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Seccin: Estado de Veracruz

Denuncias por presunto daño patrimonial, bien sustentadas: Auditor

- Antonio Portilla se dijo confiado de que las querellas tengan un avance rápido por parte de la FGR
- Aseguró que “en su momento se actuará contra quienes no usaron bien el dinero de los veracruzanos”

Rafael Melndez Tern Xalapa, Ver. 17/08/2019

alcalorpolitico.com

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, confía en que las denuncias que se interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) tengan un avance rápido y se aplique la justicia en contra de quienes causaron daño patrimonial a la Entidad.
 
Señaló que el Director Jurídico de esa institución está en constante comunicación con los ministerios públicos para entregar la información correspondiente y para que se actúe en consecuencia.
 
Manifestó que las denuncias interpuestas se encuentran muy bien sustentadas y cumplimentadas, pero es mucho el proceso jurídico que se debe atender.
 
Dijo que por un lado, la Fiscalía tiene sus tiempos y por otro, los presuntos responsables buscan la manera de cómo ampararse, por lo que pidió que “tengamos por seguro que es un recurso que es de los veracruzanos y en su momento, se actuará en consecuencia, en contra de quienes no lo usaron bien”.
 
Portilla Vázquez destacó que el ORFIS hace las auditorías, “detectamos inconsistencias y les damos tiempo para que lo solventen y después se hacen las denuncias cuando se actuó fuera de la legalidad”, por lo que reiteró que las fiscalías fincarán responsabilidades en contra de quienes no trabajaron con ética y responsabilidad.
 
El titular del ente fiscalizador confirmó que, derivado de la segunda fase del procedimiento de fiscalización superior, correspondiente a la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, hasta este momento el Órgano ha formulado un total de 174 denuncias penales.
 
El importe de daño patrimonial ascendería a los 33 mil 570 millones 162 mil 962 pesos por un periodo de 7 años, del 2011 al 2017; destacando el cometido presuntamente en la administración de Miguel Ángel Yunes, en la que se detectó un quebranto por más de mil 74 millones de pesos por el sistema de videovigilancia.
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