El liderazgo que la UV necesita (lll)

La verdadera proyección universitaria descansa en el talento académico de prestigio y en el talento joven. El primero es crucial tanto para la consolidación de los cuerpos académicos existentes como para la agrupación de los mismos en redes de colaboración dedicadas a temáticas que requieren un enfoque transdisciplinario y que son de alto impacto social. La identificación del talento joven es indispensable para que, una vez que se apuntale su formación en posgrados acreditados en el país y el extranjero, renueven o fortalezcan la planta académica. Un terrible desperdicio sería alentar su preparación “de alto nivel” en programas e instituciones ubicadas a la vuelta de la esquina, de impugnable calidad y validez.

Una universidad dispuesta a destacar y competir en el ámbito nacional e internacional debe considerar seriamente una política institucional encaminada a la integración funcional en redes colaborativas de sus cuerpos académicos. El perfil socioeconómico y las necesidades urgentes de su entorno inmediato son un primer referente para la identificación de los temas transdisciplinarios a abordar. A ellos se deben sumar asuntos puntuales que destacan en un mundo interdependiente y para los que se cuente con capacidad de respuesta institucional. Además, hay que considerar que el talento experto en otras regiones del mundo está accesible y dispuesto a colaborar si se actúa con seriedad y convicción.

Gracias a la tecnología actual, es posible fortalecer las redes de colaboración institucional sumando el conocimiento internacional más avanzado en el logro de objetivos comunes. Ello permite conjuntar el saber universal tanto para la solución experta de problemas locales como para temas prioritarios de orden global. La conjunción de talento experto de clase mundial también es muy útil para la generación de aliados y financiamiento multisectorial proveniente de todas partes. ¿Qué mejor que organizar la formación de las nuevas generaciones apoyada por investigaciones de frontera y por experiencias pioneras en el campo real de acción profesional?



De ahí la insistencia de que la Universidad Veracruzana necesita un liderazgo con una sólida formación académica demostrable y una destacada trayectoria en gestión directiva que le permita convocar y dialogar con académicos de diversas disciplinas y reconocida trayectoria para que coadyuven en el diseño y puesta en marcha de un programa ambicioso y realista de trabajo institucional. Recordemos que la esencia y misión de la universidad son sus funciones de docencia, investigación y extensión. Y es el trabajo colegiado en esas funciones el que posibilita la definición de prioridades institucionales en materia de innovación y relevancia social.

Ciertamente, también se requiere talento en la operación del sistema de administración para que cumpla con las normas y los estándares de una función que sólo tiene sentido como soporte a lo sustantivo. La administración debe abrir canales de opinión experta sobre la inversión en infraestructura, equipamiento y materiales de apoyo académico. Aunque un primer aporte de ese tipo se obtiene en la definición de necesidades implícitas en los programas de trabajo de las diversas entidades académicas; se debe asegurar una segunda etapa de contribución al integrar expertos académicos en los diversos comités a cargo de inversiones y proyectos ejecutivos.

Por ejemplo, una visión académica en tales comités podría alertar sobre el costo-beneficio diferencial de invertir en la colocación de azulejos en las paredes interiores de instalaciones universitarias o, en equipar centros de investigación y laboratorios.



Tales comités, de naturaleza mixta, también pueden coadyuvar a que los proyectos de remodelación de instalaciones no extiendan sus tiempos y costos más allá de lo estipulado en los contratos y que éstos cumplan con las normas obligadas de prioridad, transparencia y pulcritud. Un tema aparte sobre la función administrativa es el relacionado con la fiscalización del gasto realizado por la Junta de Gobierno que, como ya lo señalé, debe mantenerse tal y como lo ha dispuesto la Ley de Autonomía de 1996.

Otro asunto tiene que ver con las instancias de fiscalización federal y estatal que han impuesto indebidamente exagerados procedimientos y llenado de formatos que atentan contra el ágil funcionamiento universitario y que no agregan certidumbre sobre la transparencia administrativa. A estos dos puntos me referiré en la próxima entrega.