El Congreso del Estado recibió un exhorto del Congreso de la Unión para que determine, en el ámbito de sus atribuciones, la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgadas a la empresa brasileña
Odebrecht, S.A., sus filiales y subsidiarias.
Y en su caso, rescinda y se abstenga de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.
Cabe recordar que la empresa brasileña, junto con la empresa
Aguas de Barcelona, tiene la concesión por 30 años para operar el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz/Medellín de Bravo.
En el documento se insta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y a sus empresas subsidiarias y filiales; a los Gobiernos y congresos de las entidades federativas y a los Gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña
Odebrecht, S.A., sus filiales y subsidiarias.
El oficio fue recibido este martes en la correspondencia del día y se turnó a la Junta de Coordinación Política.
También se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por las que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad.
Se pide armonizar la legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género,y a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, como en el caso del estado de Chihuahua.