Deuda de 7 municipios con NL Technologies se elevó 100%

A tres años de que los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Medellín, Ozuluama, Chontla, Chiconquiaco e Ixhuacán de los Reyes concesionaron a la empresa NL Technologies el mantenimiento y modernización de sus sistemas de alumbrado público, por lo que juntas pagarían más de 273.2 millones de pesos, en junio pasado la deuda se había elevado en 100 por ciento, ya que por “saldos insolutos” ahora deben 549.1 millones de pesos, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como se recordará, estos siete municipios, con la venia de la LXIV Legislatura veracruzana, conformaron en el 2017 Asociaciones Público- Privadas (APP) con la referida empresa regiomontana, a quien le garantizaron los pagos comprometiendo por periodos de 10 a 15 años las participaciones federales que mensualmente reciben los Ayuntamientos.

Tras la revisión de los datos que aparecen en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la SHCP (https://bit.ly/3pWPgnd), se pudo conocer que por “saldos insolutos”, el saldo a junio de este año por municipio es el siguiente:

• Poza Rica, de 116.6 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 272.1 MDP, esto es, se incrementó en 134.1%.
• Tuxpan, de 64.8 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 108.6 MDP, esto es, se incrementó en 67.5%.
• Medellín, de 47.1 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 73.5 MDP, esto es, se incrementó en 56%.
• Chiconquiaco, de 6 millones de pesos contratados originalmente, la deuda se elevó a 26.8 MDP, esto es, se incrementó en 346.6%.
• Ozuluama, de 12.4 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 28.7 MDP, esto es, se incrementó en 71.8%.
• Ixhuacán de los Reyes, de 9.3 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 19 MDP, esto es, se incrementó en 104.3%.
• Chontla, de 12.4 MDP contratados originalmente, la deuda se elevó a 20.1 MDP, esto es, se incrementó en 62.1%.

En conjunto, de 273 millones 299 mil 571 pesos que originalmente se comprometieron a pagar estos siete municipios en el año 2017, por “saldos insolutos” al monto inicial se le sumaron 275.9 millones de pesos para alcanzar en junio pasado los 549 millones 135 mil 690 mil pesos, lo cual implica el incremento del 100 por ciento.

En el indicador de “Saldo al 30 de junio de 2020” del listado de la SHCP, al pie del número “8” se explica “Se refiere al saldo insoluto de la deuda en pesos, al 30 de junio de 2020, reportado por las entidades de manera trimestral”.



De acuerdo con instituciones bancarias, “El saldo insoluto es la parte de un crédito que aún se encuentre pendiente por pagar”.

Publicaciones especializadas, como “AskRobin”, indican que “El saldo insoluto es el capital más el interés que queda pendiente por pagar de un préstamo o el promedio de una cartera de préstamos (cualquier deuda a plazo, en cuotas, de giros o de tarjeta de crédito, sobre la cual se cobran intereses), para un período de tiempo, por lo general de un mes”.

Una Asociación Público-Privada (APP) es el instrumento legal que facilita a las entidades públicas el acceso a la provisión de infraestructura, bienes o activos para la óptima prestación de los servicios públicos que de acuerdo con la Ley deben prestar.



Se trata de una herramienta financiera que fortalece las finanzas y la hacienda pública al no constituir deuda pública y permitir alcanzar los objetivos y metas para el mejor desempeño de sus funciones, dando como resultado mejores servicios e infraestructura públicos para el beneficio social de los ciudadanos, se expuso el 9 de mayo del 2017 en el Congreso del Estado, cuando se discutió este tema.

Entonces, la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado era la diputada María Elisa Manterola Sainz.

La Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz contempla que los proyectos de Asociación Público Privada regulados por esta legislación, son aquellos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una relación a largo plazo entre el Gobierno del Estado de Veracruz o los municipios y el sector privado, con aportación de capital privado, pudiéndose asociar con la banca de desarrollo para la ejecución de proyectos de infraestructura o prestación de servicios que generalmente ejecuta la administración estatal o municipal.