Casi rayando los primeros 90 días del mandato del nuevo gobierno federal y del regreso del PRI a la Presidencia de la República -no a Los Pinos nada más, sino a Palacio Nacional donde ahora se despacha-, se estará celebrando la XXI Asamblea Nacional Ordinaria de ese instituto político, que debió realizarse desde agosto de 2011, pero que se fue posponiendo hasta esta fecha.

 

Causa expectativa, análisis prospectivo y hasta curiosidad, este evento político, el primero en tal magnitud de convocatoria priista, desde la Toma de Protesta y de Posesión de Enrique Peña Nieto.

 

Si los columnistas y opinólogos; estudiosos y académicos; adversarios y sectores sociales se preguntaron cómo sería el retorno priista al poder desde la silla –si la regresión autoritaria o algo distinto-; también, muchos cuestionaron y vislumbraron escenarios diversos sobre el nuevo rol del gran partido, en el contexto político, social y económico, de un país que ha cambiado en los últimos 12 años.

 

Más incógnitas despertó el posible nuevo rostro del viejo PRI, sentenciado al “Renovarse o morir”, tras dos documentos rectores que Peña presentó como la ruta a seguir. El primero fue el Manifiesto de la Presidencia Democrática, diez principios políticos que Peña asentó como el ideario ético de su gobierno.

 

El Presidente se comprometió: a proteger la libertad de reunión y manifestación, como pilar de la cultura democrática, respeto y tolerancia; a ser garante de la libertad de expresión y respetar críticas, donde la censura y la violencia no tienen cabida; a impulsar la reforma constitucional y crear “una instancia ciudadana y autónoma, que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno, en medios de comunicación, con utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información”; a respetar los derechos humanos para asegurar “la vigencia de protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas y las policías de todo el país”; a liderar un “gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas”.

 

Se propuso “utilizar el poder presidencial como una herramienta para acabar con la discriminación en México”. Gobernar sin prejuicios y con una cultura de respeto e inclusión; respetar la división de poderes y establecer “un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias para lograr la aprobación, con amplios consensos, de las grandes reformas que México necesita”.

 

Planteó no intervenir en los procesos electorales, garantizando elecciones libres, seguras y en paz y erradicar el uso de programas sociales para la coacción del voto; la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, respetar y acatar las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de su gobierno; por último, “replantear la relación política entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios, en un marco de respeto al federalismo, promoviendo una cultura de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”.

 

El Presidente ha ido avanzando en el aterrizaje de estos lineamientos. Por lo pronto, ya se aprobó la Ley de Víctimas y ha hecho un llamado contundente a las fuerzas armadas a desempeñarse, cuidando los derechos humanos; ha demostrado tolerancia y respeto contra grupos severamente críticos y hasta ofensivos, sin caer en la provocación de la absurda idea de la represión.

 

Están en el horno, reformas para romper con monopolios y para transparentar la relación con los medios de comunicación y el gobierno; la Cruzada nacional contra el Hambre es una propuesta contra la pobreza y desigualdades que acendran la discriminación, pero aún la agenda de igualdad y de equidad de género y el adelanto y empoderamiento de las mujeres, yace difusa, pintada de prejuicios y, riesgosamente soslayada por una percepción de cultura patriarcal que todavía no se supera de tajo.

 

Los temas escabrosos. El caso de la liberación de la secuestradora Cassez, dejó la duda de la efectiva separación y autonomía del Poder Judicial con respecto del Poder Ejecutivo; las declaraciones patrimoniales de los miembros del gabinete revelaron poco: que tienen muchos bienes, que nadie supo cuánto tienen y las “donaciones” declaradas quedaron en la opacidad; además quedó evidente la disparidad salarial entre los altos funcionarios, los hombres que ganan más que las mujeres. Lo peor fue la excusa de que “no supieron cómo hacer su declaración correctamente”. ¿Entonces cuál preparación para ser secretarios y secretarias de Estado si ni eso pueden hacer bien? En fin.

 

El auténtico federalismo está siendo materia de amplias negociaciones y cabildeos en el Congreso federal, pues ya se afirmó tajantemente que el Gobierno federal no salvará a municipios y estados deudores, ni apoyará nuevas deudas sin ser plenamente justificadas y supervisadas.

 

La no intromisión en los procesos electorales, está por verse; igual la no utilización de programas sociales para cambalachear por votos. Observaremos si el Presidente y los gobernadores en verdad se retraen a la hora de palomear candidatos.

 

Lo cierto es que una de las acciones visibles más relevantes del Decálogo, ha sido el logro del Pacto por México, que realiza el diálogo y el acuerdo plural para impulsar reformas.

 

No obstante los derrapes y pendientes, la Presidencia Democrática es en sí misma un excelente entramado inicial, para que los priistas y sus mañas de antaño encuentren una regeneración total en la nueva forma de hacer política, sin trastabillar en los vicios del pasado. Y si les quedaban dudas, fue el Discurso del entonces aún candidato, en la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del 25 de mayo de 2012, el que marcó destino.

 

En este célebre momento, Peña espetó frases estruendosas, de cambio y exigencia; de demanda y realidad a sus partidarios. Les dijo y les sentenció:

 

“A ustedes, que ejercen un cargo público, les pido también responsabilidad, honestidad, transparencia y resultados. Para ganarnos y refrendar la confianza de la gente, hay que poner ejemplo, hay que empezar en casa”.

 

“Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas. En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”.

 

“Este es el tiempo de comprometernos, de frente y para siempre, con los principios esenciales de nuestra democracia, en un compromiso firme con las libertades de los mexicanos. Quien no lo asuma así, quien no esté dispuesto a comprometerse con la democracia, la libertad y la transparencia, simplemente no tiene cabida en este proyecto”.

 

“Soy el primer convencido de que es momento de superar viejos paradigmas y plantearnos nuevas formas de hacer las cosas, de asumir las tareas y nuestras responsabilidades para cumplirle a los mexicanos. Es la hora de romper con el pasado”.

“México va a cambiar. Vamos a ser un gobierno democrático y de resultados.

 

“Hoy el PRI (…) está preparado para gobernar en democracia, con apego a la ley, con absoluta transparencia y rendición de cuentas”.

 

Y ha de ser la Asamblea Nacional la plataforma de despegue de lo que el gran partido habrá de aportar, para hacer realidad estas novedosas directrices. Como lo aseveró Peña, hay que empezar en casa.

 

Primero, la Asamblea debe plantear un objetivo central: Arreciar y profundizar la discusión interna; un tanto para rediseñar y reformar sus estatutos, la declaración de principios y el programa de acción y darle sustento jurídico al acomodo del PRI, en el nuevo mapa democrático, plural y pleno de contrapesos que impera en México, -cuyo reflejo más acabado fue la elección presidencial misma y el logro de la firma pluripartidista del Pacto por México- y otro tanto, porque se avecinan batallas electorales en los procesos locales, que se desarrollarán este año y que pueden poner en serio peligro al gran acuerdo nacional alcanzado.

 

La primera prueba del ácido que tiene que superar el PRI, se gestará desde las propuestas y modificaciones a los documentos internos; desde la apertura, tolerancia y autocrítica, -esperemos-, en el debate; desde los acuerdos que habrán de ser respetados y las reformas que se aprobarán, para luego dar paso a la contienda electoral.

 

En ese lapso podremos observar y desmenuzar los cómo y por dónde, el PRI intentará transformarse en una genuina fuerza política de cambio y en una organización política efectivamente alineada con el ideario del Manifiesto y del discurso citado y con las estrategias y las políticas públicas que impulse el Presidente de la República, emanado de sus filas.

 

Ojalá Peña logre convencer a sus partidarios de la necesidad vital de respetar y de ejercer los preceptos de la Presidencia Democrática, que él mismo comprometió y que habrá de cumplir y hacer cumplir, desde dentro, si en verdad México ahora sí va a crecer y a retomar liderazgo global.

 

Como lo he reiterado muchas ocasiones, el cambio en México, la democracia de resultados, los capítulos de éxito que está por escribir este país, como tanto lo ha repetido el Presidente Peña y como lo han insistido los politólogos y pensadores, partidos y sectores sociales, inician desde la transformación interna del PRI y de sus formas de hacer política; desde sus artes para decidir desde dentro y desde sus conductas para legislar y gobernar, si en verdad, el partido histórico pretende legitimar en las acciones cotidianas, el triunfo ganado en las urnas y la confianza o el beneficio de la duda, conquistados.

 

No debe darse un desfase en la responsabilidad política del PRI, siendo el partido en el poder, con la supremacía en estados y congresos locales y con mayoría simple en el Congreso Federal, con respecto del proceso de consolidación democrática que vive México y de cara a los retos en crecimiento, competitividad, pobreza, atraso, hambre y desigualdades que son imperativos insoslayables en la agenda nacional.

 

De un análisis minucioso del Documento interno de trabajo en ruta a la Asamblea Nacional, destaco propuestas muy interesantes de modificaciones que acentuarán sin duda, el debate dentro y fuera del PRI.

 

Entre los aspectos remarcables del Programa de Acción, se propone un nuevo párrafo que define al PRI de Peña y su Decálogo, Ejes y compromisos; al PRI de este siglo y de este México:

 

“Reiteramos nuestro respaldo al ejercicio de una presidencia democrática que, en el contexto de un estado eficaz, cumpla los compromisos establecidos en campaña; que asuma la necesidad de refrendar el respaldo popular recibido en las urnas, fortaleciendo su legitimidad con base en el ejercicio de un gobierno que ofrezca buenos resultados, que brinde respeto a los otros ámbitos y poderes públicos y promueva la colaboración fructífera, subrayadamente con el Congreso de la Unión, además de que asegure el buen desempeño de una administración pública federal que dé respuestas satisfactorias a las demandas de los mexicanos”.

 

Destaca también el nuevo planteamiento sobre el ordenamiento priista hacia la Reforma Energética:

 

“El objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica diseñar mecanismos para favorecer una mayor participación del sector privado en la generación de energía, manteniendo la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos y otras fuentes energéticas por parte del Estado y que sea éste garante de desarrollo nacional”.

 

“Garantizar que Petróleos Mexicanos –PEMEX-, la empresa de todos los mexicanos, incremente su productividad, amplíe su participación en los mercados, sirva más eficientemente al país y sea palanca del nuestro desarrollo”.

 

En relación al IVA, se propone la supresión de la redacción donde quedaba negado el impuesto en alimentos y medicinas y se proyecta la siguiente modificación: “Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria, a partir de la implementación, supervisión, y mejoramiento permanente de un nuevo modelo de producción alimentaria”.

 

Por vez primera, el PRI está replanteando cambios en serio, en las acciones institucionales hacia reformas que seguramente detonarán posicionamientos contrapuestos. Reformas que le urgen al país y a la mentalidad de quienes usan el tabú como arma de ataque y de descalificación. Pero ha sido la OCDE, la CEPAL, el FMI quienes han insistido que México ya no puede anclarse más en los ganchos oxidados de mitos históricos; tiene que abrirse, tiene que evolucionar con reformas que le permitan volver a crecer y ser más competitivo.

 

En el rubro estatutario, las propuestas son igualmente golpes de timón. Subrayo en la pretensión de reducir la integración del Consejo Político Nacional de 1, 271 a 620 miembros.
 

Organizaciones Adherentes de 189 a 63; Organizaciones y Sectores de 300 a 150; Consejeros electos territorialmente de 480 a 160 y Diputados Locales de 64 a 32. Un navajazo rudo.

 

Van a empoderar a la Comisión Política Permanente, que pasará de 225 a sólo 54 integrantes, la nueva elite partidista, con plenos poderes: El Presidente, la Secretaria y el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional; 20 Gobernadores de filiación priísta; los dos Coordinadores de las fracciones parlamentarias en ambas cámaras; 12 Presidentes de los Comités Directivos Estatales en las entidades gobernadas por un partido político distinto al PRI; 7 dirigentes de Sectores y Organizaciones Nacionales; 5 Diputados locales y 5 Presidentes municipales. Estará muy peleado meterse.

 

Otro cambio a analizar: “Se establece la posibilidad de postular como candidatos del Partido a ciudadanos simpatizantes (…) cuando los estudios demoscópicos señalen que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación ciudadana superior a la de los militantes que aspiren al mismo cargo”. Bien, una estrategia congruente con la reforma política, para arrimar a candidatos ciudadanos e independientes. Mala noticia para los militantes de toda la vida, que han esperado oportunidad y reconocimiento a su trabajo de partido.

 

Quizá, la modificación más interesante y sorpresiva, que despierta mucha especulación pues evidentemente lleva dedicatoria, es la eliminación del requisito de haber tenido un puesto de elección popular, para poder ser candidato a gobernador y a Presidente de la República.

 

Este borrón implica, desde ya, que el sucesor no tiene ni tendrá que pasar por el veredicto de las urnas para aspirar al Ejecutivo. ¿Será ésta una sutil vuelta de la tecnocracia sin política?

 

Ya sabremos los pormenores del intenso debate y de los acuerdos.

 

Lo cierto es que el PRI, de entrada, tiene el reto de cuidar, definir y operar con altura democrática y estratégica, el siempre atropellado proceso de selección y elección de sus candidatos, que habrán de contender en las elecciones de este año y ahí se verá si también el dedazo, la línea y las imposiciones desde las cimas, persisten como las prácticas y los vicios, que ya niega el Manifiesto y el reclamo presidencial a cambiar desde casa.

 

De manera que de lo que emane de la XXI Asamblea Nacional y del modo de ejecutar lo acordado en esa amplia diversidad, podremos definir si el PRI va en serio en su propia regeneración desde las entrañas o si sucumben a las tentaciones y mañas arcaicas.

 

La Asamblea Nacional priista será el laboratorio reformista que merece y le urge a este país, -de lo que muchos priistas están convencidos- o la simulación colectiva de siempre, donde la forma tendrá muchos trasfondos.

 

Para el PRI esta es la oportunidad histórica.