Contra la delincuencia gubernamental

En todas partes, cada vez más ex gobernantes delincuentes son alcanzados por la justicia y van a la cárcel. Algunos son sometidos por la rebelión de las multitudes; otros son alcanzados por las pocas y usualmente inaplicables leyes.

Igual suerte siguen algunos de sus cómplices y empleados; para ellos, pocos o muchos, la impunidad ya tiene fecha de caducidad.

Habrá que ver hasta dónde llega la iniciativa Anticorrupción promovida por el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Téngase en cuenta, que este importantísimo tema, se ha convertido en un reclamo general y en una prioridad nacional.

Por lo pronto, al respecto, ya es notorio y extraño, el poco o nulo respaldo recibido, de muchos políticos y servidores públicos, así como de gobiernos estatales y municipales.

Lavar y planchar

Bien se sabe que la delincuencia en general no se puede combatir con delincuencia gubernamental. Una y otra se favorecen de la ineficiencia y crecen con la complicidad y la corrupción, frente a la pasividad y la indiferencia social; pero también se sabe, que tarde o temprano, unas y otras entran en conflicto y se enfrentan, cuando sus intereses y dominios son afectados.

O incluso, con mayor notoriedad, cuando la sociedad afectada y cansada se moviliza, exige o impone justicia. Y también cuando la presión internacional o la acción de la justicia en otros países, obliga a las autoridades nacionales y locales a enfrentar el problema.

En México, últimamente, por extraño que parezca, los legisladores mexicanos trabajan en la actualización y aprobación de algunas leyes.

Esto, como quiera que se vea es una buena noticia, pues usualmente se acusa a la mayoría de los legisladores de que sirven para dos cosas: para eso y para nada.

En fin, es bueno, porque sin demérito de la gran distancia que separa su redacción con su aplicación, sin caer en la ingenuidad de creer que la promulgación implica obligatoriamente su puesta en práctica, habría que señalar que una de estas últimas leyes, llama y llamará poderosamente la atención, por sus alcances y consecuencias.

Me refiero a la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Al respecto, extraña sobremanera, que por sexenios y décadas de haberse detectado su necesidad y aplicación, hasta ahora, en plena confrontación violenta, con todos sus defectos y limitaciones se apruebe.

En particular, porque el sexenio actual, en este y otros temas, siempre ha sido cuestionado por la falta de estrategia y acciones de inteligencia.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención, en caso de ser aplicada y no se quede en letra muerta, es el que se refiere a sus alcances, a otros ámbitos.

En principio, porque pensada y enfocada para combatir la delincuencia en general y el narcotráfico en particular, tendrá también repercusiones contra la delincuencia gubernamental.

Bueno, eso se espera, porque al fin y al cabo, gran parte de los recursos que obtienen gobernantes, funcionarios y servidores públicos de manera criminal, podrían ser considerados de procedencia ilícita y, desde luego, su uso y aprovechamiento en el dominio personal o de grupo requiere y requerirá, con mayor razón, de la legalización y justificación de esa procedencia.

En términos simples y populares, con la simple aplicación de la nueva ley, los cómplices y los autores en el poder público necesitarán ser más cuidadosos, diestros o expertos en lavar y planchar lo que ilícitamente obtienen del gobierno.

Esto es: recursos y bienes públicos y también beneficios y ventajas en el uso y abuso, manipulación y discrecionalidad de las atribuciones institucionales que el cargo temporalmente les concede. Y claro, los que obtienen y obtengan con o de los criminales de fuera o dentro del gobierno.

El reto

Como quiera que sea, es de esperarse reacciones a favor, en contra y criticas señalando lo que falta y lo que se hizo mal. El reto para los gobiernos es cumplir y hacer cumplir.

Habrá que conocer las nuevas disposiciones y evaluar la efectividad de la aplicación que, por cierto, entra en vigor hasta julio de 2013.

Para algunos, como Edgardo Buscaglia, “se escogió el camino más costoso, engorroso y complejo… es incompleta, porque incumple diversas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y llama la atención que se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales”.

“Es una simulación, una vacilada… el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar figuras más ágiles”.

Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y profesor invitado de la UNAM, reconoce que la ley anti lavado cumple sólo en parte algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero propuestas por el GAFI, mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos… “(La Jornada 181112).

En todo caso, resalta la observación de que si se quiere avanzar, hay que fortalecer y agilizar la investigación fiscal al respecto; considerar otros aspectos como la extensión de dominio, la situación patrimonial, la fiscalización gubernamental y otros; y atender las otras recomendaciones del GAFI, como la de establecer una estrecha coordinación interinstitucional entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).

Y para el caso de la transparencia, la rendición de cuentas y, sobretodo, la fiscalización también tendrá repercusiones. Tema del que hay que ocuparse.

De ahí que mientras la ley no existía (o no entre en vigor y se aplique), no es de extrañar ahora, que la otra delincuencia, la del uso y abuso de las atribuciones institucionales y los recursos gubernamentales, la del daño patrimonial, los negocios y los cuantiosos beneficios personales, familiares o de grupo, estaba y está ahí, en gran parte a salvo y fortalecida por la indiferencia social y la protección oficial. Pero…la impunidad tiene fecha de caducidad.