9 de abril de 2012
alcalorpolitico.com
En unos días se celebrará en Colombia, la Sexta Cumbre de las Américas a la que asistirán 34 Jefes de Estado y Jefes de Gobierno que llevan como lema” “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”. La razón de este encuentro es debatir sobre más cooperación regional “para alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los desafíos en el hemisferio en varias áreas claves incluyendo pobreza y desigualdades, seguridad ciudadana, desastres y acceso y uso de tecnologías…e impulsar un cambio positivo”. Sin embargo en reuniones previas, se ha venido intensificando la presión de algunos mandatarios para llevar a la mesa de discusión regional, la posibilidad de la legalización de drogas, como una solución al flagelo del narcotráfico.
Ha sido el Presidente de Guatemala el promotor de este asunto que ha fortalecido el contraste de opiniones, propuestas y posiciones en el Continente. Cierto es que la escalda de violencia e inseguridad que se vive en Centroamérica, exportada desde México y a causa de la globalización del crimen organizado en su búsqueda de nuevos territorios y reclutas, ha arreciado sin que los Estados tengan capacidad para hacerle frente. En aquella región vecina, la vulnerabilidad financiera, operativa, militar de gobiernos y sociedad ante criminales, ahora asociados con las pandillas más cruentas y resentidas como Los Maras, es más grave que la que padecemos aquí. Por esto en semanas recientes el Presidente guatemalteco convocó a sus pares centroamericanos para consensar una agenda en ruta de la Cumbre, pero lo plantaron los mandatarios de Honduras, Nicaragua y El Salvador y sólo recibió a los de Costa Rica y Panamá. Culpando a Washington de un supuesto boicot, acusó lo que ya sabemos, que la estrategia de EUA contra el narco ha fracasado desde hace 30 años, pues los países de la cintura del Continente y México siguen poniendo los muertos para que a ellos les llegue el 90% de la droga que viene del sur.
La oposición de la Casa Blanca y de México a legalizar o despenalizar las drogas es contundente. No obstante ante el efecto mediático de la postura de Otto Pérez, secundado por especialistas y analistas del fenómeno, ambos gobiernos –incluido el Senado de la República- han optado por conceder la apertura del debate hemisférico de ideas y posibilidades sobre este asunto polémico, escabroso y colmado de claroscuros.
La realidad es que hay carencia de una estrategia regional concertada y coordinada efectivamente; cada gobierno está combatiendo al enemigo desde su frente, con alguna o sustanciosa ayuda de Washington –como la Iniciativa Mérida- y en casos, en los espacios fronterizos comunes, pero así como en México se le critica a Calderón la falta de una política consensada de Estado en seguridad, así como se le señala ineficacia en la estrategia de combate que ha desbordado violencia, muerte, dolor y miedo, ese es el reclamo centroamericano hacia la postura de EUA. Surgió entonces la idea de atacar el problema desde el frente menos sangriento, desde el origen, el tráfico de drogas. Lamentablemente, el crimen organizado, ha diversificado sus actividades, donde la producción, distribución, trasiego y comercialización de drogas es sólo una de las 22 artes ilícitas que desarrolla en el orbe, de las que sobresalen la extorsión, el secuestro, la piratería, la trata de personas, tráfico de mujeres, niños, migrantes, órganos, dinero, armas y energéticos.
En México, se ha revivido la discusión entre gobiernos, varios cerebros y especialistas que han contrastado argumentos en favor y en contra. En febrero pasado en el seno del “Foro Internacional Drogas: Un Balance a un Siglo de su Prohibición”, el escritor Héctor Aguilar Camín expuso “los beneficios” de regular –legalizar- las drogas: 1) se reduciría la capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia del crimen organizado. 2) Se disminuirían las causas del crimen callejero y habría posibilidad de regenerar a barrios pobres donde el narcomenudeo comanda. 3) Se redireccionarían recursos hacia la salud preventiva y la educación contra el consumo de drogas. 4) Se concentrarían esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad pública contra secuestros, extorsiones, trata y demás crímenes. 5) Se garantizaría la calidad industrial o química de las drogas y su impacto social.
En el extremo, la postura del gobierno es que legalizarlas sólo abatiría costos de producción, pero no impactaría en las ganancias de los narcos y esto acendraría la batalla por territorios y mercados y, por tanto, arreciaría la violencia. Por otro lado, el efecto sería más nocivo en la salud pública y en la violencia intrafamiliar, pues se incrementaría el consumo. Además, la ONU argumenta que la decisión de la despenalización habría de tomarse previa a un análisis exhaustivo y colectivo. En nada favorecería que México legalizara si no lo hace Estados Unidos, el consumidor número uno en el mundo y adelante de Europa. Desde la Oficina regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se ha insistido que legalizar no significa el fin de la violencia pues los criminales fortalecerían otros mercados para sus actividades ilícitas y el costo social se traduciría en un aumento relevante de adicciones. El rechazo de Estados Unidos se fundamenta también en estos escenarios.
El problema es complicado, es global y tiene distintas aristas. Según un informe de Naciones Unidas de 2011, en el mundo se registraron 200 mil muertes relacionadas con las drogas; en Centroamérica, operan 900 "maras" con unos 70 mil miembros de cárteles –Los Zetas en mayoría- que controlan rutas de tránsito de droga y ejercen una violencia cruenta e indiscriminada, pues se encargan de trasladar entre 150 y 160 toneladas anuales de cocaína de Colombia a Estados Unidos – que genera un narcomenudeo de 35 mil millones de dólares- y alrededor de 120 toneladas de Bolivia, Colombia y Perú hacia Europa. El mismo informe reporta que el consumo ha aumentado en la región, donde Argentina, Chile y Uruguay encabezan la lista.
En México, el riesgo de la legalización es alentar el consumo que ya ha subido en los últimos 3 años. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, en México hay 450 mil adictos crónicos y un millón 51 mil de entre 12 y 65 años que han consumido drogas. En el mundo, entre 14.3 millones y 20.5 millones de personas consumen cocaína; de 12 a 21 millones de personas consumen opiáceos, que genera un mercado de 68 mil millones de dólares –sólo 61 mil millones corresponden a la heroína-; son consumidores de marihuana de 125 a 203 millones; el éxtasis es consumido por entre 13.7 millones y 56.4 millones de personas.
Es indudable que mientras haya demanda, habrá oferta. Si los gobiernos quieren golpear en serio al crimen organizado en su rama de narcos, habrán de apretar en políticas públicas preventivas, invertir más recursos y en tratamiento de adicciones. La solución no es legalizar, ni regular, sino rescatar a la población adicta y resguardar a las nuevas generaciones, nuevos potenciales consumidores, a través de acciones y programas de salud y educación que los concienticen contra el uso y consumo. La meta es bajarle a las drogas, no liberarlas y salir por la puerta falsa.
En tanto, los Jefes de las Américas habrán de debatir nuevas acciones contra el crimen más organizado que ellos, donde el narconegocio persiste por encima de demagogia, de intereses políticos y electorales domésticos y regionales y se afianza con la infiltración, corrupción e impunidad, éstas, las “drogas” que entorpecen, paralizan y enervan a estructuras institucionales nacionales de los poderes públicos de sus países. Por ahí deberían empezar.
[email protected]
Ha sido el Presidente de Guatemala el promotor de este asunto que ha fortalecido el contraste de opiniones, propuestas y posiciones en el Continente. Cierto es que la escalda de violencia e inseguridad que se vive en Centroamérica, exportada desde México y a causa de la globalización del crimen organizado en su búsqueda de nuevos territorios y reclutas, ha arreciado sin que los Estados tengan capacidad para hacerle frente. En aquella región vecina, la vulnerabilidad financiera, operativa, militar de gobiernos y sociedad ante criminales, ahora asociados con las pandillas más cruentas y resentidas como Los Maras, es más grave que la que padecemos aquí. Por esto en semanas recientes el Presidente guatemalteco convocó a sus pares centroamericanos para consensar una agenda en ruta de la Cumbre, pero lo plantaron los mandatarios de Honduras, Nicaragua y El Salvador y sólo recibió a los de Costa Rica y Panamá. Culpando a Washington de un supuesto boicot, acusó lo que ya sabemos, que la estrategia de EUA contra el narco ha fracasado desde hace 30 años, pues los países de la cintura del Continente y México siguen poniendo los muertos para que a ellos les llegue el 90% de la droga que viene del sur.
La oposición de la Casa Blanca y de México a legalizar o despenalizar las drogas es contundente. No obstante ante el efecto mediático de la postura de Otto Pérez, secundado por especialistas y analistas del fenómeno, ambos gobiernos –incluido el Senado de la República- han optado por conceder la apertura del debate hemisférico de ideas y posibilidades sobre este asunto polémico, escabroso y colmado de claroscuros.
La realidad es que hay carencia de una estrategia regional concertada y coordinada efectivamente; cada gobierno está combatiendo al enemigo desde su frente, con alguna o sustanciosa ayuda de Washington –como la Iniciativa Mérida- y en casos, en los espacios fronterizos comunes, pero así como en México se le critica a Calderón la falta de una política consensada de Estado en seguridad, así como se le señala ineficacia en la estrategia de combate que ha desbordado violencia, muerte, dolor y miedo, ese es el reclamo centroamericano hacia la postura de EUA. Surgió entonces la idea de atacar el problema desde el frente menos sangriento, desde el origen, el tráfico de drogas. Lamentablemente, el crimen organizado, ha diversificado sus actividades, donde la producción, distribución, trasiego y comercialización de drogas es sólo una de las 22 artes ilícitas que desarrolla en el orbe, de las que sobresalen la extorsión, el secuestro, la piratería, la trata de personas, tráfico de mujeres, niños, migrantes, órganos, dinero, armas y energéticos.
En México, se ha revivido la discusión entre gobiernos, varios cerebros y especialistas que han contrastado argumentos en favor y en contra. En febrero pasado en el seno del “Foro Internacional Drogas: Un Balance a un Siglo de su Prohibición”, el escritor Héctor Aguilar Camín expuso “los beneficios” de regular –legalizar- las drogas: 1) se reduciría la capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia del crimen organizado. 2) Se disminuirían las causas del crimen callejero y habría posibilidad de regenerar a barrios pobres donde el narcomenudeo comanda. 3) Se redireccionarían recursos hacia la salud preventiva y la educación contra el consumo de drogas. 4) Se concentrarían esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad pública contra secuestros, extorsiones, trata y demás crímenes. 5) Se garantizaría la calidad industrial o química de las drogas y su impacto social.
En el extremo, la postura del gobierno es que legalizarlas sólo abatiría costos de producción, pero no impactaría en las ganancias de los narcos y esto acendraría la batalla por territorios y mercados y, por tanto, arreciaría la violencia. Por otro lado, el efecto sería más nocivo en la salud pública y en la violencia intrafamiliar, pues se incrementaría el consumo. Además, la ONU argumenta que la decisión de la despenalización habría de tomarse previa a un análisis exhaustivo y colectivo. En nada favorecería que México legalizara si no lo hace Estados Unidos, el consumidor número uno en el mundo y adelante de Europa. Desde la Oficina regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se ha insistido que legalizar no significa el fin de la violencia pues los criminales fortalecerían otros mercados para sus actividades ilícitas y el costo social se traduciría en un aumento relevante de adicciones. El rechazo de Estados Unidos se fundamenta también en estos escenarios.
El problema es complicado, es global y tiene distintas aristas. Según un informe de Naciones Unidas de 2011, en el mundo se registraron 200 mil muertes relacionadas con las drogas; en Centroamérica, operan 900 "maras" con unos 70 mil miembros de cárteles –Los Zetas en mayoría- que controlan rutas de tránsito de droga y ejercen una violencia cruenta e indiscriminada, pues se encargan de trasladar entre 150 y 160 toneladas anuales de cocaína de Colombia a Estados Unidos – que genera un narcomenudeo de 35 mil millones de dólares- y alrededor de 120 toneladas de Bolivia, Colombia y Perú hacia Europa. El mismo informe reporta que el consumo ha aumentado en la región, donde Argentina, Chile y Uruguay encabezan la lista.
En México, el riesgo de la legalización es alentar el consumo que ya ha subido en los últimos 3 años. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, en México hay 450 mil adictos crónicos y un millón 51 mil de entre 12 y 65 años que han consumido drogas. En el mundo, entre 14.3 millones y 20.5 millones de personas consumen cocaína; de 12 a 21 millones de personas consumen opiáceos, que genera un mercado de 68 mil millones de dólares –sólo 61 mil millones corresponden a la heroína-; son consumidores de marihuana de 125 a 203 millones; el éxtasis es consumido por entre 13.7 millones y 56.4 millones de personas.
Es indudable que mientras haya demanda, habrá oferta. Si los gobiernos quieren golpear en serio al crimen organizado en su rama de narcos, habrán de apretar en políticas públicas preventivas, invertir más recursos y en tratamiento de adicciones. La solución no es legalizar, ni regular, sino rescatar a la población adicta y resguardar a las nuevas generaciones, nuevos potenciales consumidores, a través de acciones y programas de salud y educación que los concienticen contra el uso y consumo. La meta es bajarle a las drogas, no liberarlas y salir por la puerta falsa.
En tanto, los Jefes de las Américas habrán de debatir nuevas acciones contra el crimen más organizado que ellos, donde el narconegocio persiste por encima de demagogia, de intereses políticos y electorales domésticos y regionales y se afianza con la infiltración, corrupción e impunidad, éstas, las “drogas” que entorpecen, paralizan y enervan a estructuras institucionales nacionales de los poderes públicos de sus países. Por ahí deberían empezar.
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