Denuncian socios de Autotransporte Loma de Oro a funcionarios de Tránsito por robo

Directivos y socios de la Sociedad Cooperativa de Autotransporte Loma de Oro, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en contra de funcionarios públicos por robo y abuso de autoridad.

Los denunciados son Jorge Molina Santiesteban, subdirector de Tránsito y Transporte Público, y Apolinar Ignacio Aguilar, delegado jurídico de Tránsito y Vialidad de Tránsito y Transporte del Estado.

Y es que el pasado 9 de abril "de manera arbitraria detuvieron 29 unidades propiedad de la Cooperativa Loma de Oro, quedándose con las cuentas de los últimos dos días que prestaron servicio que se encontraba en las cajas de cobro de los autobuses detenidos", expresó en entrevista Roberto Vargas Díaz, secretario del Consejo de Administración en 1997.

Acusó, acompañado de su abogado y otros compañeros, que con esto dejaron sin sustento a 150 familias que dependen de esta Cooperativa y han dejado sin servicio de transporte a cerca de 20 mil usuarios de 8 municipios de Veracruz y 7 de Puebla.

Además refirió que fue reinstalado como dueño Luis Antonio Ruíz, quien en 1997 fuera destituido como Presidente del Consejo de Administración por cometer fraude.

“Ahora, valiéndose del apoyo de autoridades judiciales de Coatepec y Tránsito del Estado dependiente de la Secretaría de Gobierno, lo reinstalan como dueño absoluto del patrimonio de la Cooperativa, a pesar de que había una sentencia que obligaba a entregar los camiones detenidos al Consejo de Administración compuesto por presidente, secretario y tesorero, las autoridades entregaron el patrimonio de los socios a una sola persona física”.

La queja de los socios de la Cooperativa es que el parque vehicular incautado es distinto al que existía en 1997 y este nuevo fue adquirido por los socios actuales; además que para justificar esto los denunciados presumen tener todo el apoyo de sus superiores y juez de Coatepec, Eusebio Saure Ortiz.



“Los verdaderos trabajadores cooperativistas exigimos castigo a estos malos servidores públicos y que se imparta justicia pronta y expedita, al gobernador Javier Duarte de Ochoa para que no permita que se sigan cometiendo esa injusticia que dala el escaso patrimonio de muchas familias veracruzanas”.

El abogado y asesor jurídico, Juan Martínez Sánchez, refirió que “rebasaron su instancia de autoridad, porque los bienes de una persona moral que los representa un consejo de administración la autoridad judicial, el Juez en arreglo agarran los bienes y entregan a una persona física, y los empieza a disponer como dueño con el pretexto que fue presidente en el 1997, eso es un robo, despojo y un monto de delitos que se dan”.

Explicó que la sanción para estos servidores públicos es: “el delito de robo se castiga de 7 a 13 años de prisión y el abuso de autoridad alcanzaría fianza, pero yo creo que los pueden inhabilitar por 20 años para ocupar cualquier cargo y a lo mejor con una prisión de 7 u 8 años que es la media aritmética.