El perito que practicó la necrocirugía a Ernestina debe ser protegido

Ante el sostenimiento de los resultados de su necropsia del 26 de febrero de 2007 practicados a la indígena de 73 años, Ernestina Ascensio Rosario, el perito Juan Pablo Mendizábal Pérez, requiere que “el propio doctor pida medidas para su protección”, recomendó María del Pilar Noriega, de la organización Abogados y abogadas por la Justicia y los Derechos Humanos, quien aseguró que independientemente de que la familia se haya abstenido de conocer la verdad sobre la muerte de su parienta, “la sociedad requiere conocer la verdad.”

Durante su participación en el evento “Ernestina, Reclamo de justicia...un año después” la abogada ponderó el valor del médico que a pesar de todas las presiones y de que en la recomendación 34 del 2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le pide al Gobierno del Estado que se investigue el proceder del médico “porque no actuó a petición del Ministerio Público, sino por el cumplimiento de su deber”.

En el acto en donde había unos 50 asistentes, 4 reporteros y unos siete “informadores políticos” conocidos y siete grabadoras encima de la bocina participaron los representantes del CESEM, la CROISZ, el CFX y Xochiquetzal AC, Noriega dijo se debe aplaudir al médico que se sostiene en su dictamen y a la perita química, Ana María Roldán, quien aún vio con vida a Ernestina y que dice que ella misma afirmó que fue violación.

Y explicó los puntos más débiles y contradictorios de la recomendación de la CNDH, entre ellos el de la página 360 en donde se asienta que hay un testimonio que se obtuvieron muestra de semen que se hace por procedimiento, pero lo absurdo es que se decrete una muerte natural y que no hubo violación, cuando muchos indicios marcan que sí la hubo, argumentando problemas con la traducción del náhuatl.

La defensora de los activistas de organizaciones no gubernamentales sostuvo que la falta de custodia de las muestras que sirven como prueba y de los cuerpos mismos de investigación “es parte de la cotidianidad del trabajo policiaco en nuestro país”, por lo que es irrelevante que se haya desechado las muestras como prueba, porque se hayan echado a perder.

Quien también fuera Primera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que lo grave aquí es que la CNDH, en lugar de sentar un precedente para que se realice una investigación adecuada, por los puntos de recomendación que tiene sobre una cadena de custodia, por otro lado la recomendación y el contenido contradictorio, “puede ser motivo que en el futuro las autoridades duden de dar testimonios veraces y actúen en consigna más que por el deber.”

En torno a la traducción del náhuatl, que es otro de los argumentos de la CNDH "los que conozcan esta lengua y la tradición del idioma son quienes deben tener su propia opinión y los ciudadanos tener su propio criterio porque parece un matiz decir que Pinome Xoxoke nopan omotlatlamotlake, se traduce como “acercarse a mí o echarse a mi”.

Y sentenció que independientemente de que la familia que haya querido abstenerse de llegar al fondo del asunto, la sociedad tiene derecho a saber la verdad, como sucedió con la recomendación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera para el caso de la violación de las hermanas Serrano Cruz en El Salvador.

Momentos antes María del Monserrat Díaz, representante del Colectivo Feminista de Xalapa, quien hizo un recuento del caso a un año de sucedido, había dicho que este feminicidio de la indígena sirvió para que la ley de acceso para una vida sin violencia a las mujeres de Veracruz, se incluyera una alarma de género en los municipios en donde se presenten violaciones o arbitrariedades para evitar que la impunidad favorezca que se siga dando la agresión hacia el género.