Cuitláhuac no pagó laudos y dejará pendientes, recriminan extrabajadores de Gobierno

Exempleados estatales, víctimas de despidos injustificados, afirman que el actual gobierno de Veracruz copió las mismas prácticas que tanto critica de sus antecesores. A pocos meses de concluir su mandato, Cuitláhuac García incumplió con el pago de laudos y confirmó públicamente que dejará estos pendientes para la próxima administración.

Al respecto, un grupo de 15 personas, quienes se consideran parte de “los empleados fantasmas” para la llamada Cuarta Transformación, señala que sus derechos nunca han sido respetados en una lucha legal que les ha tomado más de 10 años pese a sus triunfos ante tribunales que sentenciaron al Gobierno de Veracruz al pago de salarios caídos y su reinstalación.

Ellos tuvieron bajo su responsabilidad la digitalización de aproximadamente 120 millones de documentos del Archivo General de Veracruz, del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad durante la administración de Javier Duarte, cuando fueron contratados por el Corporativo SOS.

Sin embargo, dicha empresa sólo servía como fachada, una práctica común del gobierno de Javier Duarte, exmandatario que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena de 9 años privado de la libertad en el Reclusorio norte de la Ciudad de México por el delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Documentos de Benito Juárez

En entrevista “los empleados fantasmas” exponen que hace una década tuvieron en sus manos documentos firmados por el expresidente Benito Juárez, quien en 1858 estableció su Gobierno Constitucional en la entidad durante la Guerra de Reforma. El Archivo General conserva toda clase de registros históricos, aunque los extrabajadores apenas y podían “echarles un ojo” porque tenían como objetivo escanear miles de papeles cada día.

Recuerdan que el proyecto de digitalización comenzó con la remodelación del edificio del Archivo General del Estado en la calle Hermenegildo Galeana y la adquisición de tecnología de punta, teniendo como meta escanear todo el acervo. Para ello, se contrató al personal y se le capacitó implementado un sistema de trabajo en 3 turnos, es decir que trabajaban día y noche.

Entre 2011 y el 2013 el Gobierno de Veracruz supuestamente contrató al Corporativo SOS como una empresa externa para digitalizar el archivo histórico. Dicho corporativo prometió empleos estables y buenas condiciones de trabajo, aunque la realidad terminó siendo distinta. La mayoría de los trabajadores no tenían todas sus prestaciones, seguro médico ni derecho a vacaciones. Además, fueron obligados a trabajar horas extras sin remuneración.

Fue un trabajo titánico y se hizo necesario habilitar oficinas en otros puntos de la ciudad de Xalapa para llevar y copiar documentos de los 212 municipios de Veracruz, incluyendo un inmueble cerca del cuartel de San José, en la calle Justo Sierra y otro en la calle Encanto, en donde actualmente están las oficinas de la Dirección General del Registro Civil.

“Cada libro se descocía. Se separaban las hojas y las que estaban dañadas se reparaban y después se pasaban para escanear. Fue mucho el trabajo que hicimos durante más de 2 años porque eran millones de archivos”, dice una de las extrabajadoras en entrevista.

Les deben millones

Ahora, el grupo que afirma haber sido despedido de forma injustificada, menciona que hace una década los hicieron pasar como personal de una empresa privada para después desmantelarla sin darles una liquidación. Cuando fueron despedidos a partir de 2013 ellos recibieron asesoría legal e interpusieron una demanda por despido injustificado, la cual ganaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Pese a esto, actualmente el personal de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Planeación se niegan a facilitar el pago. Comentan que ellos estaban dispuestos a renunciar a su reinstalación debido a que con los años transcurridos actualmente tienen otros empleos tras ser separados poco a poco de sus puestos como capturistas, preparadores e integradores de documentos y digitalizadores.

El Gobierno les debe más de 15 millones de pesos por salarios caídos, aguinaldos, días económicos, ayudas, capacitación y bono anual de despensa, entre otros conceptos según el expediente laboral 137/2013. Afirman que el Tribunal Electoral de Conciliación y Arbitraje (TECA) confirmó que en realidad siempre laboraron para la Secretaría de Gobierno debido a que durante más de 2 años acudían a oficinas oficiales portando uniformes con logos de la administración pública estatal.

Comentan que el propio gobierno de Duarte incluso quitó el logo “Adelante” que se encontraba en una de sus 3 oficinas y después comenzó su pelea legal con la asesoría de despachos como la firma Viades, Llanes y Asociados, que acaba de demandar al Gobierno de Cuitláhuac García por la omisión para cumplir con los laudos, lo que deberá de investigarse por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Los entrevistados, quienes solicitan el anonimato, confiesan que en estos años algunos han perecido y otros han perdido la esperanza: “Una compañera fue víctima del COVID-19 y nunca recibió su dinero”, mencionó otro empleado.

Consideran que su lucha puede ser un espejo que refleja la precarización laboral, pues la memoria histórica digital de Veracruz prácticamente se logró con la explotación y el olvido de quienes hicieron el trabajo. Los exempleados siguen intentando negociar con el Gobierno, pero no han tenido éxito. Se sienten desesperados y abandonados.

Son “fantasmas”

La Secretaría de Gobierno, vía transparencia, informó en diciembre de 2023 que del proyecto de digitalización de Javier Duarte no queda ningún tipo de registro oficial en el Gobierno de Veracruz.

Al confirmar que a la fecha tampoco existe ningún programa o proyecto de digitalización en lo que va de la presente administración”, la SEGOB informó que no existe nada de todo lo relacionado con el proyecto que comenzó hace más de 10 años.

“Asimismo, por lo que se refiere a proceso de digitalización relacionado durante el mandato de Javier Duarte, este Archivo no cuenta con información alguna, lo cual tiene sustento en el acta de entrega-recepción de fecha 1° de diciembre de 2018 del Archivo General del Estado, por el que el servidor público saliente manifestó en el apartado de otros hechos lo siguiente:

“El C. Moisés Delgado Magallanes, manifiesta que durante su gestión le fue informado del proceso de digitalización del Archivo General por parte de una empresa contratada para ello durante la administración anterior; sin embargo, señala que él no recibió ninguna documentación relacionada…”, señaló Juan Eloy Rivera Velázquez, actual director del Archivo General del Estado con Cuitláhuac García.

Diversos funcionarios afirmaron que, tras una revisión exhaustiva en los archivos del Gobierno Estatal, no se localizó documentación alguna relacionada con el proyecto de digitalización de la administración de Duarte, que en los ejercicios de 2011 al 2013 tampoco generó algún tipo de observación de presunto daño patrimonial ante instancias como el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relacionada con la digitalización.

Por su parte, altos funcionarios como el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reconocen que al cierre del actual gobierno estatal existen “infinidad de sentencias” que favorecen a proveedores y contratistas que reclaman pagos al gobierno estatal, así como laudos, refiriendo que en los casos en los que sea posible impugnarán y llevarán “hasta las últimas consecuencias” las disputas legales para evitar saldar dichos pasivos generados por anteriores administraciones.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García se limita a criticar las deudas que le heredaron sus antecesores, confirmando que algunos pagos quedarán para el próximo gobierno. Al respecto, “los trabajadores fantasmas” simplemente señalan que el mandatario está haciendo lo mismo con su caso, sin que exista ningún tipo de certidumbre sobre cuándo recibirán su indemnización.