A cuatro meses de que concluya el plazo que tienen las entidades federativas del país para elaborar las leyes reglamentarias que regulan la actuación del Ministerio Público del fuero común en casos de narcomenudeo, en Veracruz aún no han iniciado los trabajos.
Además, el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, José Alberto Sosa, vio “con buenos ojos” la iniciativa del Consejo de la Judicatura Federal de hacer una revisión al patrimonio de jueces y magistrados para evitar casos de enriquecimiento ilícito.
Entrevistado al término de la sesión del Consejo de la Judicatura, manifestó que el Congreso del Estado es la instancia encargada para elaborar la Ley Reglamentaria.
“Nosotros estamos preparados para el efecto de que cuando la Ley Reglamentaria esté lista para empezar a aplicarla. Dependerá de lo que es el Congreso del Estrado quien tenga esta ley para poder aplicarla; tenemos un tiempo y creo que sí nos puede dar ese espacio para que nosotros ajustemos los momentos para conocer de ese tema”.
Lo cierto es que ya no habrá otra prórroga para la entrada en vigor de las reformas constitucionales por lo que, en el caso de Veracruz, los jueces están listos para atender ese tipo de casos.
En ese sentido -dijo- dependerá de la formación personal de cada uno de los jueces el tener o no tener miedo para atender casos de narcomenudeo y recordó que la figura de los jueces sin rostros que se implementó en Colombia para proteger a los juzgadores, no funcionó.
Por otra parte, en torno a la iniciativa del Consejo de la Judicatura Federal de hacer una revisión al patrimonio de jueces y magistrados, con la finalidad de evitar enriquecimiento ilícito, Sosa Hernández expuso que esa disposición se ve “con buenos ojos”.
“Lo vemos con tan buenos ojos que nosotros ya tenemos precisamente esta forma dentro de lo que es la función de la Contraloría (interna), que es la instancia que se encarga de analizar, revisar y darnos a nosotros la información debida para evitar que exista alguna irregularidad en ese aspecto; en caso de que haya alguna irregularidad, el Consejo de la Judicatura tomará esa información y en su momento procederá a resolver esa situación”.
"Cuando un juzgador se incorpora al Poder Judicial debe presentar una declaración de situación patrimonial y ésta tiene que ser actualizada año con año, es un mecanismo que permite detectar cualquier irregularidad en los bienes de los jueces y magistrados".
Y aseguró que hasta el momento no se tiene información alguna de irregularidades en el patrimonio de jueces o magistrados, “pero si la hay, tenemos que iniciar una investigación”.
Los jueces –agregó-- viven bien porque tienen un sueldo decoroso y son personas probas mientras no se demuestre lo contrario.