El fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que los propietarios de corralones no podrán condicionar más el pago de sus servicios a cambio de la entrega de alguna unidad llevada por las autoridades de Tránsito, Transporte Público o policías cuando se haya suscitado algún accidente o delito.
El funcionario y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, firmaron un convenio de colaboración con concesionarios del Transporte Público en donde derivaron esas decisiones.
Al tomar la palabra, Bravo Contreras indicó que “gran parte de los problemas a los que nos enfrentábamos derivaba en el hecho de que cuando había un accidente o algún evento en donde un vehículo era recogido por alguna policía auxiliar, llámese federal, estatal, ministerial, cualquier persona que recogía algún vehículo, lo ponía a disposición de algún corralón particular, sin mediar expresamente la voluntad del usuario”.
Y agregó: “cuando después de lo tortuoso que resultaba solucionar el trámite legal en la Agencia del Ministerio Público, en el juzgado, según el caso, llegaban con el oficio del Ministerio Público en muchos encierros particulares y todavía se enfrentaban a que el dueño de esos corralones decía que tenía que pagar cientos de miles de pesos, en algunos casos por la grúa, el arrastre y el encierro, cuando no fue un servicio que haya sido contratado por los usuarios.
De ahora en adelante, el Fiscal anunció que en esos casos, si las personas cuentan con un oficio de liberación dirigido a algún dueño de ese tipo de corralones y éste se resista a entregarlo por pagos pendientes, se iniciarán investigaciones ministeriales y averiguación previa en su contra.
También reveló que la firma del convenio con las unidades del Transporte Público provocará que de ahora en adelante las unidades retenidas inmiscuidas en algún delito se regresarán sin pago de garantía una vez que se den las investigaciones pertinentes.