Diputados rompieron gradualidad en los juicios orales; los pospusieron al 2016

Aunque en Veracruz, los diputados rompieron el esquema de gradualidad en la oralidad de los juicios y lo pospusieron para el 2016, el proceso es "irreversible" porque no se trata solamente de la legislación procesal penal la que es válida en este momento, antes está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la par, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, definió Salvador Martínez y Martínez, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y quien fuera hasta hace unos meses Secretario Técnico del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en Veracruz.

En entrevista, expuso que de esta manera, quienes deben ser enérgicos y quienes deben actuar para hacer valer lo que ya es una norma en nuestro País, en Veracruz, son los abogados, los ciudadanos, aunque la autoridad diga que se iniciará hasta dentro de dos años, los abogados pueden aludir a la vigencia de los tratados internacionales, ya que en la realidad estamos faltando a éstos.

Un caso específico de esto es el de Liliana González Morales, la joven estudiante y docente de la Universidad Anáhuac, quien pudo haber salido bajo fianza faltando a la ley, pues para que el juez de control tomara la decisión de liberarla se requería de un estudio en una unidad especializada en medidas cautelares que hasta hace unos meses no existía.



El actual catedrático de algunas universidades privadas recordó que la Constitución sufrió sendas reformas en materia de derechos humanos en el año 2011 para precisamente hacer valer los tratados internacionales en dicha materia, lo que quiere decir, que esto ya vale en México.

Además, las reformas en materia del juicio de amparo cuenta en estos momentos en Veracruz, "no se puede evadir".

En ese sentido, refirió que el órgano legislativo de Veracruz rompió el esquema de gradualidad de la oralidad de los juicios, de pronto expuso sus motivos y se dejó de pensar en continuar el nuevo sistema de justicia penal y se traslada hasta el 2016.



"El órgano legislativo pospone el inicio de los juicios orales en los distritos judiciales del norte, centro y sur de Veracruz cuando unos estaban programados para este año, otros para el 2015 para su arranque y rompen el esquema de gradualidad. Sin embargo, la pelota está en la cancha de los abogados, aunque somos muy dados a deslindar la responsabilidad a los gobernantes, al MP o al Poder Judicial, pero el protagonista de todo esto sigue siendo el Poder Judicial, jueces, tribunales, pero en este momento quienes deben actuar y en la medida que sean enérgicos, son los abogados y los ciudadanos", opinó.

Aseveró que lo que se ha llamado tradicionalmente participación ciudadana tiene una importancia peculiar, pero hay que poner el acento en los abogados, en su actuación, porque ellos son los que pueden hacer valer los principios y derechos válidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

"La autoridad puede decir que iniciará con el nuevo sistema de justicia penal hasta el 2016, pero los abogados pueden decir, ya hay vigencia de tratados internacionales", aseveró.



Puntualizó que de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales todavía vigente en Veracruz, en los distritos judiciales de Xalapa, Coatepec, Córdoba y Jalacingo, las víctimas tienen derecho a un abogado, a un asistente jurídico.

Para hablar de un caso concreto, respondió sobre el caso de Liliana González Morales, la joven que arrolló a dos personas en el Arco Sur durante una manifestación y en donde el juez de control decidió que saliera en libertad.

Ahí expuso que para tomar una decisión, el juez de control necesitaba un estudio de una unidad especializada en medidas cautelares, pero hasta hace unos meses que fungió como Secretario Técnico del Consejo Consultivo para la implementación de la oralidad en Veracruz, dicha unidad no existía.



"Por ahí hay una falla, ¿hay este estudio, lo hicieron, quién lo hizo?, ese punto es peculiar, pero quien tenía que haber actuado con rapidez, agilidad, con eficacia, eficiencia, en esos momentos para poner en evidencia que algo faltaba para dar la concesión de la fianza, que fue la medida cautelar que se tomó, pues el asistente, el abogado de la víctima, ¿quién es, existe, le nombraron un abogado asistente a las víctimas?", cuestionó.

Salvador Martínez y Martínez recordó que la Constitución señala que la prisión debe ser una medida cautelar excepcional, lo cual se refiere a los delitos graves y la tentativa de homicidio, es grave y Liliana estaría bajo dicha circunstancia.

A todo esto y en un panorama más amplio de lo que está pasando en Veracruz en cuanto a los juicios que se están enfrentando y que tal pareciera que los presuntos delincuentes están en ventaja sobre las víctimas; pidió comprender los problemas que tiene la autoridad judicial para la construcción de las salas de juicios orales.



"Creo que es un problema económico que la propia Federación está tratando de salvar, el Estado tendrá que poner su parte al respecto, pero ya se tienen que tomar cartas en el asunto, porque un abogado con un planteamiento adecuado, podría hacer valer que ya el proceso penal acusatorio está en vigor en todo el País en virtud de los tratados internacionales que rigen al respecto, no por lo que digan las leyes internacionales o locales, este punto me lo pueden discutir muchos abogados, yo trataría de sostener mi punto de vista", sostuvo.

Expresó que las condiciones suficientes para echar a andar el sistema en todo el Estado nunca van a estar dadas, aunque las condiciones mínimas necesarias están dadas.

Por ejemplo, para el caso de las salas de juicios orales el Poder Judicial pudo haber hecho adecuaciones para lograr la meta, eso sí, se ven "palacios de justicia que son costosísimos se están levantando con un alto costo, uno diría frente a estos palacios de justicia que las salas de juicios orales pudieron haber sido hechas en su momento, incluso podrían todavía hacerse".



Reflexionó que era antes tanta la preocupación por los imputados, por los acusados de un delito, que pareciera que la atención especial que tenía la Constitución sobre las víctimas fueron olvidadas.

Por ello, consideró que la atención se debe prestar sobre todo a las víctimas y hay que entender que las personas más victimizables son las mujeres, los niños y los ancianos, sectores muy vulnerables, que producen mucha sensibilidad en el medio.

"Este punto tendrá que ser reconsiderado por los ciudadanos, por los abogados y por supuesto de las autoridades. La voluntad política del gobernante, en Veracruz al menos se ha manifestado... no pude comprender por qué decidieron quebrar el esquema de gradualidad, yo había hecho una propuesta de un retraso, pues acaba de aprobarse el Código Nacional de Procedimientos Penales, se requería un retraso, no un quiebre total", manifestó.