Desventajosa la ley de Responsabilidad Juvenil

El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Casarín León, coincidió con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Lorenzo Álvarez Montero, en el sentido de que al entrar en vigor la Ley de Responsabilidad Juvenil (11 de julio), podría permitir la libertad de delincuentes mayores de 18 años que hayan sido juzgados y sentenciados cuando eran adolescentes.

A su juicio, la ley es desventajosa, pues tan sólo con tramitar un amparo los delincuentes, hoy mayores de edad, que con la anterior disposición legal tuvieron acusaciones, órdenes de aprehensión, fueron sentenciados y cumplen condenas en los CERESOS, pueden salir libres.

Precisó que esto es posible porque la ley –derivada de la Reforma Constitucional Federal al artículo 18, promulgada en diciembre de 2005– no contempla reservas para limitar la cosa juzgada y permite que los beneficios que hoy otorga a los menores infractores puedan ser reclamados por quienes ya fueron juzgados.

Si bien reconoció que podrían iniciarse nuevos procesos a los delincuentes que salgan libres amparados por esta nueva ley, dijo que esta disposición afectaría la certeza jurídica y los derechos ofendidos de las víctimas y de la sociedad en general.

“Sólo hay que imaginar lo que significa para las víctimas de un delito reiniciar procesos contra sus agresores”, manifestó categórico en entrevista, el jurista.

Y significó que a pesar de las deficiencias, la nueva ley presenta numerosas ventajas para los menores infractores, que ahora abarca los de más de 12 años y menos de 18 años.

Además, reconoce, entre otras cosas, el acceso a la justicia ante Órganos Ministeriales y Jurisdiccionales Especializados, el derecho a contar con abogado defensor, a impugnar resoluciones, a tener un debido proceso, y demás garantías propias del Estado constitucional y democrático de Derecho.

Dijo que estas consideraciones van acordes con los tratados internacionales que reconocen plenos derechos a los menores cuyas conductas sean tipificadas como delitos en las legislaciones nacionales.