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Sección: Estado de Veracruz

Tras resolución de CEDH

Denuncian a exgobernador Yunes y a Fiscal por tortura y delincuencia organizada

- Abogado Jorge Reyes Peralta acudió ante la FGR para proceder en defensa de su cliente, Gilberto “N”

- Derechos Humanos acreditó que sí fue torturado para imputarle el delito de desaparición forzada, señala

Alejandro Ávila Veracruz, Ver. 16/05/2019

alcalorpolitico.com


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El abogado Jorge Reyes Peralta acudió a la Delegación de la Fiscalía General de la República para denunciar al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

El litigante dijo en entrevista que los acusa del delito de tortura, delincuencia organizada, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Agregó que la denuncia se extiende para los fiscales Luis Eduardo Coronel, encargado del área de Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, así como a

Marcos Even Torres Zamudio, del área de Anticorrupción.

Esta acción la tomó ya que él es el representante legal del exdirector de Servicios Periciales, y quien hoy se encuentra preso en Pacho Viejo, Gilberto “N”, la víctima a quien “injustamente” se le acusa por el delito de desaparición forzada.

"Queda acreditado que sí fue torturado y que sí es víctima", refutó Reyes Peralta en improvisada rueda de prensa, al referirse a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se advierte tortura cometida por la Fiscalía.



Aclaró que en caso de acreditarse la culpabilidad del exgobernador Yunes Linares podría estar hasta 40 años en la cárcel, sumando otros 20 por haber sido servidor público.

"Maneja la ley 40 años, pero debemos recordar que se agrega una mitad más por ser servidores públicos, pero hay un concurso de delitos", recalcó.

Reyes Peralta aseguró que durante el bienio pasado, el penal de Pacho Viejo fungió como “casa de seguridad” y Yunes Linares aprovechó para hizo torturar y hacer confesar a victimas, que luego fueron señaladas como delincuentes.



Por último, dijo que también irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda, por tratarse de un caso en el que su cliente fue víctima de un delito de lesa humanidad.