El presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios del Congreso del Trabajo (CONACOPE), Gregorio Alarcón Islas, dijo que los comerciantes informales buscarán ser incluidos bajo un régimen fiscal que les permita normalizar su situación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista, señaló que se sostienen reuniones con funcionarios del Gobierno Federal y el Senado de la República para que unos 30 millones de comerciantes sean considerados para pagar impuestos a partir del 2014.
“Pudimos lograr mesas de diálogo en la Secretaría de Hacienda y con el senador José Yunes que es el que presidente la comisión de Hacienda en el Senado, a partir de esto se nos permitió iniciar un censo para saber cuál es la condición en la que se encuentra el comercio popular (…), el acuerdo es que se consideren cuotas mensuales de 300 ó 400 pesos directamente en el SAT que nos permita regularizarnos”, declaró.
Alarcón Islas detalló que de concretarse esta disposición se podría lograr recaudar mil 500 millones de pesos durante el primer año, cifra que permitiría a la vez ampliar la base de contribuyentes como solicitan los empresarios.
Al mismo tiempo, destacó que los comerciantes que formalicen su situación ante el Servicio de Administración Tributaria tendrían mayores posibilidades de buscar cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS y brindar prestaciones de ley a sus trabajadores.
“Esto también nos permitiría avalar la procedencia de la mercancía que vendemos y sobre todo terminar con el acoso constante de inspectores de comercio en los municipios, porque sinceramente se nos va más recurso pagando las mordidas que impuestos”.
El líder de los comerciantes informó que, de manera paralela, se busca promover una ley que permita incentivar al mercado popular, con beneficios que permitan proteger a microempresario que trabajan en plazas, tianguis y mercados.
“La idea es que deje de darse mayor beneficio a grandes tiendas trasnacionales que vienen desplazando los mercados y tianguis, entre otras cosas no permitiendo que estos supermercados se instalen cerca de plazas populares de abasto, como ocurre por decreto presidencial en el Distrito Federal desde el 2006”.