Con táctica del “cártel inmobiliario” ciudadana de Actopan es despojada de vehículo

La red de presuntos fraudes, documentos falsos, abogados sin cédula profesional y resoluciones judiciales cuestionables vuelve a quedar al descubierto en Xalapa y la región, tras una serie de denuncias formales que apuntan a la operación de lo que la propia víctima identifica como el “cártel inmobiliario”, con ramificaciones en juzgados, notarías y oficinas públicas del estado de Veracruz.

La ciudadana María Claudia Rosado García presentó y amplió diversas denuncias penales y quejas administrativas ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la FGE y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, al señalar que fue víctima de un esquema de fraude procesal que derivó en el embargo y retención de su vehículo, así como en múltiples actuaciones judiciales sin sustento legal.

Durante entrevista, la denunciante expuso que tiene casi un año tratando de recuperar su camioneta Mazda CX-30 modelo 2021, de la cual cuenta con factura original, “me veo en la necesidad de hacer del conocimiento público para denunciar el fraude del que fui víctima, presuntamente cometido por el llamado ‘cártel inmobiliario’ que opera en Xalapa”.



De acuerdo con la documentación oficial, la investigación ministerial quedó registrada bajo el número XAL/DXI/F8/276/2025, radicada en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa. En ella se imputan diversos delitos, entre ellos fraude, falsificación de documentos, uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y encubrimiento por favorecimiento.

Según consta en los escritos presentados, los hechos se originaron a partir de un supuesto adeudo sustentado en un pagaré falso. “Fui interceptada y despojada por autoridades de Tránsito del Estado en la ciudad de Actopan, Veracruz, con motivo de un embargo ordenado en el expediente 767/2024 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec”, señala Rosado García, al precisar que dicho juicio fue promovido por Rigoberto Peña Rojano “por un supuesto adeudo contraído con él a través de un falso pagaré”.

La denunciante enfatiza que nunca existió relación jurídica previa con quienes la demandaron: “He sido demandada por personas que no conozco, dentro de un procedimiento del cual no tuve contacto previo, relación jurídica ni acuerdo alguno”.



Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta falsedad en la representación legal. En una segunda ampliación de denuncia, se expone que Rigoberto Peña Rojano señaló como su abogado patrono a Miguel Kal-El Franzoni Morales, citando la cédula profesional número 12605019. No obstante, tras consultar el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se acreditaron 2 hechos contundentes: “No existe registro de cédula profesional alguno, a nombre del C. Miguel Kal-El Franzoni Morales” y que “el número de cédula profesional 12605019 corresponde al Licenciado en Derecho Miguel Othón Morales Franzoni”.

Esta irregularidad fue denunciada como falsedad ante la autoridad, delito previsto en el artículo 333 del Código Penal para el Estado de Veracruz, y respaldada con pruebas documentales públicas emitidas por la Dirección General de Profesiones, mismas que fueron ofrecidas formalmente dentro de la carpeta de investigación.

En los escritos, Rosado García también denuncia la actuación reiterada de autoridades judiciales. Señala que desde el inicio detectó “la manipulación de actuaciones judiciales y emisión de acuerdos sin fundamento legal alguno”, primero en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec y posteriormente en el Juzgado Décimo Sexto de Xalapa.



Respecto a este último, afirma que “todo lo que ellos piden, sin que quede justificado, lo resuelve a su favor”, situación que la llevó a presentar denuncias ante el Consejo de la Judicatura y a recurrir incluso a la justicia federal.

Uno de los hechos más graves documentados es la negativa a devolverle su vehículo, aun cuando inicialmente se le concedió una contrafianza. “Cuando solicité la contrafianza (se) emitió un acuerdo a mi favor, pero para sorpresa mía, el día que fui a recogerla me percaté que ese lugar se trata de una bodega a nombre de otra persona que también está siendo defraudada en otro juicio por las mismas personas”, expone en su escrito.

Añade que, tras enterarse de dicha resolución favorable, “inmediatamente le solicitaron a la misma Jueza que ese derecho me lo quitara y así lo hizo, cambió por completo su decisión”, impidiendo la restitución del bien.



Ante la falta de avances en la investigación ministerial –pese a haber sido iniciada desde febrero de 2025 y a que la denunciante afirma haber aportado todas las pruebas necesarias– Rosado García interpuso una queja formal ante la Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al señalar omisión por parte de la autoridad investigadora. En su escrito advierte que “hasta hoy, he venido aportando pruebas, sin que haya avances dentro de la misma y sin que se me haya hecho saber los motivos por los cuales la investigación no avanza”.

Los acuses de recibido del Poder Judicial del Estado confirman la presentación personal de escritos, quejas y pruebas, incluyendo certificaciones de expedientes, oficios, acuses y consultas oficiales al Registro Nacional de Profesionistas, todos integrados como anexos dentro de los expedientes 767/2024-V y 1225/2024-I.

Finalmente, la ciudadana hizo un llamado público a las autoridades para que se investigue a fondo este tipo de prácticas. “Hago un llamado para exigir que las autoridades revisen con rigor la procedencia de este tipo de demandas y garanticen el debido proceso, la transparencia y el derecho de defensa”, señaló, al advertir que este grupo actúa “de la misma forma como se apoderan de casas, terrenos, etcétera.; así lo hacen con bienes muebles”.



“Exijo justicia”, concluye la denunciante, al sostener que este caso evidencia un esquema de fraude sistemático que no debe quedar impune.