Exhiben a más notarios del Cártel Inmobiliario; de Ahued “depende poner orden”, urgen víctimas

Hay más víctimas del llamado “Cártel Inmobiliario”. Nueve familias de Zimpizahua, en Coatepec, podrían ser despojadas de sus propiedades a pesar de contar con escrituras, pagos de predial y toda su documentación en regla. Hoy viven bajo la amenaza real de perder sus terrenos y viviendas por órdenes derivadas de una jueza que ya validó escrituras apócrifas y permitió la adjudicación ilegal de casi nueve hectáreas, utilizando un juicio promovido sin notificar a los verdaderos dueños.

Las familias afectadas, entre ellos, Nilda Clara Enríquez Rodríguez, Francisco Martínez Hernández, César Augusto Martínez Hernández y Joaquín Alcántara Ceballos, además de la familia Suárez, entre otros propietarios, hicieron un llamado directo al titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para que detenga todas las irregularidades en las instituciones y dependencias a su cargo, ya que, derivado de ello, están a punto de perder sus propiedades.

Y es que recordaron que de la Secretaría de Gobierno dependen los notarios, el Registro Público de la Propiedad y Catastro Municipal, instituciones que —según denunciaron— habrían intervenido o permitido actos irregulares que hoy ponen en riesgo el patrimonio de al menos nueve propietarios. “Esperamos que el secretario Ahued nos reciba; de él depende poner orden en todo esto”, señalaron.



Los habitantes explicaron que a pesar de tener décadas con sus escrituras y documentación en orden, el conflicto comenzó cuando apareció una escritura de 1963, elaborada por el notario Rafael Luengas, la cual presenta múltiples inconsistencias, pero que aun así fue utilizada para promover el juicio 873/2023 en el Juzgado Segundo de Coatepec. Ninguno de los propietarios legítimos recibió notificación alguna. “Jamás nos avisaron, jamás fuimos llamados. No sabíamos que había un juicio donde prácticamente nos estaban quitando nuestras tierras”, dijo uno de los afectados.

Los documentos irregulares que dieron origen al conflicto adjudican las nueve hectáreas a dos personas: Ismael Ruiz Mestizo y Jorge Luis Osorio López, quienes aparecen como los nuevos propietarios en la escritura generada en rebeldía dentro del juicio 873/2023. A partir de esa adjudicación, ambos procedieron a dividir la supuesta copropiedad en tres fracciones y, posteriormente, a intentar venderlas mediante avisos preventivos inscritos en el Registro Público de la Propiedad, aun cuando existen propietarios legítimos con décadas de posesión y documentación inscrita.

Los afectados mencionaron también la intervención del notario José Alberto Polito Sánchez, titular de la Notaría Pública número 10 de Ayahualulco, en actos vinculados a esta operación, ya que es quien certifica todo el entramado. Derivado de la escritura que “apareció” de 1963, el ciudadano Guillermo Salvador Castro promovió la herencia de los terrenos y luego vende esa herencia a Ismael Ruiz Mestizo y Jorge Luis Osorio López. Pero Guillermo Salvador no apareció nunca, por lo que Ruiz Mestizo y Osorio López lo demandan y el caso se va “en rebeldía”.



La jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Miriam López Hernández, firmó la adjudicación para estos dos últimos mencionados, a pesar de que los documentos mantienen irregularidades y sin revisar la autenticidad de las escrituras de los propietarios.

Las nueve familias afectadas cuentan con escrituras válidas, contratos inscritos y prediales pagados durante años. Aun así, han observado un incremento de movimientos sospechosos en sus predios desde el 17 de octubre, cuando detectaron clareos, levantamientos topográficos y presencia reiterada de personal municipal. “Los vimos midiendo para intentar sacar nuevas cédulas catastrales a nombre de otros, cuando nuestras cédulas ya existen y están vigentes”, relató uno de ellos. También informaron que Catastro Municipal ha negado la emisión o renovación de cédulas a propietarios legítimos bajo el argumento de que “no se sabe de quién es el terreno”. A ello respondieron: “Claro que saben; para darnos nuestras cédulas anteriores tuvieron que recibir nuestras escrituras. ¿Ahora por qué dicen que no saben de quién es?”.

Los afectados advirtieron también el riesgo de que se repita un caso similar al desalojo de Las Ánimas, donde un juez ordenó retirar a una familia de su vivienda bajo argumentos legales controvertidos. “Esto nos puede pasar a nosotros. Que llegue un actuario, un camión de mudanza y nos digan: ‘entréguenos su terreno’. ¿De qué se trata?”, cuestionaron. Advirtieron que el problema no solo es local, sino que podría estar ocurriendo en distintas zonas del Estado. “Esto puede estar pasando en el norte, en el centro y en el sur de Veracruz. Por eso estamos aquí, porque mañana le puede pasar a cualquiera”, afirmaron.



También reiteraron que no están “litigando en medios”, sino alertando sobre una situación que consideran extremadamente delicada. “No somos abogados. Somos agricultores, trabajadores. No litigamos ni aquí ni en juzgados, para eso están nuestros abogados. Pero sí queremos que la gente conozca lo que está pasando, porque esto es grave”, mencionaron. Al insistir en la responsabilidad del titular de la SEGOB, agregaron: “Ahí dependen los notarios, ahí depende Catastro. Él tiene que meter orden. Que no expidan nada, que detengan todo mientras aclaramos esto. Si expiden una nueva cédula nos complican la vida para siempre”.

Finalmente, pidieron una investigación exhaustiva y sanciones para cualquiera que resulte involucrado. “Que se sancione o se cese del cargo a los responsables, sea notario, juez, empleado de Catastro, Registro Público, o incluso un alcalde si estuviera metido. ¿Dónde está la certeza jurídica de los veracruzanos?”, cuestionaron. Reiteraron que no permitirán que ninguna familia enfrente sola esta situación. “Que se enteren los pillos que pretenden quedarse con nuestras propiedades: no estamos solos. No está sola la señora Nilda. Aquí estamos todos juntos”, concluyeron.