RAMOS ALOR COMO LÓPEZ GATELL
El problema que ha venido generando la presencia del señor Roberto Ramos Alor, al frente de la delegación del IMSSS-Bienestar, motivo por el cual todas las clínicas y hospitales del sector salud de Veracruz carecen desde hace mucho tiempo de insumos para curación, medicamentos en general y equipos para cirugía, se podría encuadrar si los afectados se organizan, en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, como los cometidos por Hugo López Gatell cuando por su irresponsabilidad murieron miles de mexicanos víctimas del COVID.
Si sumamos la cantidad de veracruzanos que han muerto por falta de atención en los hospitales del estado donde no encontraron medicina ni atención para salvar la vida, ya deben ser cientos o quizá más si consideramos que solo en el CAE hay una lista de más de mil pacientes que requieren ser operados con urgencia, pero por falta de insumos y medicamentos ahí permanecen agonizando. ¿Cuántos no han logrado sobrevivir a esta crisis que lleva ocho o nueve meses?

Y la amenaza de enfermar y no contar con un lugar donde nos atiendan crece ante la falta de voluntad para atender el gravísimo problema. La conferencia de prensa de la gobernadora Nahle de este lunes podría resumirse así: yo lo puse y no lo pienso quitar; y del desabasto, no sabemos para cuándo habrá medicinas, les guste o no les guste. Así que háganle como quieran...
Eso explica la actitud arrogante de Roberto Ramos Alor al salir envalentonado, al día siguiente de ofrecer disculpas públicas, a acusar que quienes protestan por el desabasto de medicinas y el abandono de los hospitales lo hacen por odio, envidia y mediocridad.
Está claro que la culpa no es del “pobre pendejo” –mote que le endilgó el diputado Héctor Yunes y que rápidamente se hizo viral por el encabronamiento de la gente-, sino de quien lo puso y lo mantiene en el cargo.
Está claro que la enfermedad va a continuar. La medicina será la misma: eufemismos, comunicados y desplantes, acompañados de plumas que sirven de meretrices mediáticas de poca monta.
Pero para el gobierno se trata de una infamia partidista en víspera de las elecciones; no ven las camillas en los pasillos, los pacientes que se van a sus casas sin tratamiento, de las familias que han perdido su patrimonio para recibir atención médica en hospitales públicos. La realidad les estallará en la cara cuando comiencen a salir cifras de veracruzanos muertos por la falta de atención.
Intentan ignorar lo más grave. Lo que comenzó como un problema de abasto que se ha convertido en una crisis de gobernabilidad: médicos, enfermeras, residentes, trabajadores y familiares de pacientes salieron el pasado domingo a las calles de Xalapa para denunciar la falta de medicamentos, insumos y equipo, e incluso exigir la salida de Roberto Ramos Alor.

La culpa, entonces, no es solamente del tal Ramos Alor. La responsabilidad política es de quien lo puso ahí, de quien lo ratificó y de quien, teniendo información suficiente sobre lo que ocurre, decidió sostenerlo. Porque nadie puede llegar a la administración pública por accidente. Mucho menos a una responsabilidad relacionada directamente con la atención de la salud. Los cargos públicos implican decisiones, resultados y consecuencias.
Y cuando esas consecuencias afectan a pacientes que no pueden recibir una cirugía porque no hay insumos, o a médicos que tienen que trabajar sin las herramientas indispensables, ya no estamos frente a un problema de imagen: estamos frente a un problema de gobierno.

PREOCUPA LA DEFENSA “POLÍTICA” DEL SEÑOR
Lo verdaderamente preocupante es que la propia gobernadora Rocío Nahle parece haber elegido la defensa política de su funcionario antes que la defensa de los pacientes. A lo mejor es AMLO el interesado en mantenerlo ahí como delegado de IMSS-Bienestar perjudicando veracruzanos, esas cosas escapan a nuestro conocimiento, puede ser.
Después de la marcha del domingo, en la que personal médico y ciudadanos reclamaron precisamente por el desabasto, la gobernadora cuestionó la participación de actores políticos y sostuvo que la movilización había sido aprovechada por opositores. Al mismo tiempo reconoció que existe desabasto de medicamentos e insumos.

Y ahí está el absurdo. Si existe desabasto, ¿por qué descalificar a quienes lo denuncian?
Si los médicos están mintiendo, que se demuestre con medicamentos en los almacenes, quirófanos funcionando y pacientes atendidos. Si la oposición está manipulando una protesta, que se exhiban sus intereses. Pero si el problema existe —y la propia gobernadora lo reconoce—, entonces atacar la marcha no resuelve absolutamente nada.
Por el contrario, transmite una señal profundamente autoritaria: el gobierno parece estar dispuesto a discutir quién tiene derecho a protestar antes que discutir por qué los hospitales no tienen lo necesario para atender a los enfermos. Y lo más grave es que esto ocurre después de meses de promesas.
Hace ocho meses se prometió resolver el desabasto. Hoy, la realidad demuestra que la solución no llegó y que el problema, lejos de desaparecer, continúa provocando suspensión de cirugías, reclamos del personal médico y una creciente indignación social. En el CAE de Xalapa, trabajadores denunciaron precisamente la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos básicos.
Y en su conferencia, la gobernadora volvió a reconocer el problema, pero no pudo ofrecer lo que los pacientes y los trabajadores necesitan escuchar: una fecha cierta para resolverlo. No hubo calendario, no hubo plazo, no hubo compromiso concreto.
Después de ocho meses, la respuesta sigue siendo prácticamente la misma: estamos trabajando en ello.

El problema es que un enfermo no puede esperar a que termine la burocracia; una cirugía no puede posponerse indefinidamente; un médico no puede operar con buenas intenciones; y una familia no puede pagar con desesperación los errores administrativos de un gobierno.

¿SABEN QUIÉN ES ESTE POBRE...?
Hace 14 años, refugiado en una carpa sucia y desvencijada, Roberto Ramos Alor recetaba tabletas genéricas de paracetamol a quienes formaban parte del éxodo por la democracia.
Del Paseo de la Reforma a la Secretaría de Salud; de ahí a la Cámara de Diputados y, después, nuevamente al sector sanitario, ahora como responsable del IMSS-Bienestar en Veracruz. Una carrera que demuestra que en la política mexicana la transformación también puede consistir en cambiar de escritorio sin cambiar de problemas.
Su paso por la Secretaría de Salud dejó una serie de irregularidades por más de 3 mil millones de pesos, suficiente para llenar varias carpetas de investigación que hoy están en proceso: contratos cuestionados, señalamientos por desabasto de medicamentos, problemas relacionados con tratamientos de hemodiálisis, controversias durante la pandemia, medicamentos oncológicos próximos a caducar y una permanente confrontación con quienes se atrevían a señalar las deficiencias del sistema.

Cuando los periodistas preguntaron por las irregularidades y el desabasto, el secretario respondió con una frase que terminó convertida en marca registrada de su estilo: “ningún chile les embona”. Cuando médicos cuestionaron las condiciones durante la pandemia, algunos fueron calificados como “traidores a la patria”; y cuando llegó el momento de comparecer ante el Congreso, hasta una peculiar “limpia” en las instalaciones del Legislativo terminó formando parte del vergonzoso anecdotario.
Pero detrás de la anécdota estaba lo verdaderamente importante: un sistema de salud que no podía resolverse con ocurrencias, descalificaciones ni ceremonias, porque cada deficiencia tenía nombre, rostro y expediente clínico.
El episodio de los medicamentos oncológicos fue particularmente grave por la sensibilidad del tema y por el impacto que tuvo entre familias de niños con cáncer.
¡Vaya, ni siquiera Cuitláhuac García fue capaz de sostenerlo! En mayo de 2022 Ramos Alor dejó la Secretaría de Salud, en medio de una crisis que había deteriorado severamente la percepción pública de su gestión. Oficialmente hubo explicaciones administrativas y personales; políticamente, sin embargo, su salida quedó inevitablemente asociada con la crisis sanitaria que atravesaba Veracruz.
Uno habría pensado que semejante antecedente sería suficiente para cerrar el capítulo. Pero no en el pantano maloliente de la cuarta transformación.
En 2024 llegó a la Cámara de Diputados y, un año después, regresó al sector salud como coordinador estatal del IMSS-Bienestar. Es decir, el funcionario que había abandonado la Secretaría de Salud después de una gestión plagada de cuestionamientos volvió a recibir la responsabilidad de conducir los servicios médicos de los veracruzanos. Y entonces ocurrió lo que quizá resulte más incómodo para quienes defienden su permanencia: la historia comenzó a repetirse.


Otra vez los reclamos por medicamentos e insumos; otra vez los trabajadores denunciando carencias; otra vez la confrontación con quienes cuestionan el funcionamiento de los servicios. En 2026, ante las denuncias por desabasto, Ramos Alor habló de un “ridículo montaje” y posteriormente calificó algunos reclamos como parte de una “campaña de odio”.
El problema de estas respuestas es que un medicamento faltante no puede ser montaje, una cirugía suspendida no puede ser propaganda y un médico que reclama material para operar no puede convertirse automáticamente en adversario político.
La realidad hospitalaria tiene la mala costumbre de ser mucho más obstinada que cualquier discurso oficial.
Y llegó septiembre de 2026, con una frase que terminó de incendiar la discusión: “si no quieren operar, no operen”, pronunciada en el contexto de reclamos de médicos residentes por la falta de medicamentos, materiales e insumos para realizar procedimientos quirúrgicos.
La dimensión del episodio quedó demostrada cuando el propio IMSS-Bienestar tuvo que deslindarse de las declaraciones y dejar claro que no representaban la posición institucional, mientras el funcionario posteriormente ofrecía una hipócrita disculpa.

A ello se suman señalamientos periodísticos sobre posibles prácticas de nepotismo o doble percepción, así como observaciones y procedimientos relacionados con el ejercicio de recursos públicos durante su etapa al frente de la Secretaría de Salud, asuntos que deberán ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes, porque una acusación no constituye una sentencia y una observación administrativa tampoco equivale por sí misma a una responsabilidad penal.
Roberto Ramos Alor no puede reclamar que se le juzgue únicamente por sus frases, porque el verdadero problema no son sus frases; las frases solamente han terminado revelando una forma de entender el ejercicio del poder.
Hoy muchos veracruzanos están pagando con la vida la soberbia de unos y la incompetencia de otros. Esa es la verdadera tragedia sanitaria en Veracruz.

REFLEXIÓN
No estaría nada mal que los encargados de colocar los templetes que el gobierno ocupa para trepar a los grupos musicales que dan circo a los xalapeños, tomaran un cursito para que hagan sus trabajos lo más rápido posible sin afectar tanto a quienes tenemos la necesidad de cruzar por el primer cuadro de la ciudad. Para la noche del grito que fue el martes comenzaron desde la madrugada del sábado bloqueando el paso y terminaron la madrugada de ayer porque hubo desfile. Entiendan por favor: son gobierno, administradores de nuestros impuestos, no dueños de nuestras ciudades y nuestras vidas.


Escríbanos a [email protected] | [email protected]