Difieren por tercera ocasión audiencia de Duarte por presunto desvío de recursos

La ausencia de la defensa particular volvió a frenar el arranque del proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, luego de que un juez difiriera por tercera ocasión la audiencia inicial por el presunto desvío de 5 millones de pesos, imputación que mantiene pendiente una nueva acusación en su contra.

Javier Duarte de Ochoa explicó ante el juez que sus abogados, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, no acudieron a la diligencia debido a que se encuentran hospitalizados, por lo que solicitó reagendar la audiencia para continuar con la misma representación legal que lo ha acompañado durante más de una década.

El exmandatario argumentó que debe prevalecer el derecho a la salud de sus defensores y a una defensa adecuada, y rechazó que la solicitud tenga como propósito retrasar el procedimiento. Sostuvo que la legislación no establece un plazo perentorio para la celebración de la audiencia inicial.

En la sesión, el fiscal Julián Antonio Cobos se opuso a la suspensión y pidió al juez Gustavo Aquiles Villaseñor designar un defensor de oficio para continuar con la imputación. Señaló que el proceso ha sido aplazado en repetidas ocasiones y afirmó que se han utilizado mecanismos dilatorios para evitar el desahogo de la diligencia.

El Ministerio Público también expuso que la abogada Jimena Paola Martínez ha participado previamente como integrante de la defensa de Duarte, pero tampoco compareció en esta ocasión, lo que, dijo, evidenciaba la necesidad de nombrar representación pública.

Pese a los señalamientos de la Fiscalía, el juez resolvió diferir la audiencia y programarla nuevamente para el jueves 12 de febrero a las 09:15 horas. Advirtió que, de no presentarse la defensa particular en esa fecha, se procederá al nombramiento de un abogado de oficio.
Duarte rechazó esa alternativa y reiteró que esperará a sus defensores privados para asegurar, según afirmó, una defensa integral. Insistió en que el aplazamiento no debe interpretarse como un intento de evadir la justicia.

El exgobernador fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y cumple una condena de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Además, la Fiscalía General de la República prevé formular el 12 de febrero una nueva imputación en su contra por el presunto desvío de recursos federales destinados a un fondo de apoyo para personas con discapacidad, delito que podría alcanzar hasta 14 años de prisión y modificar su situación jurídica.