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Columnas y artículos de opinión
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Líneas de investigación
Benjamín Garcimarrero
21 de mayo de 2012
alcalorpolitico.com
Señalada como un hecho inusitado, único y calificado con la exclusividad de que “jamás en México se había presentado un caso como el que ahora investiga la PGR”; esta dependencia solicitó el arraigo de militares de alto rango, presuntamente involucrados en el narcotráfico y un juez federal, como medida cautelar ordenó dicho arraigo por 40 días del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, así como del general brigadier de Estado Mayor, Roberto Dawe González, bajo supuestos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En las mismas condiciones está el General Ricardo Escorcia Vargas.

El viernes por 18 se decretó un nuevo arraigo en contra del teniente coronel de caballería retirado: Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, como parte en la investigación por delincuencia organizada por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Si Pitágoras no es infiel, son cuatro los generales sujetos a un arraigo de 40 días, circunstancia que lleva a la conclusión que la PGR no tiene ni el menor indicio sobre la responsabilidad penal de los presuntos.


En otro acto absolutamente ilegítimo, les niega la designación de un defensor a cada uno de los involucrados, lo cual trasgrede los mas elementales derechos y garantías de todo ciudadano, militar o no, y que ha puesto en alerta a la CNDH.

Otras circunstancias que surgen de la estructura de la ley son: Que el presidente de la República es el jefe supremo de las fuerzas armadas, de tierra y de mar, y por otro lado también detenta la máxima jerarquía de la Institución del Ministerio Publico de la Federación mas conocida como PGR, al estar representado por la Procuraduría General de la República.

A pesar de ello, en un discurso pronunciado el día viernes 18 de este mismo mes de mayo, hizo hincapié que las medidas tomadas por su Imperial investidura, perdón, quise decir Integral investidura tienen el propósito de restablecer el “estado de derecho”.


Semejante ostia no me pasa por el pescuezo; ¿Cómo es posible que para restablecer el estado de derecho, se violen precisamente los derechos y garantías de los generales involucrados en este caso?. Me resulta injuriosamente incongruente la afirmación; semejante a lo que ocurría en la edad media con la inquisición que para salvar a un acusado de brujería, lo mataban ahogándolo para que se fuera al cielo.

Diríase que aquí hay gato encerrado, pues los fenómenos que marcan como inusitados e inéditos, ya se dieron varias veces en la historia de México…

Deseo profundamente estar viendo moros con tranchete, y que no existe ninguna conspiración en contra de la errática política del régimen; sin embargo no se puede soslayar que los deudos de los cincuenta mil difuntos producidos por el alboroto de la jicotera, deben tener una terrible sed de venganza.


Las premoniciones político electorales, apuntan hacia una salida poco recomendable de llegar a un control castrense del país.

El suceso no es aislado; si se dijera cuatro gatos, el asunto no tendría la menor importancia, pero decir cuatro generales aunque se hallen en retiro, pone a temblar a todos aquellos a quienes queda una embarrada de sesos como los molotes de a peso. Esta sucesión electoral está resultando con más picos que una custodia. Así que pecho a tierra y paso redoblado, aunque piensen que somos cocodrilos.