El 30% de los indígenas presos tuvo un mal proceso judicial: Abogado

En los Centros de Reinserción Social de Veracruz hay un promedio de 500 y 700 causas penales radicadas en contra de igual número de indígenas, de las cuales, el 30 por ciento tuvo un mal proceso judicial y pese a estar acreditada su inocencia fueron sentenciados; en otros casos, los presos indígenas prácticamente están incomunicados.

Agustín Carpio Pérez, abogado y Jefe del Protocolo Náhuatl en Veracruz, reconoció que hay una serie de irregularidades en esos procesos que tienen recluidos a muchos inocentes.

Expuso que en algunos casos los indígenas llevan alrededor de 5 años o más en la cárcel y muchas veces son trasladados a otros penales sin importar su lengua madre, por lo que prácticamente están incomunicados.



Aunado a ello, se estima que cerca de 400 indígenas sentenciados han purgado el 50 por ciento de sus condenas, por lo que a través del programa “Veracruzano Inocente” se podrá promover un recurso incidental para que puedan alcanzar la libertad anticipada.

Agregó que despojo, abigeato y robo son los delitos por los que más son acusados los indígenas e incriminados por otras personas.

Reconoció que hoy haya mayor interés por los pueblos originarios cuya población, muchas veces se encuentra privada de su libertad como resultado de su ignorancia o la pobreza extrema, que

los lleva a robar un pan para alimentar a sus familias. O incluso, por robar medicamentos.

No justificó esos casos, pero calificó de “aberrante” que no se actúe con apego a la Ley para dar elseguimiento adecuado y se aplique la justicia.



Añadió que con el programa “Veracruzano Inocente” se busca revisar los casos de estos indígenas para demostrar que sí hubo alguna violación a sus derechos humanos durante los procesos judiciales que enfrentaron.

“Muchas veces no saben nada, no tienen la mínima idea de cuáles son sus beneficios y cuál era el trato que debieron haber tenido”.

El abogado consideró que el Estado debe respetar la autonomía de los pueblos indígenas y a su vez complementar la aplicación de una buena justicia, pues por la ubicación de los pueblos se encuentran alejados de las fiscalías especializadas dejando sin valor las actas que se realizan en los mismos lugares para llegar a acuerdos.



Por ello, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a los jueces y a los fiscales especializados velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas en Veracruz.