Congreso de Veracruz avala reforma federal contra “pensiones doradas”

Con 40 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión para fijar topes a las jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas, con el propósito de impedir que esos ingresos rebasen la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

La reforma, considerada contra “las pensiones doradas”, establece que ningún funcionario podrá recibir percepciones superiores a las de la presidencia de la República ni ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico, salvo en supuestos específicos previstos en la propia norma, como labores técnicas especializadas o la acumulación legal de cargos.

Uno de los ejes de la modificación es el tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades paraestatales de los tres órdenes de gobierno. En esos casos, las percepciones no podrán exceder la mitad de la remuneración fijada para el Ejecutivo federal.

La minuta también prevé que los contratos colectivos y demás disposiciones laborales se ajusten al nuevo límite, con la intención de evitar esquemas que permitan superar ese monto con cargo a recursos públicos. El dictamen aprobado por el Congreso local incluye excepciones. Quedan fuera de este tope las pensiones de las Fuerzas Armadas, las derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, los sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributiva prevista en la Constitución.

De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo límite, con excepción de los casos expresamente previstos, mientras que los haberes de retiro reconocidos conservarán sus términos. La reforma también fija un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen sus marcos jurídicos con las nuevas disposiciones.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de revisar los esquemas de retiro financiados con dinero público, aunque plantearon reservas sobre la forma en que deberá aplicarse la reforma para no afectar derechos laborales.

La diputada Montserrat Ortega, del grupo legislativo Veracruz Nos Une, respaldó el objetivo de frenar pensiones elevadas, pero advirtió que la modificación debe sostenerse en criterios de legalidad y no en decisiones coyunturales. “Estamos a favor de acabar con las pensiones abusivas, pero la justicia no puede ser utilería ni la Constitución un traje a la medida del poder”, dijo durante el debate.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Elena Córdova sostuvo que la discusión no debe limitarse a la eliminación de privilegios, sino también considerar la protección de los derechos de quienes concluyen su vida laboral en el servicio público. “Aspiramos a que las pensiones recuperen su sentido como un respaldo digno al final de la vida laboral, no como un privilegio”, señaló.

Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Marcelo Ruiz Sánchez, sostuvo que la reforma no impactará los recursos que provienen de cuentas individuales ni los fondos financiados por organizaciones sindicales, al tratarse de aportaciones de los propios trabajadores. En tribuna, remarcó que el propósito de la minuta es establecer límites en los esquemas de retiro cubiertos con presupuesto público, sobre todo en entes donde el Estado absorbe el costo de pensiones de alto nivel.