Extitular de IVAI, presa en Pacho Viejo, logra amparo; repetirán audiencia  

El auto de vinculación a proceso dictado en contra de la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, violó sus derechos humanos, por lo que deberá quedar sin efectos y dictarse una nueva resolución, así lo determinó un Juez de Amparo del Poder Judicial de la Federación.

En la sentencia del Juicio de Amparo 393/2020, emitida el pasado miércoles 24 de febrero del año en curso, la Jueza Primera de Distrito resolvió que el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control Gregorio Noriega Nolasco vulneró el derecho al acceso a la justicia de la exfuncionaria, pues sin fundar ni motivar su resolución, decidió someterla al proceso penal.

De acuerdo con la resolución, el juez de control Gregorio Noriega Velasco no habría expresado las razones por las cuales decidió vincularla a proceso el 1° de abril de 2020 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, sino que se limitó a enumerar las pruebas de la Fiscalía y señalar que eran suficientes para someterla a proceso, sin expresar las razones ni fundamentos de su decisión.



Ahora, el Juez de Control deberá emitir de forma fundada y motivada una nueva resolución en la que se respete el derecho al acceso a la justicia de Yolli “N”.

La exfuncionaria fue detenida el 26 de marzo de 2020, fecha en que terminó su periodo como Comisionada del IVAI, por la contratación de dos personas que presuntamente incumplían con los requisitos reglamentarios para desempeñar sus funciones dentro del organismo.

Cabe recordar que este es el segundo juicio que Yolli “N” gana ante instancias federales durante el 2021, pues dentro del Juicio de Amparo 415/2020, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado determinó que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva vulneró sus derechos humanos, al violentar los principios de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva.



Sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía, por lo que será un Tribunal colegiado quien confirme o modifique el sentido de la sentencia que obligaría a permitirle seguir su proceso en libertad.