Devolverán al Poder Ejecutivo nombramiento y remoción de la Fiscalía General

El Congreso de Veracruz discutirá este martes el dictamen que modifica el proceso de designación, duración, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, lo que derivaría en la salida de Verónica Hernández Giadáns del organismo autónomo.

Fuentes del Congreso confirmaron que en una sesión nocturna el pleno discutirá el dictamen que plantea un modelo en el que el Ejecutivo propondrá a la persona titular de la Fiscalía, mientras que el Legislativo deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles si aprueba el nombramiento, sin que sea indispensable la mayoría calificada.

De acuerdo con la información recabada, las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia integraron en un solo proyecto las iniciativas presentadas por los diputados Diego Castañeda Aburto, Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila, cuyo eje común es la reconfiguración del diseño institucional de la Fiscalía y la reducción del periodo de encargo actualmente de 9 años.



¿Qué establece el proyecto?

El dictamen establece que el nombramiento del Fiscal General será realizado a propuesta de la persona titular del Ejecutivo y se someterá a la aprobación de dos terceras partes de las diputaciones presentes. Si el Congreso no resuelve dentro del plazo establecido, el nombramiento se considerará aprobado. En caso de rechazo, el Ejecutivo deberá enviar una segunda propuesta, y si tampoco se resuelve, podrá nombrar directamente a la persona titular entre las dos propuestas presentadas.

El documento señala que el modelo actual ha generado periodos prolongados de vacancia y espacios de negociación política que no garantizan eficacia institucional. Las comisiones dictaminadoras argumentaron que los procedimientos basados en convocatorias y listas “pueden generar negociaciones, dilaciones y falta de coordinación institucional”, por lo que optaron por un método que describen como “cadena clara de responsabilidad” entre Ejecutivo, Congreso y Fiscalía.



El dictamen fija un periodo de cuatro años para quien encabece la Fiscalía, con posibilidad de una única ratificación por un segundo periodo. La eventual ratificación quedará en manos del Ejecutivo, que deberá informar al Congreso para la toma de protesta. Si no existe ratificación, se aplicará nuevamente el procedimiento completo de designación.

Remoción

Sobre la remoción, la reforma prevé que el Ejecutivo pueda separar del cargo al titular de la Fiscalía por causas graves previstas en la ley. El Congreso podrá objetar la remoción con la misma votación con la que se avala el nombramiento. Si no existe pronunciamiento en cinco días hábiles, la remoción se considerará firme.



El dictamen incorpora un plazo de cinco días hábiles para que el Congreso resuelva en todos los supuestos y elimina procedimientos considerados inoperantes. De acuerdo con las comisiones, este ajuste busca evitar vacíos prolongados y garantizar “celeridad en decisiones críticas relacionadas con la procuración de justicia”.

El proyecto modifica también los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General, que incluyen nacionalidad mexicana por nacimiento, mínimo treinta años de edad, título de licenciatura en Derecho con al menos cinco años de antigüedad, no haber sido condenado por ciertos delitos y acreditar evaluaciones de control y confianza. El dictamen añade que el perfil deberá incluir conocimiento jurídico, experiencia en procuración de justicia, capacidad directiva, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

Las comisiones afirmaron que el nuevo diseño se armoniza con el modelo federal previsto para la Fiscalía General de la República y con mecanismos vigentes en otras entidades. Señalaron que no se elimina la autonomía constitucional del órgano, sino que se redefine su interacción institucional para asegurar coordinación entre poderes y un sistema de evaluación basado en resultados.



Con la reforma, el Ejecutivo también tendrá la facultad de proponer a la persona que deba ocupar el cargo ante una ausencia definitiva. El Congreso dispondrá nuevamente de cinco días hábiles para resolver y se aplicará el mismo mecanismo en caso de no aprobación o falta de pronunciamiento.

El dictamen incluye un régimen transitorio que fija un plazo de ciento veinte días para que el Congreso realice modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El documento fue firmado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, integradas por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Diego Castañeda Aburto, Luis Vicente Aguilar Castillo, Adrián Sigfrido Ávila Estrada e Ingrid Jeny Calderón Domínguez. Cabe señalar que durante las últimas horas se han mencionado nombres de posibles propuestas de la gobernadora, Rocío Nahle, sin que alguno sea oficial hasta el corte de esta edición.



Una reforma constitucional en Veracruz es válida cuando el Congreso del Estado la aprueba con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, remite el proyecto a los Ayuntamientos dentro de los cinco días hábiles siguientes y, en un plazo de treinta días naturales, la mayoría de los Ayuntamientos la aprueba de forma expresa o por afirmativa ficta.

Una vez reunidas esas aprobaciones, el Congreso realiza el cómputo, emite la declaratoria correspondiente y envía el decreto al Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, momento en el que la reforma se integra al texto constitucional.