Estallan dentro de Judicatura contra Presidenta de Poder Judicial

Las acciones y omisiones en las que ha incurrido Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), rompen con el debido desarrollo de las funciones administrativas que competen al Consejo de la Judicatura y pone en riesgo la validez de los actos de ese organismo colegiado.

Lo anterior es advertido por el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quienes piden a los togados tomar las acciones que procedan conforme a derecho para restablecer el orden jurídico.

Mediante el oficio JC/035/2020 dirigido a los magistrados integrantes del pleno del TSJ solicitan que convoquen a una sesión de dicho pleno para que la magistrada presidenta rinda un informe sus acciones y omisiones en las que ha incurrido.



Los tres consejeros lamentan que Martínez Huerta se haya negado a convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, tal como se lo pidieron la semana pasada.

Piden que la magistrada presidenta informe sobre la toma de acuerdos para fortalecer las exhortaciones respetuosas que se han hecho en "Mesas de Coordinación para Construcción de La Paz” al Poder Judicial del Estado, para revisar escrupulosamente que los criterios de los jueces no se aparten de la ley, sobre todo por las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en torno a la liberación de presuntos delincuentes por parte de algunos juzgadores.

Que rinda un informe con relación a las observaciones derivadas de la entrega/recepción de la Dirección General de Administración.



Y que se revisen los nombramientos expedidos por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, sin la autorización del Pleno y en franco incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 62, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 9, fracción XII del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, conforme a los cuales es atribución del Consejo funcionando en Pleno acordar, nombrar y remover a los servidores públicos del Poder Judicial.

“Si bien es cierto se materializa la notificación de ese Acuerdo del Consejo a través de un documento conocido como nombramiento y éste va firmado por la Presidenta del órgano colegiado, ello ocurre así, única y exclusivamente, porque tiene la representación de ese órgano de gobierno, más no porque tenga entre sus atribuciones esa facultad autónoma”, exponen en el oficio.