Este martes quedó legalmente extinto el IVAI; crean comité para la transición

A partir de este martes legalmente desaparece el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y para concretar la extinción, se crea la Comisión de Transición en materia de Transparencia que acordará y coordinará las acciones encaminadas a realizar una transición ordenada de las facultades, obligaciones, presupuestos, recursos materiales, tecnológicos, financieros, archivos y capital humano.

Al entrar en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se da un plazo de 30 días naturales a la referida Comisión para concretar el proceso de transición.

Deberá integrarse por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del IVAI que se encuentren en funciones y las personas titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado (CGE) y será presidida por la persona titular de esta última dependencia.



El Órgano Interno de Control del IVAI queda extinto y sus asuntos y procedimientos a su cargo, así como los expedientes y archivos, serán transferidos a la Contraloría General del Estado dentro de los próximos 20 días hábiles y serán tramitados y resueltos por dicho órgano conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio.

Además, los expedientes y archivos a cargo del Instituto serán transferidos a la Contraloría General del Estado dentro de los 20 días hábiles, y la Contraloría, dentro de los 30 días naturales, a partir de que se reciban los expedientes y archivos, podrá transferirlos a la autoridad correspondiente.

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes a los Reglamentos y demás disposiciones aplicables, dentro de los 90 días naturales, a fin de armonizarlos con la nueva Ley de Transparencia.



Asimismo, el Poder Judicial del Estado, el Poder Legislativo de la entidad, los organismos constitucionales autónomos y el Organismo Público Local Electoral, en un plazo máximo de 30 días naturales, deberán realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna. Y los municipios deberán cumplir con las obligaciones a su cargo en materia de transparencia y acceso a la información.