Conducta ética del personal del ORFIS, indispensable en la reputación institucional

El comportamiento ético de las personas que prestan sus servicios en el Órgano de Fiscalización Superior, es un elemento indispensable en la reputación institucional y en la generación de confianza con los ciudadanos, con el Poder Legislativo al que se está vinculado, así como con los entes auditados, manifestó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del ORFIS.

Añadió que los principios que rigen el servicio público, los valores y reglas de integridad, aunado a la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), por sus siglas en inglés, son disposiciones que se utilizaron para la elaboración del Código de Ética, el cual, se constituye como un referente para todas las personas servidoras públicas de la Institución, cuya observancia propiciará altos estándares de conducta.

Durante su mensaje de inicio de semana, señaló que bajo las premisas de la lucha contra la corrupción y los nuevos retos del quehacer diario, es responsabilidad conformar una institución con personal altamente especializado, con profundas convicciones éticas y, especialmente, con vocación de servicio, que trabaje unido en beneficio de la sociedad.



Dijo que ante la función que realiza el ORFIS, al revisar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, ésta se lleva a cabo bajo los principios constitucionales de: legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Por lo anterior, como Auditor General titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por lo que el personal debe mantener un comportamiento ético.

Recordó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ha establecido las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, al publicar los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ante tal circunstancia, todos los entes públicos están obligados a observar y aplicar dichos Lineamientos, además de que éstos, permiten sentar las bases de los principios rectores que regirán las políticas transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que, en materia de integridad y ética pública, emitan los entes públicos.