En Veracruz, condonan pago de tenencia, multas y recargos al transporte público

El Gobierno del Estado condonará al 100% el pago del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos y sus accesorios, así como la actualización, los recargos y multas a las personas físicas o morales, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular del Servicio Público, que se hayan causado en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

La condonación de la actualización, los recargos y multas se otorgará siempre y cuando se paguen los derechos de control vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

Ambos beneficios surtirán sus efectos cuando los propietarios de vehículos del servicio público de transporte los den de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de este año.



Los pagos efectuados conforme a los beneficios concedidos no darán lugar a devolución alguna; mientras que la Secretaría de Finanzas y Planeación, estará facultada para la interpretación y aplicación del Decreto, pudiendo emitir las disposiciones administrativas necesarias para su aplicación, las cuales deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

El decreto emitido por Cuitláhuac García Jiménez, señala que el titular del Ejecutivo podrá condonar el pago de contribuciones y sus accesorios a contribuyentes, entre otros, cuando se trate de impedir que se afecte la realización de una actividad; lo cual en este caso se actualiza porque la actividad relacionada con el transporte público requiere de atención inmediata con el propósito de evitar escenarios menos favorables para este sector y de esta manera permitir que mediante diversos beneficios fiscales de apoyo temporal regularicen su situación fiscal y fortalezcan su patrimonio familiar, garantizando asimismo la seguridad de los usuarios de este servicio público.

Además, el otorgamiento indiscriminado por parte de administraciones pasadas de concesiones del servicio público ahoga el mercado laboral del transporte

y esto afecta los ingresos de los concesionarios y, en consecuencia, incide en la calidad de la prestación de este servicio.