Elecciones en México

Definir el problema del contexto sobre el cual, hoy queremos dar opinión, implica observar las cosas desde muy alto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” (Artículo 21, punto 3).

Desde esta posición, se percibe con prístina claridad el ideal de justicia para todo régimen de derecho. Planteado de este modo, el problema se distingue con nitidez. En México existe una amplia brecha entre la realidad histórico-social y aquel ideal que aspira a la universalidad. No es casualidad que Ignacio Ellacuría observe el derecho proclamado como una deuda para con los pueblos oprimidos y las mayorías populares. El significado del diccionario (RAE) que utilizaremos de la voz elección es “Emisión de votos para designar cargos políticos”.

La novedad, si es que la hay, es que cuando volvemos a pisar el terreno firme del orden jurídico positivo mexicano encontramos los Derechos Humanos en bloque. La cúspide normativa de la pirámide de origen kelseniano ya no es una norma presupuesta, sino que es un bloque de Derechos Humanos. En efecto, el cambio en la noción de Supremacía constitucional radica en que el texto de los tratados internaciones en materia de Derechos Humanos también es texto constitucional, ni arriba ni debajo de la Ley suprema sino dentro de ella.



Es necesario ejemplificar con tres textos jurídicos que se encuentran en el mismo plano, aun cuando parezca que no es así. Iniciemos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 [Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: …Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;…” (Artículo 25).

Luego, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: …de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, …” (Artículo 23, punto 1, inciso b).

Después, el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, …” (Artículo 41, párrafo tercero).



Tres máximas resaltan en estos textos por su relevancia para las elecciones:

1. La libertad de las elecciones (Su contradicción, por ejemplo, es la compra y coacción del voto).
2. La autenticidad de las elecciones (Su contradicción más significativa es el fraude electoral).
   
   
   
3. La periodicidad de las elecciones (Un ejemplo reciente de su contradicción fue la fallida pretensión de ampliar el periodo para el cual fue electo el gobernador de una entidad federativa mexicana).

El 1 de junio de 2021 el Estado mexicano tendrá una Jornada electoral mayúscula. Además de las elecciones federales de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, habrá elecciones en treinta y dos entidades federativas Treinta elecciones locales de los integrantes de los Ayuntamientos municipales y de los Congresos de los Estados federados. En quince de estos se elegirá al gobernador del Estado.

En septiembre de este año de 2020, arrancan en México los procesos electorales que, una vez más, pondrán a prueba las máximas enunciadas. El nudo de la cuestión es que, soterradamente, y en ocasiones descaradamente, se escuchan palabras y discursos altisonantes que constituyen o pueden constituir actos anticipados de campaña. Pero, lo más grave, es que estos actos están enmarcados por el redoble de tambores de guerra.



No consideramos incurrir en catastrofismos si advertimos un riesgo para las elecciones en México, en la relación con el sistema político: la cuestión no es únicamente si las elecciones del 2021 serán competitivas (el elector ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales); semicompetitivas (las máximas de libertad y autenticidad se ven limitadas en algún grado): o, si serán elecciones no competitivas (cuando esas máximas están vedadas para el elector). La cuestión es ¿Está en riesgo la civilidad del pueblo mexicano?

Pensemos en las vías de solución, desde la perspectiva de cada quien. Hace ya un buen número de años, en nuestro país, se integró una red social (no virtual sino real) con expresidentes de organismos electorales de las entidades federativas de la Federación mexicana. Todo comenzó con una reunión en Guadalajara, Jalisco, con el único propósito de celebrar la amistad cívica. Pero, las redes sociales virtuales favorecieron la sana cercanía entre los integrantes del grupo, todos con muy diversos puntos de vista.

Si no fuera porque en el grupo aún hay mucha juventud y, en algunos casos, mucha juventud acumulada, aseveraríamos que mediante la amistad cívica estamos dentro de un consejo de ancianos y, por tanto, nos corresponde compartir experiencia y sabiduría. Entendida ésta última, no como erudición (aunque haya en el grupo más de un erudito) sino como un saber qué hacer en situaciones conflictivas concretas. Todos o la mayoría de los integrantes del grupo somos académicos. Hoy, ninguno tiene impedimento para militar o simpatizar con algún partido político, pero algunos -más de uno- seguimos confesándonos apartidistas.



Afirmar que hacemos política no significa que nos estemos metiendo en el problema, quiere decir que estamos adentro. A la pregunta de cómo hacer la política, cada cual tendrá su respuesta. Por nuestra parte, le apostamos a la educación cívica bajo la Carta Magna y apelamos al saber de este grupo, que también es multidisciplinario, para que evalúen si se van logrando las metas.

Tres advertencias: (1) con la expresión “gente sencilla” nos referimos a los legos en la materia, es decir, ciudadanos faltos de instrucción, ciencia o conocimientos en derecho electoral; (2) la clave de interpretación de las normas jurídicas seguirá siendo el saber de las abogadas y de los abogados; y, finalmente, (3) no se vale emplear criterios del pasado para evaluar lo que sucede en los tiempos hodiernos. Es una gran mentira pretender que todo tiempo pasado fue mejor.

Iniciemos soltando una idea primera “…el objetivo del proceso electoral excede en importancia al de los procesos jurisdiccionales; tiene como protagonista a un país entero y toca un aspecto clave de su vida civil: la representación política del pueblo en órganos de dirección del Estado.” (Walter Antillón).



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