Exhiben anomalías con licitaciones en Instituto Veracruzano de la Vivienda

Empresas locales acusan irregularidades en la licitación de obra pública en el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, concretamente en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) relativa a la construcción de 106 cuartos para dormitorio del programa “Calidad y Espacios para la Vivienda”.

Las obras se realizarán en las localidades de Papantla de Olarte, sin embargo, el fallo del organismo descentralizado de la SEDESOL favoreció a una empresa que cobra más de 362 mil pesos que otra que también participó en el concurso público.

Al respecto, el representante legal de la empresa Construcciones Amianto S.A. de C.V., Pedro Vidal Sequera, presentó una inconformidad en contra el acta de fallo de la licitación pública número LPE-211210050430100-6000-003-19 del pasado 5 de julio.



“Por causar una lesión en los derechos de mi representada, al determinar el desechamiento de nuestra propuesta, sin cumplir con el artículo 46 fracción I, II y V de la Ley número 825 de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado”.

Según el acta del fallo, en la resolución participó el gerente de Administración y Finanzas Rubisel Velázquez Castillo en representación del Instituto Veracruzano de la Vivienda, después de un “análisis cualitativo”, declarando ganadora a la empresa Comercializadora y Maxi Servicios Katianadel Puerto, S.A. de C.V. aunque sin dar detalles de todas las propuestas.



Así, según el fallo, INVIVIENDA entregó el proyecto a Katiana “por cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria, además de contar con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas (…), garantizando con ello las mejores condiciones de contratación para el Estado”.

Velázquez Castillo estuvo acompañado técnicamente por los arquitectos Daniel García Rosas, gerente de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda y la subgerente de Proyectos y Costos, Blanca Elia Portilla Hernández, de ahí que se advirtió que contra el fallo “no procederá recurso alguno”.

“Sin embargo, en caso de existir alguna inconformidad respecto de los actos celebrados que contravengan lo dispuesto por la Ley número 825 de Obras Públicas (…) deberán presentarla en el Instituto Veracruzano de la Vivienda, la cual será remitida para su conocimiento y seguimiento al Órgano Interno de Control de la SEDESOL, así como a la Contraloría General”.



En el concurso participaron otras 18 empresas, no obstante, para Construcciones Amianto S.A. de C.V al menos su propuesta fue desechada sin un sustento legal.

Para Vidal Sequera, según la citada Ley, el acta del fallo debe contener “la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplió”.

Añadió que las autoridades debían de haber presentado la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes y su descripción general, así como el nombre, cargo y firma del servidor público que emitió el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan la convocante.



“En el caso concreto del acta del fallo de la licitación, no deja en claro el motivo por el cual fue desechada la propuesta de mi representada, así como el motivo por el cual fue adjudicada al licitante Comercializadora y Maxiservicios Katiana del Puerto, la cual en el acto de apertura presenta un monto en su propuesta económica de 7 millones 728 mil 713 pesos, comparado con el monto de mi representada de 7 millones 366 mil 662.97 pesos, existiendo una diferencia de 362 mil 50.08 pesos”, expuso el defensor.

Detalló que la empresa Katania no agregó la copia de la certificación legal y financiera, como fue solicitado en las bases de la licitación, incumpliendo con la cláusula novena referente a las consideraciones para la adjudicación del contrato.

El representante legal de la Amianto concluyó que el Instituto Veracruzano de la Vivienda falló indebidamente a favor de la otra empresa, ya que no realizó la propuesta económica más baja y por lo tanto no resulta ser la más conveniente al interés público.