Convoca MC a una resistencia civil pacífica en contra de la privatización del agua

El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Óscar Moguel Ballado convocó a todas las fuerzas vivas del país a sumarse a la resistencia civil pacífica nacional en contra de la legislación por decreto que pretende privatizar los recursos hídricos de la nación y la conculcación del derecho humano al agua del Artículo 4º Constitucional.

Destacó que la imposición de la nueva Ley General de Aguas (LGA) por parte del Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, frente a los oídos sordos del Poder Judicial, revela en su justa dimensión a un Estado fallido que lejos de velar por los intereses superiores de los mexicanos atenta en contra de ellos al negar el acceso libre al agua potable de consumo humano de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a todos los habitantes de la República Mexicana.

Explicó que de acuerdo a las normas internacionales, respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como mínimo cada persona debe recibir entre 50 y 100 litros de agua al día y que el dictamen de LGA, aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados, advierte que sólo se otorgará una “dotación del mínimo vital” de agua salubre y no potable.

Señaló que mientras eso sucede en contra de la integridad de los mexicanos, los grupos empresariales, entre ellos Higa, podrán utilizar los caudales de aguas nacionales a su antojo y emplear deliberadamente la técnica del fracking para extracción de gas lutita.

Además, dijo, de explotar los minerales que a su paso encuentren. Respecto al gas lutita comentó que este fluido existe en grandes cantidades en el subsuelo y cuya liberación es altamente contaminante y exponencialmente pondrá en riesgo a todos los ecosistemas nacionales.

Externó su preocupación de que la sangre llegue al río toda vez que se está atentando en contra de un bien preciado por la humanidad, el acceso humano al agua potable de la que depende la conservación de la vida humana y la subsistencia de ecosistemas y todo tipo.

También, comentó, en la Ciudad de México los problemas de desabasto de agua potable de calidad y la falta de servicios óptimos de drenaje, con la eventual privatización, generarán un estallido social que tendrá resonancia en todo el territorio nacional.

Para evitar un conflicto que lastimaría a todos los sectores de la nación propuso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhorte al Senado de la República a establecer un diálogo franco, democrático, plural y transparente donde se tomen en cuenta a todas las voces de la sociedad para generar una ley más humana, ecologista y socialmente útil para la nación.

Expresó que de no ser suficientes lo mecanismos legales de reclamo, los mexicanos tenemos derecho a tomar todos los espacios públicos del país para protestar por este atentando en contra de la dignidad humana e inclusive recurrir a organismos internacionales de Derechos Humanos y a la Corte Internacional para manifestar la inconformidad.

Consideró que el Poder Ejecutivo Federal también utiliza este tipo artimañas como cortinas de humo para tratar de distraer a la opinión pública de que el país va a pique, a toda velocidad.

Moguel Ballado precisó que el Estado fallido o Estado Montessori carece de ideales progresistas porque no ha sido capaz de asegurar un mínimo de bienestar y de seguridad jurídica a sus gobernados por lo que éste ya no tiene razón de ser como está por lo que debe reformarse en bien de la nación.

Manifestó a su vez que la brecha entre las necesidades de un pueblo y las pretensiones de un mandato formulado por la Constitución está tan distante del binomio pueblo-gobierno, que su acatamiento no puede más que interpretarse como un ideal deseado pero difícil de alcanzar.

Bajo este contexto afirmó que cada vez están más cerca los fantasmas de la dictadura, la tiranía y el totalitarismo que por antonomasia jamás respetan los principios de legalidad y mucho menos el bienestar de los ciudadanos como se refleja en la probable nueva LGA que tiene una visión privatizadora y represiva.

Apunto que el rechazo de la izquierda mexicana a la Ley General de Aguas (LGA) se fundamenta en varios apartados del dictamen aprobado, por mayoría y no por unanimidad.

Destacó el contenido del Artículo 8, de esta ley que define las cusas de utilidad pública donde participará la iniciativa privada: utilización del trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros como Monterrey VI, entregado a Higa; el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.

Así como la adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.

Dejó ver que este es otro ejemplo de cómo viene la nueva Ley la que pretende otorgar a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad, legislación, dijo podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

También se refirió a los artículos 116 y 24 de LGA; el 116 que menciona a la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra; el caso del Artículo 24 en el que se establece que los estados, el Distrito Federal y los municipios pueden “estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.

Moguel Ballado dijo que esta disposición no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento, sino que de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano. Advirtió también que la “autosuficiencia” significa que con las tarifas se pueda recuperar la inversión.

Hizo notar que para invertir en agua se requieren de inversiones multimillonarias, que sabemos, en este momento el país no tiene recursos, tan es así que tuvo que cancelar la construcción del Tren Bala.

Recordó que la experiencia nacional e internacional dice que requiere de una inversión pública para poder garantizar el financiamiento, por ende, al buscar la autosuficiencia financiera, las tarifas aumentarían, en el caso del Distrito Federal, hasta 300 por ciento, o en su defecto buscar inversionistas, resaltó.

“MÉXICO S. A.” ES EL LEMA DEL ACTUAL GOBIERNO

Mientras tanto, los legisladores del Gobierno y sus aliados insisten en echarle leña al fuego, pese a que la situación en el país cada día se agrava, la crispación social crece, la economía se retrae e insisten en seguir privatizando los recursos de la Nación, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado, al referirse a los cambios a la Ley General de Agua que promueve el Ejecutivo.

Comentó que el vital líquido escasea en colonias populares de las zonas metropolitanas y en muchas zonas rurales se carece de tan preciado recurso, como para pensar en privatizar su uso, trasvase y acceso, que traerá como consecuencia un aumento a las tarifas de este servicio y con ello, la irritación popular seguirá creciendo.

Apuntó que además de la seguridad, el acceso al agua de manera eficiente y suficiente, es una de las demandas principales de la población en todo el país, por lo que el Gobierno no puede pensar que a través de la CONAGUA y su reglamento se mejorará el acceso a este derecho humano, si comienzan a determinar el porcentaje de acceso de las empresas a este negocio.

Mejía Guardado dijo que el hecho mismo de que el agua que reciben las familias en sus domicilios no sea lo suficientemente limpia, provocó la aparición de las embotelladoras de agua y purificadoras, donde se vende el agua para consumo humano, cuando antes el mismo líquido que se recibía era el que se consumía.

“Ahora, además del agua embotellada, tendremos que pagar más, porque siempre se ha pagado por el servicio de agua entubada a domicilio, pero a precio del mercado al privatizarse la distribución del vital líquido como lo quiere el gobierno con sus propuestas de reformas a la Ley General de Aguas”, subrayó.

Llamó a los legisladores y a las legisladoras a no incendiar el país previó a los comicios cuyo proceso electoral está en marcha y donde los reclamos de la población contra la inseguridad, la entrega del petróleo a los extranjeros, IVA en alimentos procesados, fin de los derechos laborales de los trabajadores, educación de baja calidad, consolidación de monopolios de telecomunicaciones y demás, están a la orden del día y se le quiere sumar la privatización del agua, un recurso de todos los mexicanos.

“México no está en venta”, puntualizó, como lo anda promocionando en sus giras internacionales el Ejecutivo Federal, y agregó que el pueblo en ejercicio de su soberanía saldrá al paso de estas medidas contra la Nación.