El Congreso de Veracruz aprobó solicitar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) una “auditoría integral” al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS), concesionario del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Veracruz, correspondiente al periodo de 2022 a la fecha.
La decisión fue avalada por la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura, a partir de un acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), y se votó por unanimidad, de acuerdo con el documento legislativo.
El exhorto deriva de una solicitud formal del Ayuntamiento de Veracruz para que el ORFIS, “en uso de sus atribuciones”, realice la revisión al concesionario y entregue resultados que permitan valorar el desempeño de la empresa respecto del título y los compromisos asumidos.
En el alcance aprobado, la auditoría deberá incluir la verificación y cuantificación del cumplimiento de la “propuesta técnica y económica”, así como la determinación del monto de la inversión realizada y su correspondencia con los compromisos contractuales. También se ordena la actualización del estado que guarda el cumplimiento del objeto y los alcances de la concesión, con énfasis en los “puntos 3 y 7 del Título de Concesión”, según el acuerdo aprobado por la Permanente.
El Congreso estableció que la revisión debe identificar y documentar el grado de cumplimiento de “todas las obligaciones contractuales y normativas”, además de ubicar “posibles incidencias u omisiones” que, conforme al marco jurídico vigente, pudieran configurar causales de terminación o rescisión en el periodo señalado.
Petición del Ayuntamiento
El Ayuntamiento remitió la petición al Congreso el 19 de enero del año en curso. El escrito fue recibido en la Presidencia de la Mesa Directiva mediante un oficio signado por la presidenta municipal de Veracruz, de acuerdo con el expediente legislativo referido en el acuerdo. En la justificación del exhorto, el Congreso señaló “problemas sociales expuestos” asociados al servicio concesionado, entre ellos “tarifas elevadas”, “mala calidad del agua”, “racionamientos”, “cortes prolongados”, “cobros excesivos” y “taponamientos de drenaje sanitario”.
Con esos antecedentes, la Legislatura planteó como indispensable la actualización de la auditoría ya practicada por el ORFIS, con el propósito de contar con un diagnóstico vigente sobre el cumplimiento de lo contratado y la situación financiera y operativa relacionada con la concesión. El acuerdo sostiene que la información resultante debe tener carácter técnico, financiero y jurídico, para que el Ayuntamiento, “en el ámbito de sus atribuciones”, adopte medidas orientadas a garantizar un servicio de agua potable y saneamiento “eficiente, equitativo y acorde al interés público de la población”.
La resolución aprobada por la Diputación Permanente formaliza el exhorto al ORFIS y delimita los rubros que deberán revisarse, con foco en compromisos de inversión, obligaciones contractuales y el estado de cumplimiento del título de concesión en el periodo 2022 a la fecha.