque son muchos los que tienen acumulados y, tras cuando menos cuatro meses el asunto está atorado, no camina, Erasmo va perdiendo la esperanza de que le devuelvan su dinero y a mi me extraña mucho que a Ezequiel Castañeda no le hicieran caso, o atendieran sus indicaciones.
Por eso no extraña que habitantes de la colonia Margarita Maza de Juárez, de aquí de Xalapa, hayan denunciado un presunto esquema mediante el cual más de 100 personas habrían sido despojadas de sus viviendas y negocios tras recibir préstamos que, aseguran, terminaron en la pérdida de sus propiedades.

Una de las denunciantes, María Eugenia Landa González, afirmó que fue víctima de este mecanismo y señaló que hace tres años fue desalojada de la vivienda que, sostiene, nunca vendió.
«Para mí ese es un cártel porque a eso se dedica. En mi colonia han despojado a más de 100 personas», declaró. La afectada explica que el préstamo no fue solicitado por ella, sino por una tía, quien posteriormente habría participado en la escrituración del inmueble junto con quienes actualmente aparecen como propietarios.
Según su relato, el supuesto préstamo se formalizó el 8 de marzo de 2018, pero apenas dos meses después la propiedad ya había sido escriturada a favor de Arturo Tabladas, situación que considera irregular.

Landa González aseguró que nunca firmó un contrato de compraventa, ni acudió ante un notario para vender la vivienda, pese a que durante el juicio se sostuvo que el inmueble había sido adquirido por 485 mil pesos.
Además, denunció que durante los procesos judiciales se presentaron documentos presuntamente falsificados, pero afirmó que, aun así, perdió los litigios relacionados con la propiedad.
La denunciante también señaló que otros vecinos de la colonia habrían enfrentado situaciones similares, entre ellos una comerciante que perdió su verdulería tras solicitar un préstamo.
Durante su denuncia pública, María Eugenia Landa González afirmó que detrás de estos casos existiría una presunta red integrada por particulares y servidores públicos. Hasta el momento no ha presentado resoluciones judiciales que acrediten esos señalamientos y las personas mencionadas no han emitido una postura pública sobre las acusaciones.

NOROÑA EL REPUGANTE A DISCULPARSE

Para satisfacción de la señora Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y beneplácito para todos los mexicanos, el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
Como parte de las medidas de reparación del daño, el legislador deberá ofrecer una disculpa pública a la presidenta municipal, además de tomar un curso sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en una institución pública o privada y acreditar su conclusión.
La resolución también ordena inscribir a Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género y notificar al Senado de la República.
De acuerdo con el Tribunal, los señalamientos realizados por el senador afectaron la imagen pública, credibilidad y reputación de la alcaldesa y rebasaron los límites del debate político.
El caso fue promovido por Grecia Quiroz ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que posteriormente devolvió el expediente al Tribunal Electoral de Michoacán para emitir una nueva resolución, la cual fue aprobada de manera casi unánime.
Le hubieran incluido una bañadita, una peladita e higiene general a este señore.


SEGUNDO ROUND DE NAHLE CON TRANSPORTISTAS
Tras la derrota que sufrió en su primer encuentro con el gremio de taxistas veracruzanos, cuando intentó imponer tarifas a su libre entender, sin tener conocimiento de todos los factores que inciden en este escabroso asunto, la gobernadora de Veracruz se apresta a entrar al segundo round, remasterizada y recargada, llevando al frente la nada amigable frase: “Los vamos a obligar a que estén en regla”.
El asunto consiste en que el Gobierno de Veracruz prevé enviar este mes al Congreso del Estado la iniciativa para regular la operación de Uber, Didi y otras plataformas de transporte, que podrán prestar servicio en la entidad siempre que cumplan con nuevas disposiciones, entre ellas el pago de impuestos y controles sobre sus conductores.
Pese a las inconformidades expresadas por trabajadores del volante, la gobernadora Rocío Nahle García ha confirmado que la administración estatal permitirá la operación de estas aplicaciones, pero bajo un esquema regulado para garantizar seguridad a los usuarios y responsabilidad de las empresas.
“Los vamos a obligar a que estén en regla y que también paguen impuestos, como lo pagan los otros, y que el usuario tenga la seguridad, porque ahorita cualquiera baja una plataforma y no sabemos quién es el chofer”, afirmó.

La mandataria señaló que uno de los ejes de la propuesta es que las plataformas asuman responsabilidad sobre las personas que prestan el servicio mediante sus aplicaciones.
“Debe haber un control y que la plataforma se haga responsable, llámese Uber, Didi o la que sea; se tiene que hacer responsable de los choferes a quienes se les da la concesión”, indicó.
Nahle García informó que la iniciativa ya está concluida y se encuentra en la etapa final de revisión antes de ser remitida al Poder Legislativo.
“El proyecto de ley ya está y quería que este mes ya entrara al Congreso, que le diéramos para adelante”...Ya veremos.

REFLEXIÓN

“Las versiones son contradictorias, alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución de México y a la Ley de Seguridad y hasta al Manual de la Honestidad de AMLO” apuntó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en su deslumbrante faceta de la dos de la 4T. Puras visiones.

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