En último año de Cuitláhuac, ASF detecta presuntas anomalías financieras por 70 mdp

Con base al Informe de Resultados de la Cuenta Púbica 2024 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia que preside Javier Herrera Borunda, el Gobierno de García Jiménez es el segundo más observado, después de Jalisco que tiene un presunto daño patrimonial por 83 millones 431 mil pesos.

Las irregularidades en la aplicación de recursos federales se observaron en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Al Gobierno de Veracruz se aplicaron 3 auditorías en las cuales para revisar gasto, ingreso, deuda, cuentas de balance, fideicomisos y proyectos de inversión.Sólo una de las 3 auditorías, la relacionada con la distribución de las participaciones federales no registró observaciones.

Y no todas las auditorías reportan montos auditados, ya que existen revisiones cuya finalidad es la revisión en el cumplimiento en la transferencia de los recursos y no su ejercicio.

Observaciones en manejo de recursos federales en el DIF Estatal

En el DIF Estatal se presume un probable daño por 16 millones 842 mil 733.68 pesos por no acreditar con el padrón de beneficiarios del programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia, ni con el soporte documental correspondiente, las entregas de los apoyos a los beneficiarios finales de los bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Otro monto observado es por 3 millones 932 mil 231.36 pesos por proporcionar apoyos no acreditados a mil 487 beneficiarios de los programas denominados “Alimentación Escolar Fría”, “Alimentación Escolar Caliente”, “Atención Alimentaria en los primeros 1000 Días”, “Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios”, “Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre” y “Salud y Bienestar Comunitario” identificados como decesos.

Y 203 mil 379.87 pesos por pagar conceptos de obra no ejecutada del contrato número IEEV-FAMS-2024-108, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Veracruz.

Adicionalmente, el DIF Estatal abrió una cuenta bancaria productiva y específica destinada para la recepción y manejó de los recursos del fondo, en el componente de Asistencia Social, en la cual se generaron rendimientos financieros por 2 millones 875.7 mil pesos y en la que no se incorporaron recursos de otros ejercicios fiscales ni de otras fuentes de financiamiento.

Anomalías en el Instituto Veracruzano de Espacios Educativos

Respecto al Instituto Veracruzano de Espacios Educativos se dio a conocer que hay 5 millones 505 mil 667.85 pesos pendientes por aclarar. Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

Entre las irregularidades se señala un probable daño patrimonial de 636 mil 137.56 mil pesos por no aplicar las penas convencionales por incumplimiento en la entrega extemporánea de bienes estipulados en contratos.

Asimismo, se presume un probable daño patrimonial por 3 millones 891 mil 185.38 mil pesos por no haber acreditado en los plazos establecidos la amortización de los anticipos otorgados conforme a 13 contratos.

En el reporte se presume un probable daño patrimonial por 119 mil 393 pesos por no acreditar la recepción de 215 piezas de uniformes por concepto de prestaciones sociales para el personal administrativo adscrito a diferentes planteles del CONALEP.

La Auditoría Superior de la Federación detectó en el IVEA un probable daño o perjuicio por un millón 458 mil 090 pesos por realizar pagos con recursos del fondo de los cuales no se presentó la documentación o evidencia que acredite que servicios de seguridad y vigilancia.

Asimismo, hay un probable daño patrimonial de 1.5 millones pesos por realizar pagos con recursos del fondo de los cuales no se acreditaron fehacientemente una serie de servicios e diversos contratos.

Y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) existe un presunto daño patrimonial por 119 mil 393 pesos por no acreditar la recepción de 215 piezas de uniformes por concepto de prestaciones sociales para el personal administrativo adscrito a diferentes planteles.