Desafíos de la Procuración e impartición de Justicia en Veracruz

Hablar de justicia, la crisis de la justicia o de certidumbre jurídica en estos tiempos resulta una utopía cuando las encuestas levantadas por el INEGI, nos arrojan datos de apenas un 13% de confiabilidad de los ciudadanos en las instituciones de Procuración e Impartición de Justicia, este fenómeno social lo encontramos como un estatus común, fuera y dentro de nuestro país.

El confuso sistema judicial mexicano, provocado por la omisión en el cumplimiento de la ley y su exceso en la interpretación y aplicación, ha provocado el aumento de los delitos a partir de mediados de 1990.



Las Procuradurías y los órganos de Impartición de Justicia nacionales y estatales, no es un secreto para nadie, que no tienen suficiente personal, ni recursos materiales y tecnológicos y lo más importante carecen de la preparación en el nuevo modelo de justicia penal además debe de ser permanente, la capacitación del personal permitirá al servidor público contar con certeza jurídica en sus determinaciones o resoluciones, si tomamos en cuenta que los fenómenos sociales cada día son más sofisticados, es decir mutantes cambian a cada momento.

Por otra parte, los funcionarios públicos no tienen un control efectivo sobre las policías, que ahora serán coordinadas por un mando único, del que se esperan mejores resultados.

La verdad es que los problemas claves son la impunidad real, la ineficacia y la corrupción de los ministerios públicos y en los tribunales.



Como precedente es necesario señalar que en año 2001, en la reunión llevada a cabo en las Naciones Unidas, cuyo tema fue la independencia de magistrados y abogados y el resultado del estado que guarda la justicia en México, causó una alarmante polémica por sus afirmaciones y sus resultados, que arrojan, que el escrutinio internacional no necesariamente llega a resultados más serios y objetivos que los que puedan obtenerse en cada país.

En este contexto, observamos que la creciente globalización de las relaciones sociales, se ha manifestado de una manera contundente, en el ámbito de la justicia penal que es el parámetro que nos da el grado de la seguridad pública necesaria para el crecimiento económico de México.

Hoy en día merced a la reciente reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicano, los ciudadanos amplían su ámbito de seguridad jurídica contando con un marco jurídico, me refiero a los conceptos de universalidad y progresividad, entre otros que vienen a fortalecer su convivencia armónica, cuyas manifestaciones abarcan los derechos humanos, el derecho internacional penal y el derecho penal internacional, a tal grado que puede afirmarse que existen hoy patrones mundiales que ninguna nación puede ignorar.

La falta de implementación práctica de los principios de inocencia, inmediatez y transparencia procesal, ha llevado a países de diversas tradiciones jurídicas a replantearse la naturaleza y alcance de sus sistemas de justicia penal.



Los diferentes actores que confluyen e interactúan en la procuración e impartición de justicia penal, así como en la seguridad pública con el nuevo sistema de justicia penal aportar mayor efectividad en los procesos, entregando así su participación para la construcción de la calidad de los resultados esperados.

Así lo han manifestado, como una tendencia internacional creciente durante los últimos años aquellas naciones que tienen decidido diseñar y luego poner en práctica modelos penales acusatorios con inclinación a la oralidad.



Por tal motivo, resulta imperativo para las universidades, jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados, estudiar el conocimiento del origen, evolución y fortalecimiento de los Juicios Orales no tan sólo en materia penal, sino en otras como la laboral, civil, mercantil, por lo pronto de acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz el 11 mayo entra en vigor el nuevo Código

de Procedimientos penales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de manera regional.

La Gaceta Oficial del Estado establece que para los distritos de Xalapa y Coatepec la vigencia del nuevo Código es a partir del mismo 11 de mayo de 2013, y posteriormente el 11 de julio de 2013 en Veracruz; 11 de septiembre de 2013 en Pánuco; 11 de noviembre de 2013 en Coatzacoalcos; 11 de enero de 2014 en Ozuluama; 11 de marzo de 2014 en Acayucan; 11 de mayo de 2014 en Tantoyuca; 11 de julio de 2014 en San Andrés Tuxtla; 11 de septiembre de 2014 en Huayacocotla; 11 de noviembre de 2014 en Cosamaloapan; 11 de enero de 2015 en Chicontepec; 11 de marzo de 2015 en Orizaba y Zongolica; 11 de mayo de 2015 en Tuxpan; 11 de julio de 2015 en Córdoba; 11 de septiembre de 2015 en Poza Rica de Hidalgo; 11 de noviembre de 2015 en Huatusco; 11 de enero de 2016 en Papantla; 11 de marzo de 2016 en Jalacingo; 11 de junio de 2016 en Misantla.

Estamos ante una evolución en la procuración e impartición de la justicia, que atiende las necesidades de crear certidumbre, y esto a su vez conllevará a la profesionalización y capacitación permanente de los actores que participen en estos juicios, comprometiendo a las autoridades a capacitarse y olvidarse de las viejas prácticas de corrupción por omisión o con conocimiento. Esperamos que se alcance el objetivo planteado, por el bien de Veracruz y de nuestro país.



Ricardo López Henaine

Presidente del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Veracruz.