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Entre pesares, angustias e incertidumbres

Jorge E. Lara de la Fraga 10/02/2016

alcalorpolitico.com

Aunque se publicó que se hallaron los restos de 2 de los muchachos buscados, no se sabe de los otros 3 y prosiguen los secuestros.
 
            El tema es difícil, complicado y peligroso pero hay que abordarlo; una comunidad civilizada y pensante no puede permanecer al margen de la tragedia que ocurre en su entorno ni tampoco evadir su compromiso moral con los seres en desgracia. Entrando en materia puedo manifestar que ya pasó un mes de la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente Veracruz, mismos que fueron detenidos en la localidad de Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal y entregados a integrantes de la delincuencia organizada, sin que hasta el momento las autoridades hayan resuelto en su totalidad el caso, a no ser por la aprehensión de 7 uniformados y de 3 hampones involucrados en el suceso delictivo. Los padres y familiares de las víctimas han tocado varias puertas, se han entrevistado con los medios y agrupaciones civiles, pero únicamente han recibido promesas y testimonios de solidaridad.
 
            La semana pasada el obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, llamó a los familiares de los desaparecidos a denunciar los casos y exigir justicia a las autoridades. El citado prelado religioso se trasladó a la ciudad de Tierra Blanca para oficiar una misa con relación al hecho lamentable del 11 de enero y cohesionarse con los familiares de las víctimas. En su mensaje fue claro y preciso: “Que no parezca que no pasa nada, que no parezca que son excepciones, esto es algo que sucede todos los días, un día y otro día …” Reconoció el esfuerzo de todos los involucrados para hacer que su causa fuera atraída por las instancias federales y se reforzaran las acciones de búsqueda y localización de los jóvenes. Culminó en los siguientes términos: “Es admirable la perseverancia, la forma en que se están conduciendo. Hay que perseverar en la oración y ustedes lo están haciendo en cuanto a pedir justicia … qué bueno que más familias se animaron a denunciar sus casos … tenemos que hacer algo desde la familia; la sociedad tiene que estar vigilante, aun cuando exista temor por la integridad…”
 
            Con el reconocimiento pleno al obispo de la Diócesis de Veracruz, que lleva a la práctica las directrices pastorales del Pontífice Francisco, tengo que indicar que nuestra entidad veracruzana representa un trágico foco rojo por cuanto al renglón de la seguridad pública en el escenario nacional, pues además de los acontecimientos de violencia del año pasado y del presente 2016, existen cifras que nos ubican negativamente con respecto a los demás estados de la Nación. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), entre el 2010 y el 2014 inició 189 averiguaciones por casos de desapariciones forzadas, donde los años 2013 y 2014 han sido los períodos más sombríos por cuanto al incremento de ese delito, estableciendo cuantitativamente que Veracruz es el espacio donde más personas han sido desaparecidas de manera forzada por funcionarios, totalizando 51 denuncias y seguido por el estado de Tamaulipas con 35. A esas 189 averiguaciones previas iniciadas por la PGR en los últimos 5 años (2010-2014), sólo por el delito de desapariciones forzadas, se deben sumar las más de 22,322 personas desaparecidas que existen en el país, según las cifras oficiales al respecto, donde las causas primordiales son del orden político, social y aquellas cometidas por la delincuencia organizada.
 
            Tengo conocimiento que en la legislación veracruzana no existía artículo alguno que aludiera a la desaparición forzada hasta el 2013 y que afortunadamente en junio de 2014 se modificó el Código Penal del Estado de Veracruz para imponer una pena de hasta 30 años de prisión a los servidores públicos que participen en la desaparición de personas, con el agravante si la víctima fallece o es periodista; dicha normativa entró en vigor el 18 de julio de mismo 2014. Es necesario que en nuestra patria chica, en los casos que se amerite, se aplique la respectiva ley y se sancione sin cortapisas a los infractores sin importar jerarquía alguna, pues la comunidad jarocha está harta de tanta impunidad, corrupción e ineptitud gubernamental. “Es lamentable que los gobiernos locales y nacional propicien retrocesos democráticos y de Estado de Derecho al suprimir la libertad de expresión y mermar la seguridad, dejando a merced del crimen organizado a la juventud, a las mujeres, a los periodistas y a los ciudadanos en general…” Hay que armarse de valor para denunciar; muchas personas no proceden por miedo y existe un gran vacío de información sobre este abominable asunto.
 
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